Manejar la angustia tras una tragedia de la magnitud del naufragio del Villa de Pitanxo es delicado y el resentimiento de las familias se ha ido manifestando, al igual que el alivio al conocer que van a ir a un juicio que están "deseando" el capitán del congelador y dos directivos de la armadora.
Tras cuatro años de investigación, el juez ha acordado enviar a juicio al capitán del barco, Juan Enrique Padín, al administrador de Pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez, y al director de Flota, José Antonio Nores Ortega, como acusados de 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y uno de lesiones imprudentes en concurso ideal con otro contra los derechos de los trabajadores.
A los tres les requiere que depositen, en el plazo de un día, 44 millones de euros de fianza para garantizar las posibles responsabilidades económicas que se les pudiesen imponer en sentencia, y solicita a la responsable civil subsidiaria, Pesquerías Nores, la prestación de la misma cantidad de forma solidaria con los acusados, así como a la responsable civil, la aseguradora British Marine Luxembourg SA.
La portavoz de las víctimas, María José de Pazo, ha indicado a la prensa que la apertura de juicio oral por el accidente que ocurrió en Terranova el 15 de febrero de 2022 supone lo que buscaban, "avanzar en la dirección correcta".
"Estábamos deseando que nos lo notificasen, puesto que es una forma de avanzar hacia el juicio que todos deseamos", ha afirmado De Pazo, al representar a los que buscan verdad y no venganza. A falta de reunirse con sus abogados para analizar el contenido del auto emitido por el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, la representante confía en que esto sirva para "una sentencia justa". Por ahora, ha sostenido que con la llegada de este juicio "se cierra una etapa de mucha lucha".
Solo hubo tres supervivientes de una dotación de 24 hombres a bordo, y son Samuel Kwesi, marinero que tiene un tratamiento para poder dormir; Juan Padín, el capitán, y su sobrino, Eduardo Rial.
El Grupo Nores, propietario del arrastrero, siempre ha defendido que una parada repentina del motor principal habría dejado al barco sin propulsión ni gobierno, expuesto al viento y al oleaje; que esto habría ocurrido en plena maniobra de virada del aparejo y Padín no estaría en condiciones de controlar la situación posterior, la de los embates que escoraron y hundieron el pesquero de 50 metros de eslora.
A partir de ahora, precisamente las defensas tienen diez días para presentar sus escritos de calificación y proponer, en su caso, las pruebas oportunas de cara a un juicio que deberá señalar próximamente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
El Villa de Pitanxo zozobró a 250 millas del puerto de Saint John's y hubo más de una veintena de cadáveres: doce no aparecieron y el resto murieron por ahogamiento o hipotermia. Los otros tres fueron rescatados con vida en el interior de una de las balsas salvavidas.
La Fiscalía sostiene en su escrito de conclusiones provisionales que los acusados permitieron que la actividad se desarrollara en condiciones inseguras, con inobservancia de medidas preventivas y con un "grosero desprecio por la vida e integridad física de los tripulantes", lo que, según su relato, desembocó en este desenlace.
Entre los elementos que la fiscal reprocha figuran la sobrecarga del buque, en parte por tanques de combustible instalados sin autorización legal; la falta de medidas preventivas adecuadas; y deficiencias en las condiciones de abandono y salvamento.
El arrastrero, apunta la Fiscalía, operaba en una zona de intensa formación de hielo, algo expresamente prohibido en su Libro de Estabilidad por no contar con los cálculos y protecciones reglamentarias.
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