No hace falta ser jurista para comprender que el artículo 155, inspirado en la Constitución alemana, está pensado y redactado para intervenir una administración local (un Länder, o en el caso español una Autonomía) que ponga el riesgo el interés general o haya comprometido la legalidad constitucional, como es lo que ocurre en España por obra del Govern de Cataluña. Se trata, pues, de que el Gobierno del Estado arbitre las medidas necesarias en la Autonomía para restablecer la legalidad constitucional y estatutaria, ambas pisoteadas desde las bochornosas sesiones del Parlament del pasado 6 y 7 de septiembre pasado. Y, de ahí, in crescendo.
Para eso se reune hoy sábado el Consejo de Ministros. Pero, caben serias dudas de que la actitud del Gobierno y de los partidos constitucionalistas tengan esa intención y emprendan ese camino con decisión y firmeza. Da la impresión que el debatido artículo se quiere ir aplicando con toda parsimonia para seguir dando plazos a los golpistas. Y no es ni está pensado con tal propósito.
Independientemente, de lo que proponga hoy el Gobierno, causan estupefacción las declaraciones de algunos dirigentes socialistas, refrendadas por políticos del partido popular, de que la aplicación del artículo 155 se suspenderá si en Govern convoca elecciones autonómicas: O sea, nos vienen a decir que la cosa se arregla si los golpistas y muñidores electorales, técnicos en "pucherazo", convocan unas elecciones, que, con toda probabilidad, las presentarán como constituyentes de la nueva república catalana. Inaudito.