Cabrera rebate a Zapatero al prever recortes en la Ley de Dependencia

La contradicción entre presidente y ministra es evidente: Zapatero dice que no va a recortar el presupuesto destinado a políticas sociales, y Cabrera admite que la crisis pone en peligro la aplicación de la Ley de Dependencia, programa estrella del partido socialista.

La ministra de Educación, Política Social y Deporte, ha sido muy clara y ha reconocido que, aunque su Departamento financiará el Sistema Nacional de Dependencia, la crisis podría influir en la puesta en marcha de este derecho. Sin embargo, Mercedes Cabrera ha señalado que sí se ha acordado con las comunidades autónomas el reparto de 241 millones de euros previstos para 2008 para financiar los servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia.

Por autonomías, Andalucía percibirá 42,2 millones de euros de esta financiación adicional; Aragón, 9,5 millones; Principado de Asturias (8 millones); Islas Baleares (4,8); Islas Canarias (9,1); Cantabria (3,6); Castilla y León (20,1); Castilla-La Mancha (13,5); Cataluña (39,3); Comunidad Valenciana (25,1); Extremadura (77,3); Galicia (20,9); Comunidad de Madrid (27,5); y Región de Murcia (6,8); La Rioja (2). Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla recibirán 285.988 y 260.266 euros, respectivamente.

2009: empiezan los problemas
El problema se presenta, como ha reconocido la propia ministra, en 2009, cuando el Ejecutivo que dirige José Luis Rodríguez Zapatero tendrá que “sacar” de los Presupuestos Generales del Estado los más de 979 millones de euros que prevé la Ley de Dependencia en su texto y que garantiza este servicio como un derecho de obligado cumplimiento.

Por todo esto, consejeros de distintas formaciones políticas (socialistas incluidos) han exigido a la responsable del Ministerio una financiación suficiente, sobre todo cuando todavía no se ha solventado la cuestión del copago (cantidad que debe abonar el propio dependiente de su bolsillo), con la idea de que en todas las comunidades se pague lo mismo por persona.

Las cuentas del Estado
El Gobierno tendrá que aportar de las arcas del Estado más de 12.638 millones de euros desde 2007 hasta 2015. El primer año fueron 400 millones, ascendiendo anualmente esta cifra hasta sumar 2.212 millones en 2015.

El dinero saldrá de los Presupuestos Generales del Estado, y, según se anunció, no se subirán los impuestos para cubrir este aspecto. Al respecto, las comunidades autónomas deberán aportar las mismas cantidades, aunque de momento cada una esté aportando partidas de sus presupuestos para este área según sus necesidades. En muchas regiones, este dinero es muy superior al que aporta el Estado. Además, según la ley, los usuarios sufragarán el 35% del total en función de su renta. Igualmente, si una familia puede pagar el 90% del coste de una residencia, así deberá hacerlo.

Falta de efectividad
La Ley de Dependencia entró en vigor en enero de 2007 pero el problema es su aplicación: no es efectiva. La ley marcó un calendario de ritmos que comenzaba en 2007 para personas valoradas con un Grado III de gran dependencia -niveles 2 y 1- y terminaba en 2013 con las personas valoradas con un Grado I de dependencia moderada, nivel 1.

Con los grandes dependientes, que son los más graves y en España hay cuantificados alrededor de 200.000, no se ha cumplido.