Una generación endeudada

El breve período reformista del primer gobierno de Mariano Rajoy alumbró tres reformas de cierto calado. Una de ellas es la del sistema financiero. Acabó con las cajas de ahorro, una institución que, con contadas y notables excepciones, ha resultado ser muy dañina. Y obligó a las entidades a asumir las pérdidas que estaban latentes en sus balances, por lo que las entidades se sanearon y el sector recobró parte de su solvencia. Lo peor fue el uso del dinero público. Otra reforma ha sido la del mercado laboral, que primero frenó la destrucción de empleo y ahora está permitiendo una acelerada recuperación del mismo al compás del crecimiento económico. Y la tercera es la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

De las tres reformas, esta última es la más profunda. Por un lado, tiene un anclaje legal en la Constitución. Por otro, dota de mayores instrumentos al gobierno de la nación para tomar las riendas de las finanzas autonómicas. Y en un primer momento, cuanto más acuciante era la necesidad de controlar la precaria situación de la Hacienda, demostró su eficacia. Pero el ministro Montoro supeditó la necesidad de controlar el déficit a las exigencias políticas. Por esa causa, por la renuncia de Mariano Rajoy de atajar con seriedad el déficit, y por los costes para todos de las ayudas a la banca, la deuda del Reino ha alcanzado la producción anual. Hemos alcanzado un nivel de deuda que compromete el futuro económico de la nación, y que sólo se corregirá con mucho esfuerzo realizado durante mucho tiempo.

De hecho, según un informe publicado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, no alcanzaremos el objetivo de deuda del 60 por ciento del PIB hasta 2037, dentro de veinte años. Ese baremo está unido al Tratado de Maastricht, a las reformas de la gobernanza del euro (el paquete de los seis y el semestre europeo), y el Tratado sobre la Estabilidad, la Cooperación y la Gobernanza, cuyo desarrollo es nuestra Ley de Estabilidad. Y ésta prevé que España reduzca la deuda por debajo del 60 por ciento en 2020. El Gobierno no ha asumido como propio ese objetivo, ha despreciado la Ley Orgánica, y ha comprometido el futuro del país. Lo pagaremos durante una generación.