Illa dio un contrato de Sanidad de 40,5 millones a la empresa del asesor de Ábalos

La conmoción en el Gobierno es total. El 'caso Ábalos', que afecta a su más estrecho colaborador, Koldo García, ha terminado por salpicar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, entonces presidenta de Baleares, y a cuatro ministros o ex ministros que adquirieron las mascarillas con la sociedad relacionada con el asesor de Ábalos. Se trata del ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial.

Un informe de la Oficina Anticorrupción de Baleares sobre la compra de mascarillas a la empresa ligada a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, asegura que la sociedad contrató con el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa la compra de material valorado en 40,5 millones de euros durante la pandemia de covid-19.

El organismo de fiscalización balear realizó un informe sobre todas las adquisiciones de mascarillas y otros materiales sanitarios por parte del ejecutivo de las islas en 2020, en el que analizó entre otros el contrato de 3,7 millones de euros por casi 1,5 millones de mascarillas FFP2 con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la sociedad relacionada con Koldo García.

Al analizar los datos de esa empresa y tras consultar la Plataforma de Contratación del Sector Público, la Oficina Anticorrupción balear constató que la empresa ahora bajo sospecha contrató con el Ministerio de Sanidad la compra de material valorado en 40,5 millones de euros durante la pandemia.

El informe subraya además que la empresa, que tenía como apoderado a Íñigo Rotaeche Lachiondo, uno de los detenidos por presunto cobro ilegal de comisiones, nunca había tenido contratos de suministro de material de protección sanitaria antes de la declaración del estado de alarma.

La sociedad limitada Purdey Investment, que figuraba como administrador único, tenía a su vez como administrador a José Ángel Escorial, quien, según recoge la Oficina Anticorrupción, fue investigado en el caso 'Paradise Papers' por la propia Audiencia Nacional en 2019 en el marco de unas pesquisas sobre posibles pagos de sobornos de la empresa Mercasa a funcionarios públicos en Angola.

Como socio único de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas figura otra sociedad limitada llamada Swalali, cuyo objeto social se refiere al negocio inmobiliario.

Más contratos con Canarias y Baleares, presididas por Torres y Armengol

En cuanto al contrato con el Servicio de Salud de Baleares, en el informe se pone de manifiesto que la administración autonómica abonó a la empresa relacionada con Koldo García 3,7 millones de euros por las mascarillas y casi 57.000 euros por gestiones y transporte.

Los casi 1,5 millones de mascarillas adquiridas llegaron a Palma en la primavera de 2020 y, tras ser analizadas, resultaron ser de calidad insuficiente para ser consideradas de tipo FFP2, por lo que el Gobierno balear acabó reclamando a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas 2,68 millones de euros en concepto de indemnización por sobrecoste.

Las mascarillas quedaron guardadas como reserva en un almacén de la administración pública donde permanecen aún y las arcas públicas de las islas no han recibido el dinero reclamado a la empresa bajo sospecha.

Según las pesquisas de la investigación, que se iniciaron a raíz de una denuncia del PP de Madrid en 2022, algunas comunidades autónomas como Baleares y Canarias contrataron con esa empresa la compra de material sanitario, pero también ministerios como el de Transportes e Interior que, de momento, guardan silencio sobre los detalles de esas operaciones.

El Gobierno de Canarias, presidido entonces por el hoy ministro Ángel Víctor Torres, compró en los primeros tres meses del estado de alarma varios lotes de mascarillas a la sociedad vinculada al caso investigado por importe de 12 millones de euros, en contratos adjudicados de forma directa al amparo de las normas de emergencia dictadas por la pandemia.

Así consta en documentos oficiales del Servicio Canario de la Salud y de la Consejería de Sanidad de la comunidad autónoma consultados por EFE en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Varias los expedientes de adjudicación fueron modificados con posterioridad para hacer constar de forma expresa que esos 12 millones de euros se habían abonado en parte ("se declaran cofinandos") con fondos europeos del programa FEDER.