La reacción del Gobierno a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de los ERE demuestra el desprecio de Pedro Sánchez a la división de poderes y al propio Estado de Derecho. Resulta indignante que en su estreno como portavoz del PSOE, Pilar Alegría, siguiendo el guión marcado por Moncloa, defendiera la “honorabilidad y honestidad” de Chaves y Griñán, recién condenados por protagonizar el que ya es el mayor escándalo de corrupción política de la democracia. La ministra de Educación se atrevió, además, a dar lecciones de decencia al PP e insinuar que “pagan justos por pecadores”. Solo le faltó acusar a Nuñez Feijóo de ser el responsable del caso de los ERE.
La realidad es otra. El Tribunal Supremo ha demostrado que los gobiernos socialistas de Chaves y Griñán saquearon las arcas públicas para alimentar un “fondo de reptiles” que repartía el dinero de las llamadas “ayudas sociolaborales” a sindicatos, asociaciones, prejubilaciones fraudulentas y a grupos afines con el único propósito de “comprar el voto”.
Pedro Sánchez atraviesa el peor momento político desde que llegó a La Moncloa. Su imagen se ha hundido y todas las encuestas independientes reflejan el desplome del PSOE. De ahí, su desesperación por la demoledora sentencia del Tribunal Supremo que supone un nuevo golpe para su partido en Andalucía tras el batacazo en las elecciones autonómicas.
Pero por muy hundido que se encuentre Pedro Sánchez, por muy negativas que sean las expectativas electorales del PSOE, el presidente de un Gobierno democrático no puede atacar al Tribunal Supremo por destapar el mayor fraude político de la democracia. Su actitud es tan indigna como antidemocrática.
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