Erradicar la politiquería de la sociedad

En lo que va de cuatrienio, funcionarios electos por el pueblo y allegados a los más altos puestos en el gobierno de Puerto Rico han sido acusados por cargos de corrupción a nivel federal. Pareciera que, a pesar de la gran cantidad de leyes locales para atajar la corrupción, nada les detiene. En el afán de aumentar sus arcas personales, olvidan la ética que debe regir su conducta, defraudan el erario y traicionan la confianza del pueblo al que se deben. Muchos se hacen llamar políticos cuando en realidad son politiqueros.

En la actualidad, se ha desvirtuado tanto lo que implica gobernar para el bienestar colectivo que aceptan modelos erróneos de lo que es dedicarse al servicio público.

Confunden politiquería con el ejercicio de hacer política. Ser político va más allá de resultar electo para ocupar un cargo público. Últimamente, la aspiración personal de algunos funcionarios de gobierno se ha convertido en coleccionar el título de honorable, que deshonran con su proceder. Resulta frustrante para los ciudadanos padecer diariamente del decaimiento de la calidad de vida por contar con personajes cuyo propósito en la incursión o reelección en asuntos de política es practicar la politiquería.

Entre la población general, prevalece una apatía a la política que demuestra la relevancia de reaprender conceptos básicos. Muchos enuncian las frases “no me gusta la política” o “todos los políticos son iguales”, cuando en realidad están hastiados de ver politiqueros que juegan a ser políticos. Resulta urgente, distinguir las funciones de los líderes políticos para evitar seleccionar politiqueros al servicio público.

Una definición básica del concepto política permite apreciar que está vinculado al arte del buen gobernar para el bienestar del colectivo. En el ejercicio de la política se espera de los líderes el ocuparse de varios aspectos medulares para lograr la calidad de vida de todos ciudadanos de los diversos estratos sociales que coexisten en el territorio. El cumplimiento de la justicia, asegurar la calidad en los servicios esenciales, defender los derechos de los constituyentes, hacer uso responsable del erario, proteger las fronteras políticas y los recursos naturales del territorio son algunas de las funciones de un líder político. Así mismo, los funcionarios electos tienen el deber de evitar la proliferación de males sociales que afectan a sus representados tales como: la corrupción, el hambre, los hurtos, los homicidios, la usura, el control opresivo y el amiguismo que tanto alteran la calidad de vida de los ciudadanos.

En cambio, el concepto politiquería es una deformación del ejercicio de la política que está vinculado a aquella persona que hace uso de la demagogia en su discurso para lograr el favor del pueblo mientras incumple el ejercer el buen gobierno. La meta del politiquero es llegar al poder para satisfacer intereses particulares y para lograrlo se vale de artimañas y promesas falsas que no va a cumplir. Es decir, le hace creer a los ciudadanos que velará por sus intereses, pero con sus acciones realiza lo contrario.

La demagogia se ha convertido en el mecanismo predilecto de los politiqueros para atraer votantes que creen en sus promesas vacías. El politiquero le dice al constituyente lo que desea escuchar, a sabiendas que le va a incumplir. Ese ciclo que se alimenta de engaños es el visto bueno que el ciudadano le otorga para cometer actos de corrupción.

Sin lugar a duda, uno de los males sociales que corrompe la sociedad es la corrupción, que está íntimamente atada a la politiquería. La creatividad para defraudar el erario va desde elevar las cotizaciones dirigidas a una agencia gubernamental, confabular para privatizar servicios que otrora ofrecía el gobierno para que los amigos de allegados al poder se lucren, crear estrategias para camuflar recaudos ilegales de manera “legal” a las campañas políticas, tener testaferros, hasta el acto de recibir sobornos para favorecer el lucro de ciertos personajes que se beneficiarán al hacer negocios con el gobierno.

La corrupción destruye la sociedad, pero reelegir a posiciones de poder electivas a funcionarios que promulgan leyes que beneficien a sus allegados por encima de los intereses de los constituyentes hace al electorado cómplice de las canalladas de los politiqueros que destruyen su propia calidad de vida. Aquellos que promueven la gentrificación, el mantener inalterado un sistema de salud ineficaz, el defender la privatización del sistema energético deficiente, el elevar el costo de los servicios básicos, el aprobar proyectos que destruyen y privatizan los recursos naturales o que desarticulan el sistema educativo público forman parte de las secuelas de escoger desde el fanatismo partidista a quiénes serán los encargados de legislar y gobernar. Se observan las prioridades de los llamados a gobernar, cuando mantienen inalterado el entramado de agencias del gobierno que no les sirven bien a los constituyentes.

Hasta podría considerarse una secuela de la corrupción, cuando una de las ramas del poder maneja desde la política partidista el aprobar y controlar los nombramientos de los funcionarios encargados de velar en los tribunales el cumplimiento de las leyes. Al aprobar nombramientos que en ocasiones están atados por un ideal político, se guardan las espaldas en caso de que haya una vista para determinar causa ante la comisión de un delito o para que sean mínimas las sentencias por infringir la ley. En ocasiones, pareciera que, los veredictos incentivan el continuar cometiendo actos de corrupción en vez de atajar y procurar erradicar ese mal de la sociedad.

Mientras se permita que los politiqueros se lucren del sufrimiento diario del pueblo, no se lograrán avances en el bienestar colectivo. Muchos aspiran a tener calidad de vida, sin embargo, mantienen una total insensatez eligiendo politiqueros que usurpan el cargo de lo que debe ser y hacer un político. Para ponerle fin a la corrupción, hay que elegir ciudadanos comprometidos con defender los intereses de los constituyentes de palabra y acción. En el proceso, comenzar a distinguir política de politiquería es vital para erradicar los candidatos que ejercerán la corrupción que nos destruye diariamente.

El precio que pagan los ciudadanos cuando eligen politiqueros para ocupar cargos públicos es el deterioro de la calidad de vida. En una democracia es importante ejercer el derecho al voto, pero más importante aún es seleccionar bien a los candidatos, dejando de lado el fanatismo político-ideológico que sigue socavando el bienestar de los constituyentes. Imaginar un panorama en que los ciudadanos electos por el pueblo para ejercer como políticos logren el bienestar colectivo pudiera ser una realidad, si se erradica la politiquería de la sociedad. Al aspirar a un mejor gobierno, no se puede elegir a los mejores politiqueros; hay que seleccionar ciudadanos que tengan como guía de su practica al servicio público defender con integridad los intereses del pueblo.