Los españoles despreciados

Artículo 14 de la vigente Constitución española: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Mentira, mentira, mentira.

Si algo nos han demostrado todos estos años de crisis es que los españoles no somos todos iguales ni ante la justicia ni ante Hacienda, dos verdugos implacables que miran el DNI a la hora de ejecutar. Sin embargo, ahí no queda la cosa. Cada vez que acudimos a las urnas, cada vez que se nos pide que ejerzamos nuestro derecho (y deber) de votar se nos está invitando a participar en una gran mentira: la ley electoral española.

Pocos inventos hay tan malévolos a mi juicio para la democracia como el ominoso sistema D´Hondt, esa herramienta que ha perpetuado el bipartidismo con la excusa de la proporcionalidad y, sin embargo, con el resultado del más absoluto desprecio por el voto público.

Cuando ayer Albert Rivera salió a hacer valoración de los resultados electorales, admitiendo la derrota por delante, también hizo mención a lo cruenta que había sido la ley para con su formación, Ciudadanos. Apenas nueve décimas de retroceso en votos se traducían en ocho diputados menos. O, dicho de otro modo, con el 26J llegaba la pérdida de casi una cuarta parte de su fuerza representativa en la Cámara Baja. Menos de un 1 por ciento de papeletas que le cuesta casi un 20 por ciento de asientos. ¿Es eso justo? Ni por asomo.

Pero ahí no queda la cosa. 284.848 españoles, más de un cuarto de millón para los que requieran de más empaque numérico, se debieron sentir ayer estafados por la ley de su propio país, por unas reglas del juego con las que PP y PSOE nos bailan el agua con promesas de cambiar durante meses de campaña y luego todo queda en humo y arena. Una enorme mentira articulada en torno a una ley que debería no mirar ninguna "razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Otro ejemplo: ese cuarto de millón de papeletas, que se tradujeron en cero asientos en el Congreso de los Diputados, es el número de votos que este 26J obtuvo PACMA, un partido en defensa de los derechos de los animales que elección tras elección gana en adeptos (64.000 respecto a diciembre, un 27 por ciento más) pero que el famoso D'Hondt, sistema bautizado así por su promotor, un jurista belga, insiste en apartar de la representación parlamentaria por su injusta proporcionalidad.

Por contra, Coalición Canaria, con 78.080 votos tiene un asiento; EH-Bildu, con 184.092, dos diputados; y PNV, con casi el mismo respaldo popular que PACMA, 286.215, cinco asientos. Es lamentable e indigno de una democracia de primer orden que un voto valga más que otro en función de donde se emita. Es hasta denunciable este trato discriminatorio.

Habrá quien se tome a coña aquello de que casi 300.000 'defiende setas' se hayan quedado a las puertas del Congreso con toda legitimidad. Supongo que serían los mismos que se rasgarían las vestiduras, acusarían a conspiraciones transnacionales, apelarían a códigos ancestrales y se inmolarían frente al Congreso si esos votos le hubiesen sido usurpados al PP o al PSOE.

No es serio. No puede ser que el soriano o el canario se sienta, y sea de hecho, más representado que un sevillano o un bilbaíno, porque eso es despreciar al electorado, trampear los resultados, deslegitimar nuestro sistema electoral y, en consecuencia, a todas aquellas decisiones que emanan del mismo.

Es imperativo un cambio en la legislación. La proporcionalidad no es sinónimo de representatividad, y las Cortes que salen de este pasado 26J no son el reflejo de lo que las urnas han decidido, de la voz del pueblo español. Hay que erradicar de una vez por todas a D'Hondt, que ha demostrado no servir más que para hacer más injusto el más importante de todos los procesos democráticos: el voto.