En la Vida de Lúculo, Plutarco cuenta una historia que ha estado vigente hasta ahora:
“Tigranes, al primero que le anunció la venida de Lúculo, en lugar de mostrársele contento, le cortó la cabeza, con lo que ninguno otro volvió a hablarle palabra, sino que permaneció en la mayor ignorancia, quemándose ya en el fuego enemigo, y no escuchando sino el lenguaje de la lisonja, que le decía que aún se mostraría Lúculo insigne general si aguardaba en Éfeso a Tigranes y no daba a huir inmediatamente del Asia, al ver tantos millares de hombres”.
Desde entonces, el mundo está lleno de Tigranes que asesinan a los portadores de malas noticias. De nueva cuenta, como desde hace treinta y tres años, México se estremeció con el asesinato a sangre fría en Sinaloa de un periodista que había estado denunciando las perversidades del narcotráfico pero sobre todo las complicidades con el poder político.
En 1984 el periodista político Manuel Buendía, columnista del periódico Excelsior, había comenzado a publicar en mayo las primeras denuncias sobre el avance del narcotráfico en el sureste de México y se disponía a revelar nombres de funcionarios, políticos y policías que estaban protegiendo a los traficantes; el 30 de mayo fue sorprendido por detrás por un sicario y murió de disparos a quemarropa. Como responsable del asesinato fue encarcelado el que era en ese entonces director de la Federal de Seguridad, la policía política del Estado, pero sin incriminar a ningún otro funcionario. Buendía había revelado la identidad de dos jefes de la estación de la CIA en México.
El pasado lunes 15 de mayo el periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas, de la revista Riodoce, fue asesinado con doce disparos por dos sicarios en el centro urbano de la ciudad de Culiacán, capital de Sinaloa, y sede el conocido cártel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, dos veces fugado y ahora preso y juzgado en los EE.UU. Además de libros de periodismo literario sobre el narco, escribía una columna de denuncia en Riodoce y ahí había comenzado a exigir cuentas de jefes policiacos de gobiernos estatales presuntamente vinculados al narcotráfico.
Entre Buendía y Valdez transcurrieron treinta y tres años en los que el crimen organizado ha ido dominando la vida mexicana, ante la ineficacia del Estado, la debilidad de gobiernos y la complicidad de estructuras institucionales. Sin apoyo político y de gobierno, ningún cártel criminal puede florecer. Hoy existen más de veinte grandes cárteles en México y cientos de pequeñas bandas de sicarios desperdigados operando por su cuenta. La última encuesta de percepción social de inseguridad señala temores en más del 80% de los mexicanos.
Los asesinatos de periodistas --casi 170 en quince años-- son apenas una referencia cuantitativa de un problema mayor: la incapacidad del Estado, del gobierno federal y de gobiernos estatales y municipales para combatir el flagelo del narcotráfico. El punto mayor de la crisis de seguridad se observa no tanto en los asesinatos de periodistas sino en las evidencias de que cárteles del crimen organizado dominan espacios territoriales de la soberanía del Estado y han llegado a convertirse en un Estado paralelo en importantes partes de la república asumiendo funciones de gobierno.
El tema de las agresiones contra periodistas es apenas representativo de una crisis de organización y legitimidad del Estado. Periodistas han sido asesinados, secuestrados, desaparecidos y agredidos por sus denuncias contra el crimen organizado pero también y con la misma intensidad por sus revelaciones de complicidades de funcionarios del Estado en todos sus niveles con las bandas criminales. Los periodistas publican esas malas noticias y son ajusticiados en el modelo de Tigranes.
Las respuestas gubernamentales a las exigencias de periodistas de garantías para laborar en sus tareas informativas han sido reactivas y en situaciones a posteriori; es decir, no van más allá de proporcionar escoltas a los periodistas, entregarles chalecos antibalas y sugerir cambiar de temas en sus textos. Sin embargo, la fiscalía especial para agresiones a periodistas de la Procuraduría de la Nación apenas ha desahogado el 2% de denuncias. La conclusión no es difícil de hallar: la impunidad del crimen está asociada a la complicidad del poder, siguiendo el método analítico de Leonardo Sciascia en la Italia mafiosa.
Las agresiones a periodistas en México como parte de la crisis de seguridad es apenas la punta del iceberg de un problema mayor: en el mejor de los casos, de la incapacidad de las instituciones de gobierno y de Estado para combatir al crimen organizado; en el peor de las circunstancias, evidencias de complicidad de policías, funcionarios y políticos con el crimen organizado. Los datos están a la vista: gobernadores, legisladores, jefes policiacos y policía han sido atrapados colaborando con los cárteles del crimen organizado. En síntesis, la gangsterización del Estado.
Los gobiernos panista de Felipe Calderón (2006-2012) y priísta Enrique Peña (2012-2018) han aumentado arrestos de grandes capos, pero han visto crecer la violencia criminal de cárteles atomizados. Las agresiones contra periodistas sólo ilustran el eslabón más débil de la cadena: cuando son los mensajeros que portan las malas noticias de los fracasos del Estado en su lucha contra el crimen organizado.
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