Entre Congreso, Senado y parlamentos autonómicos hay en España actualmente más de 30 comisiones de investigación constituidas. Y a buen seguro, ninguna de ellas llegará a buen puerto, con independencia tanto de sus integrantes como de los asuntos que supuestamente “investigan”.
Sirvan como ejemplo la que estos días aborda en la Cámara baja la financiación irregular del PP y la “contracomisión” auspiciada por los populares en la Cámara alta -allí tienen mayoría absoluta- para fiscalizar al resto de partidos. Ni una ni otra van a aclarar aspecto alguno de las presuntas corruptelas que pretenden desentrañar, por dos razones fundamentales: por un lado, casos como Gürtel se hallan todavía en fase de instrucción, por lo que tocar cuestiones relativas a este ámbito sería interferir en la labor de la justicia.
Por otro, el único interés de todos los partidos, sin excepción, no es la búsqueda de la verdad sino la erosión del resto. Las comisiones de investigación, lejos de servir para su finalidad inicial, se han convertido en armas arrojadizas para ajustar cuentas políticas. Y todo parece indicar que así seguirá siendo.
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