La Justicia argentina tiene bajo la mira a las administradoras de fondos de pensión privadas y sus últimos movimientos financieros antes del anuncio del Gobierno de traspasar sus carteras al Estado, un plan que desató este miércoles un caos bursátil en Buenos Aires y Madrid.
Fuentes judiciales informaron que el magistrado Claudio Bonadio ordenó esos procedimientos en el marco de una causa iniciada por una denuncia hecha este martes por el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social, Guillermo Marijuan.
Los allanamientos buscan recabar información sobre las últimas operaciones efectuadas por las AFJP, firmas controladas mayoritariamente por bancos y aseguradoras de capitales europeos, estadounidenses y argentinos. Bonadio había notificado en la tarde de este martes a las diez AFJP que operan en Argentina que no podrán operar en el mercado en el plazo de siete días para no modificar la composición de su cartera de inversiones, con fondos por 98.000 millones de pesos (unos 30.600 millones de dólares), colocados principalmente en títulos públicos y en acciones.
La prohibición judicial fue emitida luego de que el juez admitiera una denuncia presentada por Marijuan, quien acusó a las AFJPs de liquidar súbitamente sus tenencias en bonos ante el inminente pase de sus fondos al sistema estatal por una reforma que el Gobierno argentino propuso oficialmente este martes. El delito que se les imputa a las AFJPs es castigado con penas que van de dos a seis años de prisión.
Marijuan presentó la denuncia cuando los bonos soberanos argentinos, parte de ellos en manos de las AFJPs, sufrieron fuertes pérdidas por las masivas ventas desde el lunes, cuando se conoció que el Gobierno se proponía el traspaso de los fondos acumulados en la jubilación privada al sistema estatal.
Las tres mayores AFJPs de Argentina son Orígenes (controlada por la holandesa ING Insurance), Met (de la estadounidense Metropolitan Life) y Consolidar (del grupo español BBVA), que acaparan el 47 por ciento de los 9,5 millones de afiliados a la jubilación privada. También operan en el mercado otras firmas controladas por sindicatos, asociaciones profesionales y cooperativistas de Argentina (Arauca, Unidos, Futura, Previsol y Profesión+Auge); Máxima, del grupo inglés HSBC, y Nación, del estatal Banco Nación de Argentina.
Efecto en las bolsas
El índice Merval de las acciones líderes de la Bolsa de Buenos Aires cerró este miércoles con una caída del 10,11 por ciento, hasta las 940,82 unidades, un nivel que no registraba desde mediados de 2004.
La noticia de inminentes cambios en el sistema de jubilaciones corrió como un "tsunami" y la ola tapó a la bolsa madrileña, que este miércoles se desplomó un 8,16 por ciento, la segunda mayor bajada de su historia y del año.
Por el "efecto tango", las grandes empresas, todas con intereses en Argentina, ocuparon los primeros puestos por pérdidas: Repsol perdió el 15,75 por ciento; Banco Santander, el 9,91 por ciento; BBVA, el 9,10 por ciento; Telefónica, el 8,83 por ciento, e Iberdrola, el 8,31 por ciento. BBVA es el afectado directo por el anuncio de reforma en Argentina, ya que es propietario de Consolidar, una de las mayores AFJP del país suramericano.
Pero lo que más preocupó a los inversores es el hecho de que, con la nacionalización de los fondos de pensión, el Estado argentino se convertirá en accionista minoritario de 14 compañías cotizantes en la bolsa porteña, varias de ellas de capitales españoles, como Gas Natural BAN, Grupo Concesionario del Oeste, Central Costanera, Metrogas y BBVA Banco Francés.
Ningún portavoz del Gobierno argentino salió a calmar los ánimos, aunque el ministro de Planificación, Julio de Vido, se reunió con directivos de la petrolera YPF y de Telefónica, las dos empresas de capitales españoles más poderosas de Argentina, para garantizarles seguridad jurídica a sus inversiones y alejar los fantasmas de una estatización general de la economía. Solo cuando se conoció ese intento del Gobierno por tranquilizar a las compañías, la Bolsa de Buenos Aires recortó parcialmente su caída, que había llegado a media rueda a un pico de 17,9 por ciento.
Aun así, los títulos de la deuda argentina sufrieron bajadas de hasta el 14,29 por ciento para los papeles en dólares y de hasta el 4,42 por ciento para los emitidos en pesos, en tanto que el índice de "riesgo país" trepó hasta los 2.000 puntos, nivel similar al registrado en 2001 antes de que Argentina declarara el mayor cese de pagos de la historia moderna.
Lo único que se mantuvo estable fue el precio del dólar estadounidense, que cerró a 3,21 pesos para la compra y a 3,24 pesos para la venta, aunque con intervención del Banco Central, que inyectó en la plaza unos 75 millones de dólares para evitar la depreciación de la moneda local.
