El delegado del Gobierno de Madrid, imputado por permitir la marcha del 8M

Poco después de conocerse que el ministro del Interior, Fernando Garde Marlaska ha destituido al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por investigar el papel del doctor Fernando Simón en la gestión de las marchas feministas del 8 de marzo, la juez del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha imputado al delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, por permitir dicha manifestación feminista.

La magistrada investiga a Franco por autorizar las manifestaciones del Día de la Mujer cuando ya había brotes de coronavirus. En una providencia, cita para ese mismo día como testigos al secretario general de la delegación, Fernando Talavera; al jefe del gabinete del delegado del Gobierno, Luis María Sanz; y al director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz.

Franco está citado a las 09:00 horas del próximo 5 de junio en el marco de una investigación que trata de determinar si se han podido cometer delitos de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional.

Escritos y diligencias

Rodríguez-Medel solicita también para antes del próximo 1 de junio a la Delegación de Gobierno que informe con copia íntegra de las actuaciones de las resoluciones de toma de conocimiento o prohibiciones de concentraciones/manifestaciones dictadas por Franco entre el 5 y 14 de marzo; y de los expedientes que estaban pendientes de resolver cuando el Gobierno declaró el estado de alarma.

Solicita igualmente más detalles de las 21 manifestaciones que fueron desconvocadas "bien por propia iniciativa o a requerimiento de la Delegación del Gobierno" para conocer fechas y cauce. Y que haga lo mismo con la aplicación informática "Gestión de Concentraciones y Manifestaciones", en la que se dice que "todo queda registrado y archivado con asientos electrónicos", para evidenciar que se dejó constancia de esas 21 manifestaciones.

Por otra parte, al Ministerio de Sanidad se dirige por la recomendación de medidas extraordinarias en relación con el coronavirus del ministro Salvador Illa del pasado 3 de marzo. Quiere saber su distribución o difusión, si fue colgado en la web oficial de Sanidad y saber si fue remitido (día y forma) a la Delegación del Gobierno y a otros ministerios.

Lo mismo pide conocer con el comunicado de la directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, de 6 de marzo sobre la celebración de reuniones multitudinarias durante el periodo de epidemia de COVID-19, así como idéntica información sobre con cualquier otro documento que, previo al 14 de marzo, y haciendo referencia a concentraciones multitudinarias o a la conveniencia de mantener la distancia social haya sido difundido por el Ministerio.

Solicita, además, saber si consta a Sanidad que se haya celebrado con anterioridad al 14 de marzo una Comisión Interministerial de coordinación de la Administración Periférica del Estado en la que se tratara la crisis sanitaria, mientras que a la Consejería de Sanidad solicita que informe sobre el día en que fueron publicadas en la web de la Comunidad de Madrid las medidas que se relacionan con la crisis sanitaria.

Por otra parte, la jueza quiere poner freno a las filtraciones periodísticas tras constatar que algunas de las diligencias de investigación "están difundiéndose en los medios de comunicación".

Así, advierte a las partes personadas, Fiscalía y Abogacía del Estado, y al personal del juzgado de que "la difusión de documentación aportada a la causa o del resultado de lo actuado puede dar lugar a responsabilidad, en su caso, incluso penal". Y reitera a la Policía Judicial que "deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan" de modo que sólo se informará a la magistrada.