Pedro Sánchez no puede despachar con su retórica habitual las gravísimas acusaciones de la Audiencia Nacional sobre las relaciones de Quim Torra con los presuntos terroristas de los CDR. El presidente en funciones, en plena precampaña, ha declarado que el Gobierno aplicará una “serena firmeza” en caso de que se produjeran actos violentos, lo que viniendo de él equivale a decir que no moverá un dedo.
El presidente de la Generalidad es el representante del Estado en Cataluña. Y, según el juez Manuel García Castellón, a través de la hermana de Puigdemont, animó a los presuntos terroristas a asaltar y ocupar el Parlamento de Cataluña “con el fin de subvertir el orden constitucional!” el mismo día de la notificación de la sentencia del “procés”.
Los cachorros de Torra están acusados por la Audiencia Nacional de “pertenecer a organización terrorista, de tenencia de explosivos y conspiración para la comisión de estragos”. A través de la hermana de Puigdemont habían organizado supuestamente con Torra las algaradas y sabotajes tanto en el aniversario de la proclamación unilateral de independencia del Parlamento de Cataluña como en el día D, cuando el Tribunal Supremo condene hipotéticamente a los políticos catalanes procesados.
Pedro Sánchez está obligado a actuar ante estas gravísimas acusaciones. Y Quim Torra debería declarar ante la Justicia sobre esa supuesta relación de los miembros de los CDR. Por suerte, las Fuerzas de Seguridad y la Audiencia Nacional han actuado con acierto y, de momento, parecen haber atajado los sabotajes que preparaban los siete encarcelados. Pero ya es hora de que Pedro Sánchez aclare sus intenciones. Quizás espera contar con los votos de Quim Torra para salir investido presidente del Gobierno. De ahí, que mire para otro lado. Tampoco ha contestado ni a Pablo Casado ni Albert Rivera sobre si indultará a los políticos catalanes en el caso de que finalmente sean condenados por el Tribunal Supremo. El presidente en funciones solo trabaja para ganar las elecciones el 10-N. Lo demás, puede esperar. Incluso que el representante del Estado en Cataluña pueda dedicarse a organizar actos terroristas “para subvertir el orden constitucional”, como cree el juez García Castellón.