Cuando el miércoles Rajoy anunció que ponía en marcha el mecanismo del artículo 155 con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, la inmensa mayoría de España respiró aliviada. Muchos debieron creer que se había desactivado el golpe del secesionismo y el optimismo se prolongó hasta el 12 de octubre. El día de la Fiesta Nacional se celebró en medio de una euforia patriótica sin precedentes, con el Paseo de la Castellana de Madrid abarrotado de un público entusiasta que ondeaba banderas españolas para ovacionar al Rey, a la Policía, a la Guardia Civil y al Ejército. Todos parecían cantar victoria.
Más que el artículo en sí, la buena noticia fue comprobar que Rajoy, en lugar de parapetarse tras las togas de los tribunales, emprendía la ofensiva definitiva para derrotar a Puigdemont y sus secuaces. El 155 no es más que la última bala del Gobierno para frenar con ciertas garantías el desafío secesionista. Pero su aplicación es compleja y el camino que conduce a la meta se asemeja a un campo de minas. No es el bálsamo de Fierabrás.
La clave del artículo de marras reside en una frase:” el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”. La Constitución, así, permite al Ejecutivo sustituir a Puigdemont y al Govern en pleno, suspender el Parlamento catalán y convocar elecciones, el control de los Mossos y, desde luego, de la TV3. Sin estas cuatro medidas, el artículo 155 no sirve para desbaratar el golpe secesionista.
Pero resulta necesario aplicarlo sin miedo, sin contemplaciones. Los secesionistas no van a abandonar dócilmente la Generalidad, ni el Parlamento y mucho menos la televisión que ha manipulado y engañado desde hace décadas a media Cataluña. Será necesario recurrir a las fuerzas de seguridad, detener a los insurgentes e intentar controlar la rebelión popular de la CUP y compañía que a buen seguro tomarán las calles extendiendo la violencia por todos los rincones. Ya han anunciado movilizaciones.
De nuevo, los separatistas lo tienen todo preparado. Van un paso por delante. Las hordas de la CUP y demás secuaces intentarán impedir que se detenga a los rebeldes o que se desalojen los edificios institucionales. Aplicar el 155 va a requerir la valentía del Estado, la unión de los partidos constitucionalistas para hacer cumplir la ley y enfrentarse a una guerrilla urbana dispuesta a todo.
Y en el supuesto de que se superara esa primera fase, si se convocaran elecciones autonómicas, única salida al atolladero, el escenario será el mismo que el 1 de octubre; pero al revés. Los partidos separatistas boicotearán los comicios y las fuerzas de seguridad tendrán que forzar la apertura de los colegios electorales que amanecerán precintados y tomados por cientos de miles de activistas. De nuevo, habrá que recurrir a la Policía y a la Guardia Civil y, de nuevo, las cargas policiales serán inevitables.
Sin duda, ha sido un acierto activar, por fin, el mecanismo del artículo 155. Pero no hay que soñar. Solo es un primer paso para iniciar el contraataque. Ahora toca pertrecharse, apretar los dientes y enfrentarse a un Ejército de fanáticos que no está dispuesto a recular. La maquinaria del Estado tiene capacidad de sobra para aplastarlo. Pero aún queda atravesar un extenso campo plagado de minas que dejará muchos heridos en el camino. Es lo más parecido a una guerra.
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