La idea es que no seamos libres. El fin es que no pensemos, no opinemos, no emitamos un juicio crítico y sí hagamos en todo momento lo que ellos quieren. Dicho de forma clara, el objetivo único es que tú no puedas juzgar y reflexionar para decidir libremente a quién quieres votar y les votes a ellos.
Para que esto pase, es mejor hacerlo cuanto antes. Es decir, es más fácil tener el control del poder de decisión de una persona cuando es más inmaduro que cuando ya hay asentados conceptos, ideas o valores propios. Habría que “actuar” justo en el momento en que se están formando en el cerebro los mecanismos neurológicos que permiten esta capacidad porque es más fácil incrustar un modelo de pensamiento que revertir otro. Aunque se puede hacer, por supuesto.
Así, vigilar, controlar, dirigir e intervenir la educación de un niño en fases tempranas de su educación es fundamental para dirigir su forma de pensar e inculcar juicios y criterios que finalmente lleve a votar al partido que ha ejecutado esta operación. Y esto, que les puede sonar a teoría de la conspiración o a miedo al Gran Hermano o a cualquier futuro distópico que se les ocurra, pasa.
Sé que no les estoy contando nada nuevo. Esto ya lo saben ustedes. Pero por eso vemos siempre un interés desmedido por imponer una forma de hacer las cosas, por dejar claro lo que es políticamente correcto, por obligar a seguir una ley educativa concreta que permita aborregar al votante y que haga lo que se le dice desde las aulas. Los resultados los vemos todos los días en los telediarios.
Los padres de la Constitución -y el sentido común- avisan de esto y, con la mejor de las intenciones y la más absoluta libertad, permiten a los padres elegir a los padres la educación que estiman oportuna para sus hijos. Porque pueden decir lo que quieran las ministras de Podemos o alguna del PSOE, pero mi hija es mía y la educo yo según mis valores. No pertenece al Estado, no es propiedad de ningún partido o formación política. Hasta que sea mayor de edad o, incluso, hasta que tenga la capacidad sensata de decidir por sí misma, la responsabilidad de sus actos y de su vida es mía.
Y esto de prohibir a un estudiante su cuota de castellano en las asignaturas que le imparten en el colegio, aunque obligue la ley, no tiene otro objetivo que inculcar valores en el alumno al margen de la opinión de los padres. Si es en Cataluña, como estamos viendo, no solo con el caso de Canet de Mar, sino desde hace mucho tiempo en otros lugares, el fin es convertir a los infantes en futuros independentistas.
¿Funciona? ¡Claro que funciona! Por eso los padres que no son separatistas se oponen a este sistema de inmersión lingüística. Si enseñas desde la más tierna infancia una realidad determinada, por disparatada que pueda resultar, el educando pensará que esa es la realidad que hay.
Los argumentos para defender este adoctrinamiento pueden llegar a ser de lo más peregrinos. Un ejemplo claro es cuando el propio presidente de la generalitat, Pere Aragonès, decía que “el ataque a la lengua –catalanaes, se entiende– es un ataque a los pilares de la convivencia de la sociedad diversa que somos”. No hace falta explicar lo poco diverso que resulta educar en una única lengua.
Pero por si acaso, por si alguien saca los pies del tiesto, la Generalitat, para enaltecer su identidad como nación libre y diversa, tiene previsto reforzar la inspección y más docentes en los 35 colegios que están afectados por las decisiones judiciales que exigen esa cuota del 25% de castellano. Pero… ¡qué agobio! ¡Qué afán por el control de lo que aprenden y en qué idioma aprenden los jóvenes estudiante!
Se puede entender la preocupación. Si las cabezas pensantes del procés ven que pierden influencia en la ciudadanía por la falta de sentido común que muestran la gran mayoría de las veces los líderes a seguir, que las promesas sobre una próxima independencia se incumplen de forma reiterada y que el idioma pierde presencia en la juventud por Internet, la televisión, la música, el cine y Netflix, a lo mejor yo también intentaría solucionarlo por las malas.
Conclusión, el adoctrinamiento educativo continuará en la medida que los poderes fácticos –el Gobierno de España, por ejemplo– , el colectivo docente y la sociedad catalana lo sigan permitiendo. Al final, como siempre, usted decide.