Salvar al Presidente Berlusconi

El nuevo clima, el diálogo constructivo entre mayoría y oposición, el intento de operar conjuntamente en el interés del país han durado apenas un mes. La “luna de miel” se ha acabado antes de realizar las reformas que el país necesita. Las últimas actuaciones de Silvio Berlusconi han irritado al Presidente de la República Napolitano y escandalizado a la oposición: todo culpa de la reciente ofensiva contra jueces y fiscales, provocada al presentar unos decretos finalizado a bloquear los procesos en que el Presidente del gobierno italiano está imputado.

La norma, un novedosa idea, representa un fantasioso artificio: en primer lugar se paralizan durante un año los procesos por los delitos cometidos antes de 2002 “que se encuentren en una fase comprendida entre la audiencia preliminar y el juicio oral” (como en el caso Mills, donde Berlusconi está acusado de corrupción); en segundo lugar, se priorizan los delitos con penas superiores a los 10 años y a cadena perpetua. Las nuevas leyes procurarán la suspensión de decenas de acciones judiciales, provocando una sustancial alteración del principio de la “obligatoriedad de la acción penal”. Además el gobierno parece intencionado a presentar una versión “mejorada y correcta” de la ley ya declarada inconstitucional en 2004 (llamada “lodo Schifani”) que impedirá juzgar a las cinco más altas autoridades del Estado durante sus mandatos. Frente a las críticas de la oposición y de parte de la opinión pública, il cavaliere, ofendido, ha declarado que los decretos son “pensados por el bien de la colectividad” y “agilizar la acción de la Magistratura”. Sin embargo, si la decisión fuera tomada de verdad para “quitar trabajo” a lo juez, ¿por qué ha elegido la fecha de 2002 y no de 2003?

Mientras el Senado aprobaba esta nueva ley que permitirá a Berlusconi eludir la Justicia, la oposición ha dejado el Parlamento, asumiendo una actitud análoga a los diputados opositores del régimen fascista de Mussolini (Secesión Aventina), aumentando los rumores que se trataría de una “dictadura moderna”. Las medidas para “congelar los juicios” han provocado la reacción de la oposición que bajo el lema de “impunidad para el primer Ministro, tolerancia cero para los demás”, le acusan de haber proyectado una nueva “ley ad personam”, tachándola de ser “salva-premier”. A pesar de las premisas y promesas, el gobierno Berlusconi ya parece haber asumido una actitud arrogante, poniendo fin a un dialogo tanto breve como poco productivo. Sin embargo, considerando la situación del país y sus dificultades, el diálogo debe seguir sobre las reformas institucionales y constitucionales. Los problemas del país no se solucionan con humor, sino con reformas.