Se habla poco de las protestas en Irán. Sin embargo, desde el pasado 15 de noviembre, se vienen produciendo manifestaciones en las principales ciudades del país. Comenzaron a raíz del aumento del precio de los combustibles, pero terminaron convirtiéndose en un clamor contra el gobierno de Hasán Rohaní. El derribo del vuelo 752 de Ukraine International Airlines el pasado 8 de enero alimentó el descontento y la indignación contra las autoridades. De los 176 pasajeros, 82 eran iraníes y 63 canadienses, la mayoría con doble nacionalidad y muchos de ellos alumnos universitarios que cursaban estudios de posgrado en universidades canadienses. Así, al malestar por la situación económica se sumó la ira contra los responsables del derribo y, más en general, contra el poder desmesurado que la Guardia Revolucionaria Iraní tiene en la vida política del país.
Esta nueva oleada de movilizaciones se suma a las de 2016 -la llamada “revuelta del día de Ciro el Grande”-, las de 2017 y 2018 y a las huelgas generales de 2018 y 2019. En todas ellas, el régimen de los ayatolás reprimió las marchas y concentraciones con contundencia. Sin embargo, en este último ciclo desde noviembre de 2019, la violencia ha aumentado. Se ha disparado con munición real contra manifestantes en varias ciudades; entre ellas, Isfahan, Behbahan y Shiraz. Hay más de seis mil opositores encarcelados. Ebrahim Raisi, presidente del Tribunal Supremo y antiguo fiscal general, ya ha advertido que «el peso de la ley se aplicará con severidad, incluida la pena de muerte». Raisi ya cuenta con ejecuciones en su haber así que sus palabras no deberían pasarse por alto.
Sin embargo, Raisi no es la única autoridad que ha participado en la represión. Tres ministros en activo desempeñan papeles estratégicos en el estrangulamiento del movimiento opositor: Abdolreza Rahmani Fazli, ministro del Interior; Mahmoud Alavi, ministro de Inteligencia; y Mohammad Javad Azari Jahromi, ministro de Información y Tecnologías de la Comunicación.
De los tres, Azari Jahromi está incluido desde noviembre en la lista de funcionarios sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Es el ministro más joven del gobierno de Rohaní y, desde 2009, ha participado en la represión de todos los movimientos de oposición al régimen iraní. Ya entonces combatió las protestas desde el ministerio de Inteligencia, donde estaba a cargo de los sistemas de comunicación del Departamento de Seguridad.
El modelo de represión combina, pues, tres niveles: el policial, el judicial y el informativo. En el plano policial, Abdolreza Rahmani Fazli y Hossein Ashtari, jefe de la Policía, están a cargo de las detenciones de los manifestantes, así como del uso de la violencia para disolverlos. Cuentan con el apoyo de los voluntarios Basij al mando de Gholamreza Soleimani, que ya actuaron contra los manifestantes de 2009.
Los detenidos pueden acceder a una justicia independiente ni a un proceso con garantías. En la República Islámica de Irán, el sistema judicial no controla ni limita la acción del gobierno contra los manifestantes, sino que más bien la refuerza y garantiza su impunidad. Así, por ejemplo, la incautación de los cadáveres de los muertos durante los tumultos y su depósito en dependencias policiales no está sometida a control judicial independiente. Se detiene a manifestantes en los hospitales donde están ingresados o las propias instituciones sanitarias los entregan a las autoridades. La letrada Nasrim Stoudeh, defensora de manifestantes contra el hiyab obligatorio ha sido condenada a 38 años de prisión y 148 latigazos. Como señalaba el último informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán, que data de junio de 2019, «desde septiembre de 2018, al menos ocho abogados destacados han sido detenidos por defender a presos políticos y a defensores de los derechos humanos».
El tercer plano del sistema represor es el control de la información y el espionaje interior y exterior. Aquí desempeñan papeles cruciales tanto Alavi, ministro de Inteligencia, como Azari Jahromi, ministro de Información. A ellos les corresponde el control de la censura interior y el uso de los servicios de inteligencia en el interior del país y en el extranjero. Diversos informes de inteligencia europeos han advertido del peligro del espionaje iraní, por ejemplo, en universidades. Esos mismos servicios son los que tratan de infiltrarse en los círculos de opositores en el exilio y entre los manifestantes en todo el país. Esta infiltración se complementa con inteligencia de señales tanto para captación como para bloqueo de información. El régimen iraní lleva ya mucho tiempo empleando internet para rastrear opositores. Azari Jahromi ha sido el artífice del bloqueo de la red durante cinco días en todo Irán, lo que ha incluido no sólo plataformas digitales y redes sociales, sino también el uso de la tecnología necesaria para sortear los filtros y los muros de la Red Nacional de información de Irán (NIN en sus siglas en inglés), que funciona como una intranet centralizada y redirige el tráfico de internet a través de servidores nacionales. Así se impone un control gubernamental sobre ella. Los funcionarios y las terminales mediáticas del régimen pueden seguir conectados mientras que la oposición pierde un canal fundamental que, desde las Primaveras Árabes, ha sido esencial para el triunfo de los movimientos de protesta.
Esta semana Josep Borrell, Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, visitará Irán y tendrá la oportunidad de pedir explicaciones por la represión de los manifestantes y el sistema que el Estado ha desarrollado para propiciarla y garantizar su impunidad. Recordemos que el próximo mes de abril, la Unión Europea ha de actualizar la lista de ciudadanos iraníes a los que se aplican restricciones de viaje, congelación de activos y otras medidas especiales como sanción por violaciones de derechos humanos.
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