Varios periódicos han tenido el acierto de editorializar sobre la pretensión de los abogados defensores que pretenden la suspensión del juicio...
Varios periódicos han tenido el acierto de editorializar sobre la pretensión de los abogados defensores que pretenden la suspensión del juicio contra los políticos catalanes, presuntos autores de delitos de máxima relevancia. No se trata de una cuestión menor. Se está juzgando un intento de golpe de Estado y gravísimos delitos de rebelión, sedición y prevaricación. En un Estado de Derecho, con división efectiva de poderes, la acción política no puede engullirse a la Justicia que debe seguir su camino de forma independiente.
Los presuntos golpistas serán absueltos o condenados por el Tribunal Supremo. Lo que no se puede pretender es aplastar a la Justicia y sortearla con argumentos parvularios. Los encausados por delitos contra el Estado no se pueden librar de la acción de la Justicia. Ciertamente han sido elegidos diputados por la voluntad popular libremente expresada. España es una democracia pluralista plena. Y, precisamente por eso, el que la hace la paga. Buscar subterfugios para eludir a los jueces no es de recibo. En opinión de los más prestigiosos juristas de España, el juicio contra los presuntos golpistas deberá continuar con normalidad. El Tribunal Supremo dictará sentencia que será acatada por todos. También por el presidente del Gobierno que, en ningún caso, debe indultar, enmendando la plana a los jueces y magistrados y haciéndolo sin otro motivo real que el apoyo secesionista a que permanezca en el poder.
El juicio ante el Supremo está ya muy avanzado. Sin prisa, pero sin pausa, el alto Tribunal debe sentenciar, eludiendo demoras innecesarias. Cuanto antes se resuelva la situación, mejor para la estabilidad de España.
