La crisis de las democracias

Este título algo pretencioso, la crisis de las democracias, es el que nos convocó recientemente, junto a los profesores Rafael Bustos e Irene Delgado, para discutir sobre la difícil situación de dichas formas políticas en la actualidad. Se trataba en primer lugar de dar cuenta del evidente deterioro de los sistemas democráticos, además generalizado, pues los problemas de la democracia no están acotados geográficamente, aunque puedan aparecer episodios especialmente dramáticos en algunos casos. Nos encontramos ante situaciones autoritarias que no se presentan como rupturas expresas de la democracia, ya que de este modelo formalmente no se abjura nunca, y a donde se llega sin quiebra expresa de la legalidad constitucional, por procedimientos siempre electoralmente regulares, y como consecuencia de procesos que se prolongan en el tiempo, no inopinadamente por tanto. Tampoco hay lugar, al menos de modo ordinario, episodios de violencia.

Estos sistemas autoritarios en diferente grado, estén implantados (Venezuela, Turquía) o a los que se aspira a llegar por algunos (Estados Unidos de Trump, Brasil, Polonia, Hungría) no se imponen mediante golpes de Estado. No son por tanto ejemplos de quiebra democrática o constitucional, sino mas bien de muda. La transformación del Estado buscada, que, en síntesis, consiste en suprimir los límites al poder del gobierno, terminará en un cambio constitucional; pero en los primeros momentos, después de conseguido el poder, se operará intentando copar las instancias de control, entre ellas notoriamente los tribunales constitucionales o los demás órganos jurisdiccionales ordinarios (Rafael Bustos).

El proceso de degeneración democrática puede aclarase reparando en dos aspectos sustanciales del mismo, se trate de la justificación del impulso del cambio o se considere el alcance del mismo. Por lo que hace al primer aspecto, esto es, las causas del deterioro del sistema genuinamente democrático (checks and balances , derechos y rule of law o Estado de derecho), lo que se achaca al mismo (Irene Delgado) es su ineficiencia: el Estado social no acaba con las demandas de equidad de la comunidad, su tratamiento de los desajustes económicos del capitalismo tampoco es satisfactorio, y no soluciona ni los problemas de la seguridad ni de la salud pública de los ciudadanos, como habría demostrado el tratamiento de la pandemia. No ataja la corrupción y aumenta la brecha entre los de arriba y los de abajo, la casta y el pueblo. Su recurso a la expertise de los tecnócratas tampoco ha funcionado.

Del lado del alcance de la transformación de la democracia, la pretensión es equipararla al gobierno de la mayoría, eliminando o neutralizando los resortes que suponen verdadero control, llevando a cabo la reforma constitucional si se puede por el procedimiento a mano, así en Hungría utilizando la vía de la reforma simple para proceder después a las reformas sustanciales; o en otro caso, mediante modificaciones legales rebajando los quórums para la composición o el funcionamiento de los organismos de vigilancia jurisdiccional constitucional u ordinaria, como ha ocurrido en Polonia (Rafael Bustos).

Algunas consideraciones adicionales deben formularse. Así el proceso progresivo del deterioro de los sistemas democráticos o su degeneración paulatina, si se quiere expresar más gráficamente, no puede ocultar ni la intensidad del estropicio constitucional ni el que este no obedezca a un verdadero designio, impuesto gradualmente pero de modo inexorable y en virtud de una voluntad de transformación inflexible.

En segundo lugar, la transformación autoritaria desde dentro del sistema político, necesita para imponerse un entorno en el que se rebajan las mores y maneras liberales de la actividad política, pues esta se escora, por el contrario, hacia la intolerancia, la emotividad y el irracionalismo de los análisis. Pero sobre todo el cambio requiere un contexto internacional determinado.

Sin duda este es el de la globalización, que ha producido una crisis de la misma idea de Constitución, que ya no aspira a regir en exclusiva el proceso político de los Estados, de lo que se deducirá sin lugar a dudas una reducción tanto de la normatividad de la Ley Máxima como de su contribución a la legitimidad de los sistemas políticos asentados sobre las bases democráticas tradicionales. La globalización ha puesto de relieve el menor peso en todos los órdenes de las democracias occidentales, cuya pretensión hegemónica es cuestionada por las potencias emergentes, Rusia y China, antes en un segundo plano. La influencia de estos sujetos se hace sentir especialmente sobre Estados cuya firmeza democrática presenta deficiencias y, en cierto grado, es vacilante.

Lo que tenemos por delante, en fin, es un debate mundial en el que la posición occidental debe hacer valer sus títulos de justificación en clave de eficiencia, y en clave asimismo de legitimación ética o espiritual, si se quiere. Hoy por hoy, el Estado social constitucional asegura unas condiciones generales de vida con una atención a las demandas sociales de la comunidad sin parangón. Con todo, como advirtió Rafael Bustos, su legitimación necesita de un refuerzo, que subraye la dimensión material de las bases constitucionales de nuestros sistemas políticos. El Estado constitucional, en cuanto estructura basada en la separación de poderes, es un modelo o diseño político racional de indudable refinamiento y sofisticación; pero es su finalidad, al servicio de la dignidad de la persona y los derechos fundamentales de sus ciudadanos, lo que acredita su superioridad comparada con otros órdenes políticos. Perder nuestras convicciones constitucionales o permitir su deterioro es el verdadero peligro que nos acecha.