ERC, JxCat y la CUP utilizan el Parlament para apoyar a los CDR detenidos

El separatismo catalán vuelve a las andadas. Este jueves, los tres partidos secesionistas -ERC, JxCat y la CUP- se han alineado y solidarizado con los siete CDR encarcelados por terrorismo y han exigido al Gobierno que retire a la guardia Civil de Cataluña y que cese a Teresa Cunillera, la delegada del Gobierno en esa comunidad. Además, estas agrupaciones independentistas han fijado su estrategia frente a la inminente sentencia del procés, cuyas patas fundamentales serán tres: la autodeterminación, la desobediencia y la aministía para los presos. Pero lo peor de todo es que lo han hecho desde la más alta institución legislativa catalana: el Parlament.

Aprovechando su escueta mayoría de 65 diputados, los secesionistas han aprobado este jueves varias resoluciones parlamentarias en la segunda y última jornada del debate de política general. La primera de ellas, que ha salido adelante con los 65 votos a favor de JxCat, ERC y la CUP, ocho abstenciones de Catalunya en Comú Podem y 56 votos en contra de Ciudadanos, el PSC y el PPC, defiende "la retirada de Cataluña de los efectivos de la Guardia Civil", a quien acusan de ser una "policía política centrada en perseguir a determinados colectivos políticos y sociales". Asimismo, el texto aprobado reclama la "dimisión inmediata" de la delegada del Gobierno en Cataluña, la socialista Teresa Cunillera, por ser "manifiestamente incapaz de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía".

Por otra parte, el Parlament ha aprobado este jueves otra resolución impulsada, ignorada y rechazada por los mismos protagonistas, en la que se definen las líneas generales de la "respuesta institucional a la sentencia del 'procés'", cuyos pilares fundamentales son dos: ejercer el "derecho a la autodeterminación" y reclamar una "amnistía" si hay condenas.

En concreto, con esta resolución, el Parlament se compromete a que, si la sentencia del Tribunal Supremo es condenatoria, buscará "soluciones para conseguir la libertad" de los condenados "a través de la aplicación de una amnistía".

Además, el Parlament "se conjura para liderar una respuesta institucional a la sentencia basada en el respeto, garantía y defensa de los derechos fundamentales civiles y políticos, las libertades, y el ejercicio del derecho a la autodeterminación y respeto de la democracia". Ante una "eventual sentencia condenatoria injusta", el Parlament apoya también el "ejercicio del derecho de manifestación, libertad de expresión, movilización y protesta, siempre por las vías pacíficas, cívicas y democráticas".

Por último, en otra resolución, los partidos secesionistas han dado carta de naturaleza a la "desobediencia civil e institucional como instrumentos en defensa de aquellos derechos civiles, políticos y sociales que puedan ser lesionados". El texto aprobado reafirma, asimismo, la validez del contenido de la resolución 1/XI del 2016 -anulada por el TC-, así como la resolución 534/XII de 2019 en las que se expresa "el carácter plenamente soberano" del Parlament, a la vez que rechaza "las imposiciones antidemocráticas de las instituciones del Estado español, y en especial, del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo".