La tarde del miércoles 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México, el ejército cercó la Plaza de las Tres Culturas situada en Tlatelolco, abarrotada por un mitin en el marco de un movimiento estudiantil de protesta antigobiernista, secundado por algunos sectores sociales. A una señal luminosa consistente en bengalas, comenzó un tiroteo sobre los manifestantes donde los militares, la policía cómplice, francotiradores a manera de paramilitares y miembros del Estado Mayor Presidencial adscrito al mismo ejército con órdenes distintas de aquel (en apariencia, solo eso) de disparar contra la población civil, se cebaron contra los asistentes. Un genocidio de civiles perpetrado por el gobierno priista mexicano a días de verificarse los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México, generando así, un quiebre en el devenir histórico del país. Si algún civil disparó primero, hoy se sabe que pinta para infiltrado.
Esa masacre merece ser llamada así en los libros de Historia, porque eso fue y eso es justo lo que el PRI ha intentado que no se diga así. Algo es verdad: se puede entender una política disuasiva, pero no el asesinato de los civiles en una plaza pública en medio de un mitin, tal como ocurrió. Poco importa si la CIA estaba detrás o si todo esto solo era la resultante de pungas entre priistas que aspiraban a la presidencia de México. Primero importan los muertos que no debieron suceder. ¿Fue solo un eco del convulso año 1968, que dejó tantas muestras por el mundo? ¿un escenario montado por las rivalidades propias de la Guerra Fría? ¿un reclamo interno desconectado de tales escenarios? Poco importa porque encima lo que queda son las cifras oficiales de afectados: 78 muertos, 31 desaparecidos, 186 lesionados, 1491 detenidos y como cifra tentativa, con la mezquindad de las autoridades priistas impunes que aplicaron leyes penales a modo, que tergiversaron los hechos en actas oficiales, adulteraron escenarios y pruebas, cerraron archivos y actuaron con absoluta impunidad ante medios de comunicación amordazados, mientras los protagonistas caían abatidos. Manchó el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz (1964-70).
La masacre perpetrada fue el culmen y la respuesta definitiva de un gobierno autoritario, de tintes autocráticos y simulada democracia confeccionada por el PRI –el partido gobernante y enteramente responsable de la matanza de Tlatelolco– que demostraba así su naturaleza. Así respondió a la exigencia ciudadana de democratización, no solo estudiantil, de diálogo y cambio de reglas en el régimen político imperante. Los defensores del PRI no sabían que argüir para justificarla: de llamar comunistas a aquellos asesinados a ser artífices de pretender que se detuvieran los Juegos Olímpicos para mancillar el nombre de México. Lo primero acusando a Cuba y a la URSS de desestabilizar México, cuando hay más pruebas que apuntan hacia Estados Unidos; lo segundo a mansalva de que el comité estudiantil de protesta había dejado claro que no perseguía tal impedimento, por no ser la razón de su lucha ni la solución a tal.
Cincuenta años después, en medio de remembranzas, iniciativas reclamantes de buscar el ser esclarecedoras del pasado y tratando de revertir la inoperancia de la justicia mexicana, el discurso priista oficial es de silencio –al menos hasta el momento en que deposito en Madrid esta entrega y si supiera de algo se lo aviso la semana entrante– que se calla vergonzante un posicionamiento en este cincuentenario, y consiguiendo nuevamente que aflore la participación ciudadana en este aniversario redondo que ha despertado nuevos debates, reclamantes de responsabilidades contra los todavía exfuncionarios vivos que ordenaron disparar.
Tlatelolco, cuyo nombre empieza con “T” como Tiananmén, es un nombre que enlodó de excremento imperecedero las siglas PRI y al ejército mexicano, sumando episodios de represión que contrastan en el caso del segundo con su disposición a ayudar en los desastres naturales. Una cosa no borra la otra. La intentona de declarar delitos prescritos, sembrando la duda y debate de si los hubo o no, se ha estrellado con la terca realidad de que son los delitos de lesa humanidad que no prescriben. No en tanto no se halle a los desaparecidos en cualesquiera circunstancias encontrados. El 68 nada envidia a los gorilatos militares sudamericanos de los setenta o al Franquismo tardío.
Consignas como “¡2 de octubre no se olvida!”, “ni perdón ni olvido, ¡Justicia!” o “¡Nunca más!” siguen siendo las que más retumban en una sociedad que al 68 debe la quiebra de las instituciones, el inicio de una debacle del PRI que en 2018, cincuenta años después, los mexicanos en un 76 % de los electores participantes de la elección del 1 de julio, otra vez echaron de la presidencia. Yo hago votos para que sea la definitiva, después del peor sexenio priista, el nauseabundamente corrupto e innegable de serlo, correspondiente a Enrique Peña Nieto. El 2 de octubre significa masacre de mexicanos, que lo expresamos libremente a despecho de las autoridades priistas, a las que enerva que así suceda.
Porque el 68 a despecho del PRI como partido responsable de encabezar un gobierno que ordenó disparar contra su pueblo –de allí el crimen– significa una toma de conciencia, un final de una tolerada condición hacia un régimen despótico priista que entre 2012 y 2018 regresó con esa mentalidad troglodita que lo caracteriza, esa que lo define como crédulo de ser la única voz y dueño de México. Nada menos la semana pasada daba muestras de su intolerancia y de su incapacidad estructural para articular nada merecedor de valorarse, algo tan típicamente priista, como que uno de sus vástagos, hijo de un expresidente priista, el secretario de Turismo Enrique de la Madrid Cordero, decía que una consulta popular sale sobrando. Para el PRI, secuestrador de los colores de la bandera nacional en su logotipo partidista, la democracia siempre sale sobrando, manifestando siempre su entero autoritarismo.
Sépase: el 68 significó represaliar a la población. No solo a los asesinados en Tlatelolco, sino efectuando una purga antiizquierda, cuyo contexto era el anticomunismo del expresidente Día Ordaz –en la nómina de la CIA como los expresidentes López Mateos y Echeverría– la del encarcelamiento, destierro, desaparición o asesinato de personas por razón de sus ideas, la proscripción de los partidos de izquierda por una década, acusados con incapacidad de responder de ser los culpables de la matanza, con un doble propósito: refrendar el autoritarismo del PRI y deshacerse de una insípida izquierda– y desde luego represalió cuanto opositor al régimen se puso enfrente. Apenas se ha logrado lavar el nombre de los caídos. El único nombre enlodado es el del PRI, que no hay manera de limpiarlo en esta causa. Los vivos responsables siguen impunes y los muertos como Díaz Ordaz, son los señalados y a veces.
El 68, como el 98 español, es un parteaguas, uno que detonó a la larga los movimientos sociales mexicanos modernos a la par de la “guerra sucia” en los años setenta combatiendo extraoficialmente guerrillas y que represalió a la izquierda, que está a punto de asumir el gobierno nacional el próximo 1 de diciembre y tiene la oportunidad histórica de llegar hasta las últimas consecuencias aún pendientes en la investigación y a responsabilizar a los directamente involucrados. No hacerlo sería una traición al pueblo de México y a la memoria de los asesinados por el gobierno priista mexicano.
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