Francia pide que España juzgue a Fano y Lizarraga

La denuncia del fiscal francés ha sido remitida, traducida al castellano, a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que, a su vez, la ha enviado al juzgado de Ismael Moreno, que ha abierto un proceso a los dos presuntos etarras para poner en marcha el mecanismo de entrega a España por los delitos cometidos en Francia.

Con el uso de esta herramienta judicial, que permitirá la entrega de los dos presuntos terroristas en quince o veinte días, la Fiscalía francesa cede su jurisdicción a la española y se compromete a facilitar "en los más breves plazos" todo el procedimiento, incluido los efectos intervenidos a los detenidos.

Según el relato del fiscal francés, cuando se produjo la detención, los dos presuntos etarras reivindicaron en un primer momento su pertenencia a Eta para luego guardar silencio, "negándose, en particular, a declarar sus identidades".

Fano y Lizarraga, "rápidamente identificados con la ayuda de las autoridades españolas", fueron detenidos en "un campamento salvaje" en una zona forestal del departamento del Loira, junto a la cual había dos vehículos robados: un "Opel Zafira", sustraído el 11 de enero en Saint Sylvestre Sur Lot y un Volkswagen Polo, robado en Escurolles un día antes del arresto.

Además les fueron intervenidos dos revólveres "Smith & Wesson", procedentes "del robo a mano armada con secuestro cometido por un talde de Eta el 23 de octubre de 2006" en Vauvert, un temporizador y un detonador.

En el registro del campamento y de los vehículos, los agentes encontraron numerosa documentación falsa de Fano y Lizarraga con su fotografía: nueve DNI, cuatro carnés de conducir y cuatro carnés de la Guardia Civil, patentes de seguros falsas, placas de matrícula y cursos sobre la manipulación de explosivos.

Por todo ello, el fiscal francés les acusa de "asociación de malhechores" en relación "con una empresa terrorista", y de "tenencia de arma de primera categoría, tenencia de explosivos o elementos o sustancias que entran en la confección de explosivos".

También les acusa de tenencia de documentos falsificados y de robo, "todas infracciones relacionadas con concepto principal o conexo con una empresa terrorista".

Unai Fano, asesor de Batasuna, se encontraba en busca y captura desde febrero de 2008 por orden del juez Baltasar Garzón, que le acusa de integrar la cúpula de la ilegalizada formación, desarticulada en octubre pasado en Segura (Guipúzcoa), donde fueron detenidos una veintena de sus miembros.