El secretario judicial ha logrado finalmente entrar en la empresa de mensajería Unipost de Terrassa (Barcelona) tras varias horas de tensión en la calle, donde un centenar de manifestantes trataban de impedir la entrada de la comitiva judicial. Allí, la Guardia Civil había intervenido sobres que podrían contener tarjetas censales para el 1-O.
El secretario judicial ha logrado finalmente entrar en la empresa, cubierto con un pasamontañas, después de que los Mossos d'Esquadra se llevaran en volandas a una treintena de jóvenes que, sentados en la calle, trataban de impedir el paso de la comitiva judicial y gritaban consignas a favor del referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.
Los Mossos han despejado el extremo norte de la calle, donde había menos manifestantes ya que el grueso se encontraba frente a la entrada principal de la empresa.
El juez de guardia de Terrassa (Barcelona) ha autorizado a la Guardia Civil a intervenir los sobres, con logotipo de la Generalidad, que se han localizado en el registro de la empresa Unipost de la población para comprobar si, como se sospecha, contienen tarjetas censales. La Guardia Civil habría intervenido así más de 45.000 certificados de notificación cerrados, dispuestos por ciudades y poblaciones de Cataluña, que iban a ser remitidos a ciudadanos para el montaje de las mesas del referéndum del 1 de octubre. Según ha informado el Ministerio del Interior en una nota de prensa remitida a Efe, el número de certificados incautados podría suponer el 80 por ciento de las comunicaciones necesarias para cubrir las mesas electorales.
La Fiscalía, por su parte, volvió a convocar este martes al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y a los mandos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Guardia Urbana de Barcelona para coordinar las actuaciones de cara al referéndum del 1 de octubre.
En los últimos días, la Fiscalía General del Estado ha dictado sendas instrucciones en las que ordena, por un lado, a los Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil, y a las policías locales, por otro, que investiguen cualquier actuación encaminada a organizar el referéndum e intervengan material destinado a preparar la consulta.
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