El pleno del Congreso somete este jueves a debate las dos enmiendas a la totalidad, una del PP y otra de Ciudadanos, que buscan ampliar los supuestos de aplicación de la prisión permanente revisable y que se endurezca el Código Penal. La polémica nace en que también está sobre la mesa una proposición del PNV que salió adelante con los votos de la mayoría de diputados y que pretende derogar esta polémica figura.

Los nacionalistas vascos defienden que es de “dudosa constitucionalidad”, que no es idónea ni proporcional, que no fue demandada por nadie y que su aplicación “erosiona” los principios de reinserción de los encarcelados. Hay que recordar que fue el partido de Albert Rivera el que ha desbloqueado la tramitación de esta propuesta.

Ahora, cinco meses después, solo el PP, el diputado de UPN y tres millones de personas a través de una recogida de firmas, han dejado claro su apoyo a la prisión permanente. Ha querido el destino que la campaña de la plataforma de familiares de víctimas de asesinatos, liderados por el padre de Diana Quer y el de Mariluz Cortés, haya coincidido, además, con la conmoción que ha provocado el caso de Gabriel Cruz, el pequeño hallado muerto en Níjar (Almería) después de 13 días desaparecido.

Juan Carlos Quer se ha mostrado decepcionado tras finalizar la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para intentar convencerlos de que no deroguen la prisión permanente, al afirmar que ninguno le ha ofrecido una alternativa a esta pena, cuya derogación "les costará muchos votos". Reclamó al PSOE, a Podemos y al PNV una "reflexión profunda" y que "no deroguen" la prisión permanente revisable "en caliente" antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre esta medida, que ya existe en la mayoría de los países de nuestro entorno.

El padre de Diana Quer se ha reunido con la formación vasca en representación de la plataforma ciudadana "No a la Derogación de la Prisión Permanente Revisable", que cuenta con casi tres millones de firmas, según sus datos, recogidas en apenas dos meses en apoyo a su reivindicación.

Los padres de estas menores y de otros niños asesinados pidieron a los partidos que no se enzarcen en una “batalla campal para captar votos” a costa de esta medida que apoya una mayoría. PP, UPN y Coalición Canaria les trasladaron su apoyo incondicional a la no derogación, al PSOE le pidieron que no se precipitara con su voto y que hiciera una reflexión serena y Ciudadanos les admitió que necesitaban “unos pocos votos más” para frenar su final.

Y es precisamente esto lo que persiguen las dos enmiendas a la totalidad que los diputados debatirán el jueves. La del PP propone que, lejos de eliminar del ordenamiento jurídico la medida, se amplíen los supuestos en los que se aplica. Hasta ahora, la norma se fija en ocho casos, como asesinatos múltiples, los perpetrados por terroristas, los crímenes a menores de 16 años o aquellos en los que el condenado, además de asesinar, haya violado a su víctima.

El PP defiende en su propuesta que se pueda castigar también a violadores en serie, a secuestradores que acaben con la vida del rehén, a quienes atenten contra infraestructuras clave, a aquellos que oculten el cadáver de una persona asesinada o no colaboren en su hallazgo, a condenados por abusos sexuales contra menores secuestrados, a los que causen incendios con peligro para la vida o el uso de elementos químicos o nucleares con resultado de muerte.

La de Ciudadanos, sin tocar los actuales supuestos de aplicación, propone dificultar el acceso al tercer grado penitenciario de los presos condenados con prisión permanente o por delitos de especial gravedad. Lo que plantea es que ninguno de estos condenados pueda acceder a este grado penitenciario hasta cumplir de forma efectiva veinte años de condena, el periodo de cumplimiento fijado ahora para los terroristas. Solicita también que los condenados a prisión permanente solo puedan tener permisos ordinarios de salida de la cárcel a partir de los quince años. A su juicio, es precisamente el acceso a beneficios penitenciarios "la laguna principal" del sistema penal, que permite que un condenado por varios asesinatos en serie, violaciones o pederastia salga de prisión con medidas de control, pero que permiten que pueda reincidir.

Oportunismo

Pero la política es la política y el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha pedido a los partidos de la oposición “responsabilidad” y que no apoyen la derogación de la prisión permanente revisable para casos especialmente “espeluznantes”. Ha añadido que en el PP no se entiende que algunos partidos quieran derogarla cuando, según las encuestas, un 80% de la sociedad está de acuerdo. Ha asegurado que no se trata solo de resarcir del daño a las víctimas, sino que lo que se pretende es “redundar en la seguridad ciudadana” para que este tipo de crímenes “más duros” no se vuelvan a repetir.

Por su parte, el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha culpado de forma implícita a Ciudadanos, así como al resto de partidos de la oposición, de la posibilidad de que la prisión permanente revisable sea derogada, porque fue el partido de Albert Rivera el que desbloqueó la tramitación de esta propuesta. Ha negado además que el PP sea oportunista porque han sido otras formaciones las que han devuelto el debate al Congreso al querer derogarla, y porque “son otros”, ha dicho, los que “cambian sus principios” en esta materia.

El PSOE ¿recula?

Aunque Casado ha desligado este debate del caso de Gabriel recordando que el PP no intenta sacar tajada política, ya que aprobó esta figura penal la pasada legislatura, han querido las circunstancias que así sea. De hecho, el PSOE sí ha visto en las últimas horas que su postura contraria a la prisión permanente revisable puede perjudicarle políticamente al no entenderse en la ciudadanía e, incluso, su propio electorado: “No hay un debate sobre la posición del PSOE, que está clara, pero sí es cierto que ahora es un debate inoportuno para nosotros”.

Por eso, ya han anunciado que preferirían esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional antes de atacar al PP en el Congreso. El problema es que la sentencia sigue pendiente tres años después del recurso que interpuso el propio PSOE y no se espera una respuesta en breve. La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles, ha pedido al PP retrasar el debate parlamentario sobre la derogación de la prisión permanente hasta que se pronuncie el Constitucional.

Al respecto, Ciudadanos ha pedido al PSOE que sea “coherente” con el recurso de inconstitucionalidad que presentó contra la prisión permanente revisable y “al menos” se abstenga en la votación de la enmienda a la totalidad que defenderá el partido naranja al proyecto del PNV para derogarla. Si sale adelante la enmienda de Ciudadanos se evitará la derogación de esta figura penal mientras el Tribunal Constitucional resuelve, ha explicado el secretario general de Cs, José Manuel Villegas.