Nuestra crisis institucional (II): El desafío independentista

I-El desafío independentista catalán es sin lugar a dudas el primer problema que tiene nuestro sistema constitucional. Lo es en el plano institucional, cuestionando y perturbando el funcionamiento ordinario del Estado autonómico, de manera que las autoridades territoriales participan en las instancias generales, solo de mala gana y sin recatarse en proclamar su deseo de tener la ocasión de decidir sobre la independencia en un referéndum de autodeterminación. Y lo es en el plano ideológico o intelectual, manifestando la desafección y enemiga a un Estado compartido con los demás españoles.

La respuesta a esta situación ha de ser doble. De un lado, la defección catalana no puede paralizar las reformas de profundización de la autonomía en el Estado, de manera que este incremente sus potencialidades. Seguro que las mejoras que se establezcan en el plano de articulación incrementarán las capacidades de integración del sistema en su conjunto. Pero la respuesta debe producirse asimismo y sobre todo en el plano ideológico, procurando el reforzamiento del suelo espiritual del Estado, renovando las razones para seguir viviendo juntos, en el orden de libertad y autogobierno de la democracia constitucional.

II-Hay que dar entonces la batalla en el plano ideológico. La batalla de las ideas es fundamental. Decía don Manuel García Pelayo que los órdenes políticos no se sostienen sin que sus razones de autoridad sean compartidas; y que el poder, cualquiera que sea el modo de su adquisición, solo se conserva con la sabiduría, esto es, la capacidad para encontrar su justificación ante la comunidad.

La batalla en el terreno de las ideas es contra el independentismo, y hay que darla en términos schmittianos: estamos hablando de la soberanía, y con ella no se transige: no se cede ni se suspende, ni se negocia. Esta oposición rotunda, absoluta, al independentismo no tiene nada que ver con el tratamiento político a los independentistas. Evidentemente caben los independentistas en el juego político: pueden defender sus ideales, pues nuestro sistema político no persigue a quienes impugnan el orden constitucional, como es sabido, propugnando la independencia o la autodeterminación, aunque no tolera que quienes quieren la independencia pretendan lograrla vulnerando los cauces constitucionales.

La seriedad del combate contra el independentismo, es ineludible, pues se dilucida si podemos decidir como pueblo soberanamente sobre nuestra organización política, y podemos hacerlo sin que se ponga en cuestión nuestra capacidad política, esto es, solos y sin condiciones ni limitaciones. La radicalidad de la disputa con el independentismo exige que rectifiquemos nuestro trato con él. De modo que, para empezar, no nos ocupemos de mostrarle las vías para acceder a su demanda de la autodeterminación, o de discutir con él las ventajas, sobre la separación, de alguna formas políticas de transacción como puede ser la vía federal, o en abrir el muestrario en el derecho comparado de las experiencias de la autodeterminación exploradas con sus éxitos y frustaciones. De todo esto por cierto hay mucho que hablar: las experiencias que se suelen aducir (digamos Canadá o Escocia) no tienen mucho que ver con la circunstancia española y parten de situaciones constitucionales que permiten flexibilidades no disponibles para nosotros, si queremos salvar la normatividad constitucional al menos.

III-La pregunta inevitable central en la conversación política con ellos, no es entonces la del como o cuando o en qué condiciones de la autodeterminación sino otra más obvia y central. Es la del porqué de la autodeterminación. Ustedes por qué se quieren ir. Qué les falta en el autogobierno que ya tienen, qué facultades requerirían que el sistema constitucional les niega. O, de otro lado, si aducen, como planteaba Hirschman, desconsideración, ¿son ninguneados, preteridos?

No imagino una respuesta franca a esta pregunta. Ni tampoco convincente. El nacionalismo llevado a ultranza, cuando supera los límites razonables del patriotismo, que por supuesto reconoce y protege el autogobierno territorial constitucional, cae en las redes emocionales del pensamiento mítico, que identifica la felicidad individual de los nacionalistas con la independencia. Se construirá un relato que simplistamente encuentra un culpable de los males de la comunidad nacional, España en este caso, y también una solución, infalible y mágica a sus problemas, que es la independencia.

El independentismo es retrógrado: se enfrenta a la dirección política del futuro que demanda espacios cada vez más amplios y que requiere de instrumentos de actuación política poderosos, y no de la atomización enervante e ineficaz. No casa bien con la globalización, precisamente, si podemos decirlo con brevedad.

El independentismo es insolidario: el Estado común es el instrumento adecuado para asegurar un desarrollo homogéneo y equilibrado entre los pueblos de España, las nacionalidades y regiones de que habla la Constitución. Privar a las Comunidades Autónomas de las oportunidades del espacio político compartido es profundamente reaccionario, desde luego incompatible con planteamientos de izquierda y progresistas. De otro lado, la solidaridad es la respuesta que las Comunidades Autónomas más desarrolladas deben a las rezagadas, en justa compensación a las oportunidades que estas perdieron, aportando a aquellas su mercado, así como el capital y la mano de obra correspondientes.

Con todo, y dejando por ejemplo de considerar el insoportable supremacismo en que incurren algunos portavoces del independentismo, al borde de la xenofobia, el principal reproche político a formular contra el independentismo fue su intervención en la revuelta institucional del 2017, cuyos episodios más dramáticos fueron la celebración del referéndum ilegal y la declaración efímera de la independencia de Cataluña, y que pusieron en grave peligro el orden constitucional español, que difícilmente habría podido persistir si la intentona separatista hubiese triunfado. El cuestionamiento de la democracia constitucional no era cosa, como había ocurrido tantas veces en la historia española, de los militares ,la Iglesia reaccionaria, la extrema izquierda revolucionaria o la monarquía cerril. Ahora era el independentismo obstinado el que se cruzaba en medio y se mostraba conforme con la liquidación del sistema democrático que con tanto esfuerzo, y éxito, había instaurado la Constitución de 1978. ¿Cómo puede quererse olvidar esto y, menos aun, negar el legítimo derecho de defensa del Estado ante el atropello cometido?