Estas son las trampas que usó el pequeño Nicolás para aprobar la selectividad

El paso del pequeño Nicolás por la esfera judicial está sigue devolviéndole a los focos mediáticos como sujeto pasivo. Este jueves se ha publicado un informe elaborado por la comisión judicial que le sigue la pista en el que se señala que Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el ser humano que acoge al avatar que convulsionó al vida socio-política española hace un buen puñado de meses, hilvanó una discreta red de corruptelas para aprobar el examen de acceso a la universidad sin necesidad de estudiar. Como si de un entrenamiento en lo que a prácticas fraudulentas se tratara.

El texto que está ya en manos del juez Arturo Zamarriego, encargado de escudriñar en las andanzas del joven, narra cómo Nicolás falsificó su DNI, sobornó a un amigo para que se examinara en su nombre y llegó a usurpar la identidad del presidente del Grupo Pascual con el fin de ofrecer un trabajo a la hija del jefe de estudios de su instituto.

Con respecto a la treta realizada sobre el Documento Nacional de Identidad, Gómez Iglesias consiguió que en lugar de la foto de su cara se mostrara la del compañero al que había sobornado previamente. La operación dio sus frutos, pues el amigo corrompido sacó una nota de 8,25 (que en nada tenía que ver con la media de Nicolás en Bachillerato, que no superaba el 5,53), alzando la falsedad hasta la cima de las notas de su promoción entre los alumnos del instituto Ortega y Gasset. Según el informe elaborado por el comisario Marcelino Martín-Blas, el fraude le proporcionó el acceso al Colegio Universitario de Estudios Financieros, de la Complutense. Allí estudiaría hasta ser detenido en 2014.

Según el estudio, que evidencia la actuación en varios frentes del acusado -corrompió a un amigo, previno al resto de compañeros para conformar el grupo suplantador sin que resultase sospechoso y logró la cobertura de su jefe de estudio, que jugaba un rol principal en el engaño-, Nicolás habría incurrido en tres delitos. Se trataría de falsedad de documento oficial, falsedad de documento público y cohecho (por ofrecer a la hija del jefe de estudios un trabajo a cambio de su complicidad). En torno a 6.000 euros sitúan los investigadores el coste del tejemaneje.

Ahora, en 2017, incluso el amigo corrompido le ha delatado, señalándole como culpable de los delitos relacionados con la falsificación del DNI. Tomás Florencio Pascual, presidente del Grupo Pascual al que suplantó hasta que la empresa se dio cuenta (llegó a hacerse una cuenta de correo electrónico falsa para completar la toma de identidad ajena), declaró ante el juez su ignorancia de la trampa y de Nicolás. Por último, el jefe de estudios, sobre el que pesa la sospecha de haber concurrido en cohecho, terminó su relación con el farsante con el pretexto de ver sufrir a su hija, que nunca llegó a acceder al puesto prometido, hecho que "truncó un proyecto de vida". Así se abre otro capítulo de la biografía del personaje y de la persona que lo hospeda.