La reunión de Miraflores de la Sierra

Como hacíamos anualmente antes de la pandemia nos hemos reunido en la Residencia de la Universidad Autónoma un grupo de académicos, bastantes de ellos con experiencia institucional, y con la presencia también de alumnos, para pulsar la situación de nuestro Estado Autonómico. Resumiendo se trataba de calibrar el impacto del desafío de la COVID sobre el modelo territorial y, además, y en otro orden de cosas, someter a examen el momento político catalán, pues después de todo Cataluña es la prueba más difícil para nuestro sistema institucional y político.

La impresión generalizada es que la pandemia ha reforzado la legitimación del sistema autonómico y que la respuesta pública a la enfermedad, con la implicación de las Comunidades Autónomas bajo la coordinación del Gobierno de la Nación, ha resultado en términos generales satisfactoria. Esto se puede afirmar aun reconociendo que la cobertura jurídica correspondiente dejase bastante que desear: hablamos de la Sentencia del Tribunal Constitucional desarbolando la Declaración prorrogada del Segundo Estado de alarma; o la inexistencia de una ley de pandemias, prometida primero por el Gobierno y después reclamada sin éxito por la oposición y asimismo desde diversos ámbitos institucionales o académicos. Para algunos, estas carencias han forzado una intervención excesiva de la jurisdicción contencioso-administrativa en el control de las medidas limitativas de los derechos fundamentales tomadas por las autoridades territoriales, sin justificación suficiente, dada la orientación restrictiva de la actuación de los tribunales en nuestro ordenamiento, ceñida al desempeño de una función solo jurisdiccional.

La lucha contra la pandemia ha supuesto estimular la cooperación como instrumento fundamental del funcionamiento de Estado autonómico. La reflexión sobre la misma suscita varias cuestiones del máximo interés. Así, una aclaración sobre su comprensión constitucional, como variante de la colaboración entre el Estado y las Comunidades con la preeminencia (la dirección) de aquel. Y un examen del papel del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud, como organismo de apoyo del Gobierno, que no quita ni aminora, solo facilita, la conducción de la política sanitaria por parte de este. A su lado son de destacar la celebración de conferencias sectoriales y las conferencias de Presidentes, especialmente abundantes durante el tiempo de la pandemia.

Quizás el tratamiento de la cooperación sanitaria en la reunión de Miraflores dejó sin el espacio que mereciera a dos cuestiones del máximo interés. En primer lugar, el impulso que el ejemplo sanitario pueda atribuir al desarrollo de la coordinación en otros sectores. Al lado de este problema está el de si la coordinación como caso específico de colaboración puede extenderse a supuestos no previstos expresamente en la Constitución. Pero, en segundo lugar, merece la pena considerar si la pandemia no ha puesto de manifiesto el funcionamiento desigual de nuestro Estado autonómico en el punto de las prestaciones sociales. Aquí merece una mención el trabajo del grupo que dirigía Javier Rey, infatigable defensor de la sanidad pública recientemente fallecido, que ha puesto de relieve el indeseable desequilibrio que en relación con las prestaciones sanitarias existe en nuestro país, y que urge a una reforma sanitaria global a abordar de modo perentorio.

Como señalaba al principio, la segunda cuestión que importaba al grupo de Miraflores era la cuestión catalana. Al respecto en lo que si hubo unanimidad es en afirmar que este problema, de planteamiento y solución bien complejos, no debe centrar toda nuestra atención, de manera que perturbe el funcionamiento el Estado Autonómico. El desarrollo de nuestro sistema debe seguir, sin descuidar el tratamiento de un problema de la importancia de éste, pautas que mejoren su rendimiento, animando a la realización de las reformas jurídicas que sean necesarias, con independencia del rango normativo de las mismas. La cuestión catalana no puede gripar el desenvolvimiento cabal del Estado autonómico, afirmó José Antonio Montilla.

En segundo lugar, no es posible pensar en un enfoque del problema que desconozca los límites y cauces del Estado de Derecho. El respeto del ordenamiento jurídico, empezando por la Constitución e incluyendo de modo obvio el derecho penal, es insalvable. Como es obvio, la garantía del cumplimiento de la ley corresponde en última instancia a los jueces y tribunales, de manera que pensar en desjudicializar los problemas es absurdo e incompatible con la esencia de la forma política del Estado de Derecho, que nuestra democracia ha asumido. Ocurre que en los sistemas descentralizados la función del derecho es especialmente importante, por eso es pertinente que el Estado autonómico se empeñe de modo particular en resistir (la expresión es de Manuel Aragón), perseverando en la necesidad de cumplimentar sus exigencias. No quepa duda que el designio de obviar, en concreto, el cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Superior de Cataluña en relación con la enseñanza del castellano en las escuelas se encontrará con el tope del Tribunal Constitucional, que en su día dejó muy clara la necesidad de aceptar el carácter vehicular también de la lengua común del Estado.

Puede creerse que la mejoría del clima político en Cataluña no se explique solo en términos tácticos, como si se tratara de un simple repliegue de la dinámica del procés, esto es, como una pausa obligada. Quizás empiece a calar el coste excesivo del esfuerzo de la lucha por la independencia, con sus frustraciones, inseguridades y limitaciones, pues es muy difícil ignorar el lado regresivo (quise decir reaccionario) e insolidario del independentismo. Lo que nadie pone en duda es que la cuestión catalana se resolverá, lo viene haciendo, finalmente en las urnas.