En nuestro último editorial, destacábamos el cambio de criterio de Pedro Sánchez al mostrarse dispuesto a rebajar los impuestos, pero también incidíamos en la urgencia de poner en marcha la medida. En la sesión de control al Gobierno, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha exigido a Pedro Sánchez que “baje los impuestos ya” y que ”se “ajuste el cinturón, porque es una inmoralidad pedir sacrificios a la ciudadanía desde la atalaya del Gobierno más caro y numeroso de la historia”. Y le ha dado una receta para empezar a ahorrar: “No puede seguir manteniendo 3 vicepresidencias y 22 Ministerios” y ha cifrado en 108 millones de euros al año el incremento del gasto en asesores y en 60.000 millones el margen "para reducir gasto ineficiente sin afectar a la calidad de los servicios públicos". Gamarra también ha citado un informe que calcula que España podría reducir su gasto público en un 14 por ciento, “lo que equivale a unos 60.000 millones de euros sin rebajar la calidad de los servicios públicos”.
En efecto, Pedro Sánchez está obligado, y así se ha comprometido, a rebajar los abusivos impuestos que cargan el precio de la luz, el gas y los carburantes. Pero ese dinero que dejará de ingresar el Estado no se puede obtener de otras cargas fiscales para el ciudadano. Hay que reducir gastos de la Administración. Y el mayor de ellos es el despilfarro público, cuyo mejor ejemplo es el elefantiásico Consejo de Ministros. Aunque hay otros muchos también fruto de la megalomanía del presidente y de la estrategia de llenar la Administración de funcionarios y asesores para reducir la tasa de desempleo y, de paso, comprar unos votos de cara a las próximas elecciones.
Sánchez ha puesto el día 29 como fecha para aprobar tales medidas. Y no hay tiempo. Hay que poner en marcha inmediatamente esas negociaciones para reducir considerablemente la factura energética antes de que se arruinen los españoles, se cierren empresas, se descontrole la inflación y se incremente la tasa de desempleo.
Pedro Sánchez debe hacerlo ya. Gamarra sospecha que el motivo del retraso obedece al interés del Gobierno por llenar las arcas, pues en la actualidad la recaudación fiscal por la luz, el gas y los carburantes es la más elevada de la historia.