Derecho ciudadano a saber: dos prioridades

En cualquier sociedad moderna y democrática el derecho a saber es un derecho fundamental e inherente a cualquier ciudadano, y ello sea cual sea el país en el que se encuentre, tal como lo refleja la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU (1948), así como el Pacto internacional de Derechos civiles y políticos de la ONU (1966), o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (año 2.000), sin olvidar las numerosas Leyes y Constituciones nacionales que en muchos países regulan y protegen el derecho a saber y el acceso público a la información, como ocurre en España con la Ley de Transparencia (2013). Este derecho fundamental implica la necesaria transparencia y rendición de cuentas por parte del Estado y demás Administraciones públicas, para que los ciudadanos puedan recibir, por una parte, y/o acceder, por otra, a toda aquella información que tenga un interés general, social o colectivo.

En base a ello vamos a hacer aquí referencia a dos materias o realidades que creemos necesitan un nivel adecuado de información sobre las mismas a los ciudadanos. Nos estamos refiriendo, por una parte, a los Fondos Next Generation, que son de interés en cuanto a su asignación, distribución y utilización efectiva, para la sociedad española. Y por otra parte, vamos a hacer referencia a otra materia con un mayor componente humano, como es la realidad migratoria en nuestro país. Aunque nos vamos a referir en ambos temas al caso español, la transparencia social y pública sobre estas dos materias atañe igualmente a los ciudadanos de los restantes países de la Unión Europea, ya que reciben igualmente Fondos New Generation, y están igualmente implicados o afectados por la llegada de migrantes a la UE, estén más cerca o más lejos de los puntos de entrada de los mismos en la Unión Europea.

En lo relativo, en primer lugar, a los Fondos Next Generation que viene recibiendo España, que suponen un importe global de 140.000 millones de euros (entre 2021 y 2026), y de ellos aproximadamente 70.000 millones son a fondo perdido (transferencias no reembolsables) siendo el resto créditos blandos, estimamos necesario y urgente que se pusiese a disposición de los ciudadanos una información detallada y actualizada sobre estos importantes fondos que llegan a nuestro país.

Sería necesario este respecto que existiera una web pública, integral y holística, con el detalle individualizado de los datos básicos de todos y cada uno de los miles de proyectos que se vienen desarrollando con esos fondos en nuestro país a distintos niveles, de forma que los ciudadanos pudieran consultar de una forma simple y rápida los datos de cualquier proyecto/s de un determinado ámbito territorial, sector empresarial, institucional, etc., con lo cual se incrementaría la transparencia efectiva y la eficacia social de estos importantes fondos, cumpliéndose así de una forma más adecuada el derecho a saber de los ciudadanos. Para ello sería necesario que esa base de datos incluyese y estuviese accesible para el público una ficha individual de cada uno de esos proyectos financiados con dichos fondos, que incluyera los datos básicos de cada uno de los mismos, y como mínimo: a) Nombre y breve descripción del proyecto. b) Importe de los fondos asignados. b) Sector económico o de actividad al que se refiere. b) Institución/es o empresas realizadoras del mismo. c) Lugar o ámbito geográfico en el que se desarrolla. d) Plazo del proyecto y nivel actual de ejecución. e) Número de empleos que se generan a través del proyecto.

Serían así datos que cualquier ciudadano debería encontrar fácilmente a través de un buscador universal que le permitiese hacer búsquedas de proyectos por conceptos, instituciones, zonas geográficas, etc., pudiendo acceder, por ejemplo, a los datos de aquellos proyectos relacionados con el cáncer, o sobre energía eólica, o aquellos relativos al sector de la agricultura o la ganadería en una determinada provincia o zona geográfica, o los proyectos desarrollados por las cinco mayores universidades españolas, etc. Ello proporcionaría una información valiosa y detallada a cualquier ciudadano sobre las asignaciones concretas de estos fondos, que no olvidemos son públicos. Aunque la información oficial del Ministerio de Hacienda no deja de ser importante, ya que se publican las convocatorias, datos estadísticos, niveles de ejecución generales, e innumerables notas de prensa y noticias sobre los Fondos, ello resulta claramente insuficiente, aparte de lo inexplicable de que una buena parte de las Comunidades Autónomas no publiquen información sobre los respectivos proyectos que tienen albergados. Por ello sería conveniente ir más allá y llegar a esa base de datos universal y directamente disponible para la ciudadanía, reforzando así de una forma práctica su derecho a saber a este respecto.

Otro tema prioritario antes apuntado en cuanto a transparencia social, sería el de la realidad migratoria. Creemos que es bastante escasa la información pública sobre este importante problema humano y social, quizá porque sea una realidad demonizada por muchos, y por tanto socialmente bastante oculta. De una forma tan natural como transparente los ciudadanos deberían poder conocer los datos básicos sobre esta realidad; por ejemplo, los siguientes datos (relativos al menos a los dos últimos años): a) Número de migrantes que han llegado a nuestro país cada mes, y lugares de entrada. b) Destinos intermedios y finales de los mismos. c) Países de procedencia. d) Proporción de cada género, y de niños y menores de edad. e) Atenciones médicas y humanitarias recibidas. f) Situación actual (educación y salud) de los migrantes. g) Mapa (dinámico y actualizado) con aquellos municipios de nuestro país en los que se encuentran.

También sería importante que se publicaran los datos similares que se puedan conocer de los restantes países de la Unión Europea (de todos, no solamente de los países del sur), y también las normas legales (sociales, de asilo, humanitarias, etc.) vigentes al respecto, tanto a nivel nacional como internacional. Creemos que la ciudadanía española es lo suficiente madura y democrática para conocer y asumir las cifras sobre esta importante materia (hasta ahora bastante opaca) que afecta de una forma general a nuestra sociedad, y aunque no tanto en clave económica (aunque también) como los Fondos europeos antes mencionados, sí es un importante tema social y humano que se ha de abordar desde las distintas instancias políticas, institucionales y ciudadanas, lo cual comienza por el ejercicio del derecho a saber y la transparencia pública sobre esta realidad.