El resultado favorable al brexit en un referéndum que el expremier bitánico David Cameron nunca debió convocar, ocasionó un auténtico tsumani en Reino Unido y en Europa. No obstante, una vez pasado el impacto inicial, la Unión Europea (UE) reaccionó de manera adecuada para que sus consecuencias, inevitables, afectaran lo menos posible a los europeos, y a los propios británicos, pues muchos de ellos son contrarios a la salida de su país de la UE. En un asunto de calado tan amplio y complejo, era muy previsible que las negociaciones para la ruptura fueran muy laboriosas. Algo que se está cumpliendo en este divorcio tan tormentoso entre Reino Unido y sus antiguos socios de la UE.
Transcurrido más de un año desde el referéndum, las negociaciones están estancadas, sobre todo en cuanto a puntos especialmente espinosos como la factura del divorcio, la frontera con Irlanda y los derechos de los inmigrantes europeos en el Reino Unido. Y a resolver el estancamiento no contribuye precisamente la postura británica que desde el principio no facilitó las cosas, y en muchos momentos ha caído en contradicciones.
Ahora, el secretario de Exteriores británico, Boris Johnson, ha admitido que el Reino Unido tendrá que pagar por el brexit, subrayando que su país “cumple las leyes y paga sus cuentas”. No pensaba lo mismo, sin embargo, el propio Boris Johnson hace escasos meses cuando no solo acusó a la UE de extorsión por exigirles el pago sino que dijo que en Bruselas podía “esperar sentados”.
Bien están las últimas declaraciones de Johnson, aunque la cuestión de la factura continúa en el aire, pues para empezar ni se han puesto de acuerdo en la cifra, donde, naturalmente, existen muchas diferencias. Es preciso, sin embargo, que se avance en las negociaciones. Las reuniones previstas para la próxima semana es una ocasión que ha de aprovecharse.
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