Fomento se reunirá con Ryanair para tratar el cobro de equipaje de mano

La aerolínea Ryanair anunció la semana pasada que a partir de noviembre el equipaje de mano de hasta diez kilos, que hasta ahora era gratuito, tendrá un coste de entre ocho y diez euros. Una medida que desató duras críticas de las asociaciones de consumidores, que dudan de su legalidad y que ahora el Ministerio de Fomento desea tratar. Según ha informado su titular, José Luis Ábalos, éste se reunirá con la compañía para conocer sus intenciones y porque es responsabilidad del Gobierno "velar por el cumplimiento" de una cuestión que está regulada tanto a nivel europeo como por la propia legislación nacional.

El Ministerio de @Fomentogob se reunirá con Ryanair para conocer su intención de cobrar el equipaje de mano. Es una cuestión regulada tanto a nivel europeo como por la propia legislación nacional, por lo que debemos velar por su cumplimiento.

— Jose Luis Ábalos (@abalosmeco) 29 de agosto de 2018

Igualmente, Facua -organización que vela por los derechos de los consumidores- ha presentado este jueves una denuncia ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) contra Ryanair por esta misma medida.

La asociación ha anunciado que considera esta práctica abusiva y advierte de que genera "un grave perjuicio a los consumidores, vulnera sus derechos e incumple las condiciones básicas del contrato de transporte aéreo", según explica en un comunicado.

Ryanair cambiará su política de equipaje de mano a partir de noviembre: cobrará entre ocho y diez euros por las maletas de hasta diez kilos

Facua ha recordado que, según la Ley de Navegación Aérea, el transportista está obligado a transportar de forma gratuita en cabina, como equipaje de mano, los objetos y bultos que el viajero lleve consigo, y contempla como excepciones razones de seguridad, vinculadas al peso o al tamaño del objeto en relación con las características de la aeronave.

Además, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios recoge como cláusulas abusivas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos que se deriven del contrato.