¿A quién compete la educación?

Es inherente al ser humano la individualidad, su singularidad de carácter, la libertad como posibilidad de elegir ideología, creencias, gustos, modos de pensamiento, costumbres y valores morales. Esta diversidad, que entraña el género humano, se fragua en el proceso de socialización, tan abierto como la interacción social.

La influencia de los padres es mayor, por el vínculo afectivo. Hay una dependencia mutua entre padres e hijos y, además, el hijo, en rol de educando, confía plenamente en la sabiduría y ascendencia de sus padres, en su autoridad, que los legitima como mentores y guías del proceso.

A su vez, los padres tienen el deber sagrado de educar a sus hijos, formarlos, garantizar el desarrollo de sus aptitudes y la adquisición de las competencias necesarias para que puedan cumplir con sus obligaciones de adultos.

Si cada ser humano es distinto a sus semejantes, se debe a las diferencias del proceso de socialización, que incardina ideales, aspiraciones, mitos, rituales y prácticas peculiares de cada civilización, de cada cultura, de cada estrato social y de cada familia, que la persona hace propios y les otorga su sesgo personal.

La injerencia del Estado en el papel educador de la familia es ideológica e invasora, por supuesto, porque el Estado sólo confía en la bondad de lo que hacen sus funcionarios, sujetos al protocolo. Luego, durante la etapa escolar, resulta disfuncional, porque contraría el principio de individuación, imponiendo un modelo único, un credo único y una verdad única. Y, por último, redunda en estrepitoso fracaso, porque, a efectos educativos, el Estado sólo tiene potestad y carece de autoridad: es un ente abstracto, capaz de imponer obediencia, pero incompetente para facilitar adhesión. Es decir, es una máquina de producir contra-dependencia, como ha ocurrido en los países, ahora, ex comunistas.

Hoy, un adolescente puede llevar ante el juez a sus padres porque éstos le hayan retirado el teléfono portátil, que han pagado ellos, por entender que ese chisme distrae a su hijo de cumplir con su deber. El problema es que, con la Ley en la mano, el juez tiene que dar audiencia pública al denunciante del hecho. Su fallo será tan subjetivo e ideológico como cualquier otro y, aleatoriamente, acertado o erróneo, según sean las dotes persuasivas de los letrados; pero, en todo caso, indebido por improcedente.

El juez que juzga a un padre, tras la acusación de su hijo, deja huérfano al hijo, incluso cuando su fallo sea absolutorio para el padre. Cuando el educador pierde, el educando pierde también. Y, en este caso, los padres pierden su autoridad, sea acertada, sea equivocada en sus procedimientos pedagógicos. Ante el hijo, la ascendencia de sus padres queda en suspenso, al verse obligada a hacer el escandallo de su proceder y tener que justificar, públicamente, sus pretensiones.

La autoridad (de autor, de authentés), puesta en entredicho, se desvanece. El juez ejerce la potestad legítima que le ha otorgado el legislador y, mal que le pese, mata la autoridad paterna. En consecuencia, el educando sale del juicio sin guía, ni referente, sin confianza recuperable, huérfano de sus padres vivos, más belicoso, y condenado a soportar a unos proveedores de los que depende.

Con ese triunfo, como antecedente, ya tenemos otro violento psicopático en ciernes, que cuajará más adelante en el tiempo, ya que ha aprendido que su voluntad es ley, no tiene límites y es capaz de imponerse a sus propios padres o, al menos, humillarlos.

Ciertamente, hay padres psicopáticos, que abandonan a su bebé en casa para irse a la discoteca: carecen de límites a su propio narcisismo y no tienen valores como la generosidad, la compasión, la empatía, el sacrificio y el esfuerzo. Y habrá que indagar si la madre secreta oxitocina (es un estrógeno). Pero, el juez, en representación del Estado, les retira la patria potestad, se incauta del bebé y los mete en prisión.

La cárcel es un castigo no educador, meramente punitivo y, como tal, generador de rabia y desfondamiento. Le ocurre como a los antiguos hospitales psiquiátricos, que no sólo no curaban, sino que eran iatrogénicos.

En este caso, la solución judicial tampoco es educadora, sólo coherente con el proceder agresivo, tradicional del Estado, y desafortunada, en primer lugar, para el bebé que queda desapegado traumáticamente y en manos de funcionarios, o de padres adoptivos, y no podrá vincularse emocionalmente, de forma adecuada; en segundo lugar, para los padres, por miserables que estos nos parezcan, cuya irresponsabilidad queda al pairo, sin integrar experiencia y disponible para un nuevo episodio posterior, cargado de resentimiento.

“La ley es innecesaria para el hombre educado”, dice Platón en la República. No obstante, 2400 años después, la profusión de leyes es aparatosa: Inglaterra, por el Brexit, ha de modificar 1200 leyes europeas (¡…!). Nosotros hemos de agregar los productos de San Jerónimo y los de otras 17 fábricas.

La buena educación, de e-ducere, consiste en sacar el potencial que alberga el educando, conocer sus recursos, ponerles nombre y alentar su desarrollo, para que el propio educando aproveche el proceso de formación en fortalecer sus facultades, determinar criterio propio y entrenar, para el futuro, su capacidad de enjuiciamiento. Tarea imposible para el Estado; lo arruinaría.