Quizás el mejor modo de evitar el choque sea el plantearlo como inevitable, aunque lo más cómodo es ignorar la gravedad de la situación, pensando que las medidas tomadas hasta ahora por el Estado (el Gobierno es el Estado, su cabeza directora y ejecutiva) harán mella alguna vez, esto es, serán efectivas, y el independentismo catalán reculará. Según este punto de vista, bastaría con proseguir la defensa jurisdiccional del orden constitucional, así se han anulado las declaraciones soberanistas del Parlamento y el derecho a decidir del pueblo catalán y se ha suspendido la resolución aprobando las conclusiones de la comisión de estudios sobre las leyes de desconexión. De acuerdo con este modo de ver las cosas, la virulencia separatista (empecemos llamando a las cosas por su nombre ), después de todo, fundamentalmente, es el fruto de la crisis, esto es, un modo de responder a las dificultades económicas de parte del electorado que en Cataluña pasa a apoyar a los partidos independentistas como manera de protestar; pero no deja de tratarse de una posición política coyuntural, de modo que cuando la situación mejore, las aguas volverán a su cauce. (Palabra que estoy formulando un planteamiento que no responde a una elucubración académica: un importante secretario de Estado de un ministerio económico del actual ejecutivo, me la espetó recientemente cuando le pregunté qué medidas políticas pensaba adoptar el Gobierno en relación con Cataluña; fue el modo de decirme lo que realmente pensaba, en el más tópico marianismo: nada). Esta idea optimista sobre la crisis suele apoyarse a veces en la capacidad atribuida al Gobierno para, a través de sus disposiciones monetarias, acabar por conducir a la cordura a los responsables de las finanzas de la Generalitat, impidiendo la cobertura de los dispendios de las aventuras independentistas. A mi juicio se trata de una tesis absurda que ignora que otra conducta del Gobierno central incrementaría el independentismo, y además que el default de la economía catalana acabaría arrastrando al conjunto nacional, que por tanto no puede dejar colgada a aquella.
A veces, y esta consideración la he oído formular sobre todo en Euskadi, que es de donde escribo hoy, se quita gravedad a la situación estableciendo paralelismos entre la actitud del Gobierno catalán y el Gobierno de Ibarretxe. Al final, como demostraría el episodio del Plan en sus distintas evoluciones, el Estado se impone: retrocede el gobierno territorial y aquí no ha pasado nada.
Bueno, este planteamiento merece que nos detengamos un momento. Hay dos cosas positivas en el establecimiento del paralelismo entre la crisis actual catalana y el episodio de Ibarretxe. Primero el reconocimiento de que en ambos supuestos nos encontramos ante un desafío constitucional, que fue advertido de inmediato y de forma unánime por la opinión solvente en el caso vasco; pero que tardó en llevarse a cabo en el caso catalán : voces tan importantes como equivocadas se esforzaron en mostrar viabilidad constitucional a unos propósitos, en relación con el ejercicio del llamado derecho a decidir, que por sus consecuencias deprimentes para la soberanía nacional debieron ser descalificados sin ambages desde un primer momento. El segundo elemento importante a considerar, es el reconocimiento del papel de defensor del ordenamiento constitucional que corresponde al TC. No hay actuaciones válidas en nuestro sistema jurídico, se trate de disposiciones (normas) o medidas concretas (resoluciones), ya tengan una procedencia estatal o territorial, si son declaradas inconstitucionales por el Tribunal que en el Estado de derecho tiene encomendada la protección de la Constitución.
Pero fuera de estas coincidencias, el caso catalán y el vasco tienen poco que ver. Las instituciones políticas vascas acataron la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC 103/2008) sobre el segundo plan de Ibarretxe, que, como se recordará, pretendía convocar un referendum para autorizar al Gobierno vasco a negociar la paz y establecer un nuevo orden de relaciones de Euskadi con el Estado (el primer Plan que transformaba el Estatuto de Gernika en un engendro confederal no fue ni aceptado a trámite en el Congreso). Por lo demás, las subsiguientes elecciones autonómicas no ofrecieron suficiente respaldo al candidato Juan José Ibarretxe, que honorablemente abandonaría, siendo sustituido por un líder que trataría de formular una política severamente correctora de los objetivos políticos del anterior lehendakari peneuvista. En el caso catalán con lo que nos hemos encontrado, prescindiendo de los avatares políticos, verdaderamente frustrantes por ambas partes, de las relaciones Gobierno central y Gobierno de la Generalitat, es con una actuación fraudulenta del gobierno del señor Mas convocando un simulacro de referendum, no obstante la prohibición ad hoc del TC; y después, la celebración de unas elecciones autonómicas presentadas como plebiscitarias cuyo resultado no se ha aceptado verdaderamente, pues a pesar de no obtener las fuerzas independentistas mayoría absoluta en las mismas, y por consiguiente perder el desafío de la prueba según la plantearon, el gobierno catalán pretende llevar a cabo un plan de ruptura con el orden constitucional y estatutario. Nadie ha podido convencer a las instituciones catalanas del dislate político de perseguir tal propósito con una mayoría parlamentaria que no les da ni para iniciar la reforma del estatuto; y del despropósito jurídico de insistir en la aprobación de normas y resoluciones, que son consecuencia de una asunción de la soberanía que el orden constitucional, según la autorizada voz de su garante, no puede admitir.
La crisis catalana tiene una extraordinaria gravedad que no se puede disimular. Si persiste la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional, la avería en el orden constitucional adquirirá la condición de sistémica y la intervención del Estado, una vez mostrada la insuficiencia a los intentos de acatamiento de las resoluciones singulares del Tribunal Constitucional, y respetado el principio de proporcionalidad y con todas las garantías del Estado de Derecho, será inevitable e inexorable. Los problemas son muchos: determinación del alcance exacto de la actuación del Estado, aunque su legitimidad no ofrezca dudas, pues en todas las formas federativas existen mecanismos de coacción o intervención, previendo los comportamientos graves contrarios a la lealtad federal o afectio comunis . Los riegos también son abundantes .Puede ocurrir, como ha ponderado Francesc Granell en un artículo irreprochable en La Vanguardia la semana pasada, que los catalanistas no secesionistas en el choque se hagan secesionistas y se sumen a los independentistas, incrementando así la desafección de Cataluña respecto de España. O puede ocurrir que en la situación de desgobierno y arbitrariedad se entiendan los argumentos del Estado para que, con toda firmeza pero con carácter extraordinario y apuntando precisamente al mantenimiento del Estado de derecho que no puede consentir una actuación anticonstitucional, llevada a cabo además sin intentar antes la reforma de la Norma Suprema, restablezca la normalidad institucional, recuperando el funcionamiento cabal del sistema autonómico.
Mejor haríamos todos en pensar que algo grave va a ocurrir en Cataluña; solo advirtiendo del peligro, sintiendo su vértigo premonitorio, podemos evitar que suceda lo que nadie sensato desea.
Si (
No(
