A solo unos días de las elecciones generales del 26-J los partidos políticos queman sus últimos cartuchos con maniobras electorales que no siempre se ajustan a lo que se espera de una democracia avanzada y consolidada. Cualquier pequeño error o negligencia puede pagarse con los votos necesarios para formar gobierno y por eso hay que ser cuidadoso con lo que se hace o se dice en vísperas de las elecciones.
Solo hace un par de días, Pedro Sánchez recordaba que “en política no todo vale” tras ser acusado de racista por la difusión de un vídeo en las redes sociales en el que se observaba cómo se frotaba las manos tras saludar a unas personas de raza negra por la calle.
Ahora Rajoy no ha dudado en atribuir el escándalo de Jorge Fernández Díaz a una maniobra electoral tras pedir Sánchez, Iglesias y Rivera la dimisión inmediata del Ministro del Interior en funciones por las supuestas grabaciones en las que Fernández Díaz y Daniel de Alfonso, Jefe de la Oficina Catalana Antifraude, acordaban buscar casos de corrupción contra políticos catalanes de ERC y CDC. A Fernández Díaz tan solo le ha quedado defenderse señalando que acusarle de conspirar es toda una injuria, una calumnia y una estupidez.
No hay que ser un lince para advertir que esta noticia dada en la recta final de la campaña tiene una clara finalidad política y constituye una maniobra electoral. No parece tener mucho sentido que las grabaciones “segadas, descontextualizadas y editadas” de hace dos años hayan salido a la luz justo en esta semana, a pocos días de las elecciones.
Otra de las ingeniosas tretas electorales ha venido dada por Unidos Podemos al decidir sacar el referéndum de la negociación para intentar formar gobierno como quien saca un conejo de la chistera. Es cierto que la formación que lidera Pablo Iglesias sigue defendiendo la celebración de una consulta pactada, pero su intención es que el diálogo sobre el encaje territorial de Cataluña se desarrolle en paralelo, en una mesa que prosiga su trabajo si finalmente hay Gobierno. La dirección de Podemos ya ha manifestado su voluntad de que los interlocutores sean En Comú Podem —la alianza catalana impulsada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau— y el PSC, además del resto de las fuerzas políticas catalanas. El motivo de este inesperado y estratégico giro político obedece a que Iglesias quiere pactar a toda costa con el PSOE, deseoso de conseguir un Gobierno de coalición con fuerzas de izquierdas y radicales.
Una menos ingeniosa pero sucia treta electoral ha sido tratar de confundir al electorado con declaraciones que no se atienen a la verdad por parte de Podemos. Me ha resultado especialmente grave que Pablo Iglesias haya podido declarar en la SER que“la sentencia 42/2014 del propio Tribunal Constitucional emplazaba al Parlament de Cataluña y al Congreso de los Diputados a pactar una consulta”. Nada más lejos de eso. El fallo lo que hacía era anular la declaración de soberanía aprobada un año antes por el Parlamento catalán y emplazaba a los defensores del “derecho a decidir” a promover una reforma de la Constitución para intentar convertir esa “aspiración política” en un concepto legal. Con otras palabras: advertía que sí que era legítimo defender el “derecho a decidir” pero siempre que se hiciera dentro “un proceso ajustado a la legalidad constitucional” y no al margen de la Constitución.
Recordemos que la noche del 20 de Diciembre, Iglesias no dejó ninguna duda de que la solución del encaje territorial del Cataluña era condición indispensable para llegar a un acuerdo con el PSOE. De hecho, desde entonces, este tema ha supuesto la razón principal de que Pedro Sánchez se distanciara de la formación de Podemos. Cuando a finales de enero, tras la consulta con el Rey, propuso formar un Gobierno de coalición no olvidemos que incluyó un Ministerio de la Plurinacionalidad, sin abandonar en ningún momento la idea del referéndum. Finalmente, en abril, en los últimos intentos de acercamiento, la dirección de Podemos envió al comité negociador de los socialistas un documento que planteaba delegar la búsqueda de una solución en el PSC y En Comú Podem.
Queda claro que cuando Pedro Sánchez proclama que no va a vetar a ninguna fuerza del cambio, es obvio que implica que va a vetar al PP mientras que a Podemos lo mira con recelo por tratarse, cómo él dice, de un partido que manosea la socialdemocracia y resulta poco fiable, entre otras razones, por sus cambios de última hora.
Todo apunta a que ningún partido va a poder gobernar solo tras el 26 de Junio. Los estrategas de la política tendrán que hacer uso de sus recursos para evitar una fragmentación del parlamento que lo termine convirtiendo en un foro de diálogo inoperante en donde se lleve a gala, sobre todo por algunos, la incapacidad para negociar.