Si de lo que se trata es de hacerse una idea correcta del actual momento de la Unión Europea, en el sexagésimo aniversario de la firma del Tratado de Roma, hay que evitar trasladarle todos los problemas que tienen los componentes de la misma, pero que no son exactamente los suyos. Las instituciones europeas no se encuentran en situaciones tan críticas como las que están afrontando los estados que integran la Unión, que bien sea recientemente, como ha ocurrido en el Reino Unido con el Brexit u Holanda, o próximamente en los casos de Francia, Alemania o Italia han adoptado, o pueden hacerlo, decisiones dramáticas en relación con su vida política, así en las elecciones que se disponen a llevar a efecto.
La ejecutoria de la Unión Europea en estos tiempos manda, frente a lo que se percibe en los estados donde se ha de hacer frente a formidables riesgos, hablemos del populismo o el nacionalismo xenófobo, un mensaje bastante tranquilizador: una crisis económica a punto de resolverse, que ha sido gestionada según estándares de eficiencia considerable, y que sin duda hubiese resultado catastrófica si se hubiera abordado de forma separada y descoordinada en los escenarios particulares de los estados, aunque no falten reproches sobre la ortodoxia a ultranza de las medidas financieras more germanico o se cuestione la dureza con la que ha sido tratada Grecia. Parece también haberse incrementado la colaboración en seguridad, se trate de reaccionar frente a la amenaza terrorista o el crimen. La Unión ha sido capaz de acordar sanciones frente a Putin; ha intervenido asimismo en la consecución de un acuerdo sobre energía nuclear con Irán; y aparece como un contrapeso capaz frente a la política de Trump. Aunque los problemas territoriales del Estado español son evidentemente una cuestión política interna, ha de decirse que el mensaje que los separatistas reciben de las instituciones europeas es el de la desconfianza frente a actitudes desleales que pongan en riesgo la unidad de los estados y que infringen las reglas de la democracia constitucional.
Diría incluso que los europeos, en la actual situación internacional, están más convencidos que nunca de la conveniencia de la Unión: el modelo de convivencia europeo de libertad, respeto de los derechos humanos y solidaridad, al que corresponde un espacio económico homogéneo, como agente competitivo en el horizonte de la globalización, resulta de gran atractivo frente a otros modelos tenebrosos o directamente repelentes como son los que se ofrecen desde la América de Trump, la Rusia de Putin o diversos sistemas antiliberales como el turco de Erdogan o el socialismo-capitalista chino.
Lo señalado con anterioridad no abona la idea de que no hay nada que cambiar en la Unión, aunque sí que puede desecharse la tesis de que es el momento de dar un salto hacia delante y acometer la transformación radical de la organización hacia la forma perfecta federal. No hagamos caso entonces, por una vez, al fundador Monnet, cuando afirmaba categóricamente que Europa se forjará en las crisis y consistirá en el conjunto de soluciones que se adopten para solucionarlas. Brexit habría mostrado que es el tiempo de la restauración refleja o interna más que de la ampliación del edificio o la asunción de nuevos cometidos para la empresa europea. ¿Qué hacer entonces?
Primero, es el tiempo de la cultura europea, de profundizar en los valores de la Unión y de procurar su expansión o asunción más firme por los europeos. Hablamos de la libertad, de la democracia, de la tolerancia, y de la solidaridad. Estos días lo recordaba muy bien un editorial de The Guardian. El proyecto europeo, antes que obediente a una línea económica o estratégica, responde a la determinación moral de enterrar las rivalidades sangrientas y expiar por las persecuciones étnicas y religiosas. Este empeño se ha resuelto, sobre todo en términos de comparación histórica, de modo admirable. Sin embargo, se advierte, el éxito pasado no es garantía indiscutible de un futuro ilustrado y pacífico. El modelo europeo es el del estado social y democrático de derecho, cuyas fuentes ideológicas son socialdemócratas y cristianas. En este sentido han de señalarse dos retos innegables a abordar en congruencia con la cultura espiritual europea de la dignidad de la persona, que son la emigración y la solidaridad interna.
Segundo, la Unión necesita de una renovación institucional, que debe acometerse sobre los principios de la austeridad y la eficiencia. La austeridad podría llevar a eliminar algunos organismos costosos y cuya utilidad no ha quedado demostrada por la experiencia. Nos referimos al Comité de las regiones o al Consejo económico social. Siempre he creído que la actuación normativa de la Unión es en general razonable, y desde luego resiste con holgura la comparación con la llevada a efecto por los parlamentos y gobiernos nacionales. Lo que ocurre es que la Unión requiere, especialmente en situaciones de crisis, de la toma de decisiones que, por su importancia y necesidad de adopción de modo rápido, solo pueden correr a cargo del Consejo. El problema es el control sobre esas decisiones que malamente puede corresponder al Parlamento europeo. Se impone, entonces, un esfuerzo por asegurar la responsabilidad de los dirigentes europeos ante su propias opiniones públicas nacionales, reforzando el carácter intergubernamental de la Unión mediante el control en los parlamentos nacionales de los líderes respectivos por las decisiones adoptadas en el tablero europeo.
Tercero, es muy discutible como principio institucional, aunque no necesariamente como criterio funcional o de hecho, el de la desigualdad de los miembros de la Unión, de modo que esta actúe a varias velocidades o reconozca una estructura multinivel en su organización. Cierto que esta idea no es una ocurrencia de la Señora Merkel en la reciente cumbre de Malta, y que pueden señalarse precedentes a la misma desde hace mucho tiempo. Se trata de las fórmulas de la Europa de nivel variable o de un núcleo duro en la Unión y un ámbito periférico o secundario de la misma; y en el terreno institucional, en este sentido hay diferencias entre los componentes de la Unión, se trate de la asunción del euro o el espacio Schengen. Por otra parte un supuesto parecido es el que representan aquellos casos en los que en el seno de los órganos europeos se exigen mayorías reforzadas. Y cierto también que la adscripción a un determinado nivel de unidad europea se hace depender en todo caso de la voluntad de los diferentes estados.
Sin embargo, y a pesar de reconocer las ventajas de la fórmula en el punto de la flexibilidad, creo que desde la óptica de la igualdad europea esta medida no haría otra cosa que estimular la prepotencia o el sentimiento de inferioridad, lo mismo da, entre sus miembros. Ello ciertamente ataca frontalmente la base de igualdad de la Unión.
Por último, la respetabilidad de la Unión depende de que se tomen medidas efectivas contra la vulneración por alguno de sus miembros de los principios nucleares de su Constitución, incurriendo en conductas contrarias a los derechos fundamentales o las garantías democráticas de la misma. Consentir estas actuaciones, y me estoy refiriendo a procederes como los de los gobiernos de Hungría y Polonia, es inadmisible y supone atentar contra las bases espirituales del proyecto europeo.
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