La democracia directa en estos años fue una propuesta que se generalizó en las democracias atlánticas. Las consultas populares aparecieron como el expediente político con el que se conseguían los grandes objetivos de los partidos o se corregían los anteriormente propuestos en sus programas electorales.
Así, Quebec plebiscitó su secesión de Canadá; Escocia hizo lo propio en relación con el Reino Unido; los socialistas españoles sometieron a referéndum su cambio estratégico con la OTAN; el Gobierno griego de Syriza ganó su plebiscito contrario a las reglas de la Unión Europeas (quesorprendentemente, después ignoró); el Reino Unido decidió salirse de la UE votando en una consulta que el estúpido premier Cameron innecesariamente convocó; el gobierno de populistas húngaros, aunque ha abierto otro boquete en la estructura europea, sin embargo no ha logrado su meta de que Hungría tenga una política migratoria contraria a los Derechos Humanos y a los principios fundacionales europeos. Y aunque este es el cuento de nunca acabar en el Viejo Continente, al otro lado del Atlántico, Colombia nos ofrece un ejemplo acabado de las consecuencias de esas consultas populares.
¿Por qué ahora, cuando la complejidad de los problemas que los Gobiernos deben afrontar y resolver son mucho más enrevesados que cuando se crearon las democracias representativas del siglo diecinueve, se vuelve a las prácticas de democracia directa que Benjamin Constant definió como propias de “los antiguos”?
Constant fue un republicano que defendió el gobierno parlamentario, propio de las monarquías constitucionales, no sólo porque la democracia directa, propia de los “antiguos”, era inútil en grandes Estados (que no eran las pequeñas repúblicas, tipo Ginebra o Venecia, etc, donde una minoría de sus ciudadanos, los más ricos y formados, votaban sobre asuntos simples, por ejemplo, el precio que tenía que venderse el pan, o si se iba a defender, sí o no, las fronteras en caso de invasión), sino porque esos Estados de democracia directa no toleraban que existiese pluralidad a la hora de adoptar decisiones políticas; y quien discrepaba era expulsado de la Ciudad, mediante el antiquísimo método del “ostracismo”.
En otras palabras, la democracia directa consideró incompatibles los derechos para la minoría discrepante, y esto significó que tampoco existieron los Derechos Humanos en esas democracias republicanas (regímenes, por otra parte, que sedujeron al Rousseau del “Contrato Social”), que lógicamente se dieron cuando hubo partidos políticos, a la vez que cuando el pluralismo ideológico fue respetado y no perseguido, y la democracia pasó a ser representativa, y los representantes electos ya no estuvieron sujetos al mandato imperativo.
La experiencia histórica de regímenes que se legitimaron con plebiscitos populares, como el nacional-socialista alemán (como el franquista y los demás que negaban los Derechos Humanos de los discrepantes), llevó a que Alemania, en su actual Constitución, restrinja al máximo las consultas populares, por su carácter incompatible con una democracia avanzada.
¿Por qué, entonces, las consultas populares aparecen como la mejor democracia posible en estos tiempos actuales?
Podría enumerar una larga serie de causas, pero ahora quiero destacar dos: primero, la dominación insoportable de los poderes económicos opacos, y segundo, la irrupción simultánea de la red informática como medio que pretende sustituir el debate político por esa nueva participación electrónica en la res-publica, que es la completa inversión del clásico compromiso democrático-republicano, ya que (también) la red fomenta una participación constante pero sin ninguna responsabilidad; y desde otro punto de vista, el ciudadano que leía para formarse un criterio político está siendo desplazado por un airado consumidor y contribuyente, que sólo escribe para censurar a sus representantes, de los que piensa son unos meros empleados de los amos del poder económico, unos viejos todopoderosos, que están encantados con que los jóvenes inexpertos no acierten nunca con los resortes del Estado, a la hora de poner límites a la anarquía institucionalizada que es el capitalismo globalizado de hoy.
Los cada vez más numerosos ciudadanos que encuentran en la red un desahogo a sus frustraciones con la cosa pública (res publica), ahora tienen la ilusión de que con la consulta popular consiguen que sus deseos se conviertan en realidades, incluso se materialicen en Derechos, y si no lo consiguen, es igual, se desahogarán seguidamente escribiendo unos pocos caracteres en la red.
Esta ilusión se vio en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos creyó que ganaba con el voto directo a su rival, el expresidente Uribe, contrario a los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. Ambos querían la paz, Santos pactando con los guerrilleros, Uribe hasta derrotarlos del todo. La consulta no era preceptiva ni necesaria. Santos la convocó por motivos electorales, legítimos, sin duda. De ahí el carácter precipitado, la falta de tiempo para un verdadero debate público, en otras palabras, se convocó la consulta como si fuese en la red, y por supuesto, con mucha publicidad y eventos espectaculares, como fue la reunión de personalidades mundiales, en la que estuvo nuestro Rey emérito.
Si mi gobierno hubiese pactado con ETA un indulto para los condenados por asesinatos, yo no me hubiera opuesto. El parlamento, después de un debate, decidiría por mayoría, aunque preferiblemente por consenso. ¿Pero si ese gobierno me pidiera el voto en una consulta para excarcelar a los asesinos de muchos amigos míos? Yo hubiera votado no, o habría votado en blanco.
Como tantos en Colombia. El error no fue el acuerdo de paz, sino someterlo innecesariamente a referéndum. Ahora, no existe un plan B: los que ganaron, porque no se lo esperaban, y los que perdieron, porque estaban convencidos por las encuestas de lo contrario. Esos son los prodigios de la democracia instantánea y directa.
Si (
No(
