El juez sitúa a Ábalos como "intermediador" del caso Koldo

El juez que investiga el caso Koldo sitúa a José Luis Ábalos como "intermediario" en las "gestiones" realizadas por su exasesor para tratar de "solucionar" la reclamación de 2,6 millones de euros del Gobierno balear a la empresa de la trama.

En un auto fechado el 7 de febrero, el magistado informa de que hubo reuniones el 10 de enero entre Ábalos y su exasesor. En concreto, en una zona reservada de La Chalana, punto de encuentro de la trama, donde tuvo lugar una reunión de "especial interés" entre ambos.

"Esta reunión de Koldo con Ábalos tiene un especial interés para los hechos investigados habida cuenta de la conversación telefónica mantenida el día anterior entre (Juan Carlos) Cueto y Koldo en la que Cueto le pedía que antes de que se fuese de viaje a Perú el día 11 de enero de 2024, le dijese algo a un tercero. De hecho, Koldo le informaba a Cueto que una de las cosas a tratar con una de las personas que se reunirá al día siguiente –cuando se reúne con Ábalos– era esa", explica el magistrado.

El juez que investiga el caso Koldo desveló este miércoles que el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, tenía "un pase especial" en el ministerio de áBalos y de hecho supo de antemano que este departamento necesitaba adquirir material sanitario al inicio de la pandemia.

Así se desprende de las intervenciones telefónicas de la causa sobre supuestas comisiones ilegales en contratos públicos para combatir la pandemia en la que está implicado Koldo García.

Aldama y el empresario Juan Carlos Cueto son, según la Fiscalía, los "responsables de hecho" de los contratos de material sanitario adjudicados por 54 millones de euros a la mercantil Soluciones de Gestión, por los que el primero obtuvo, según la investigación, un beneficio de 5,5 millones de euros, y el segundo de 9,6.

Armengol responde

La presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, "jamás" habló con Ábalos sobre las mascarillas del caso Koldo ni de la reclamación que inició para solicitar la devolución de una parte de su importe al comprobar que no se adecuaban al contrato firmado, según han avanzado fuentes cercanas a la presidenta.

Las mismas fuentes niegan que la presidenta recibiera ninguna presión para que se retirara dicha reclamación que se inicia en marzo de 2023.

Armengol se ha mostrado sorprendida por todas las informaciones que están saliendo a la luz y fuentes cercanas a ella reiteran que en todo caso esa intermediación sería con el actual Gobierno de Baleares ya que niega cualquier contacto con ella. Las mismas fuentes inciden en que toda la contratación se hizo de forma legal, fue fiscalizada y los contratos no dependían de la decisión personal de la expresidenta balear sino de la administración al ser una responsabilidad funcionarial.

Por otra parte, avisan que las mascarillas no eran falsas ya que aunque no valían como material sanitario para los hospitales podían tener otro uso.

Según las mismas fuentes, en abril de 2020 el Ministerio de Transportes informa al Gobierno balear que están contratando con una empresa que tiene mascarillas y es el 24 de ese mes cuando la empresa confirma al Servicio de Salud de Baleares que puede surtir 1,4 millones de mascarillas. El Servicio de Salud realiza la contratación el 29 de abril y el 25 de mayo se envían a analizar, "una práctica que el gobierno balear realizaba con todos los pedidos como una comprobación extra para mayores garantías para las personas".

El 8 de junio los técnicos concluyen que las mascarillas no tienen la suficiente calidad para profesionales sanitarios, aunque sí para uso en la calle y por ese motivo se almacenan, por si fueran necesarias, tal y como marcó el criterio de la Organización Mundial de la Salud, y por si se hubiera de realizar una posterior reclamación por incumplimiento parcial del contrato.

En este sentido, fuentes cercanas al gobierno de Armengol reiteran que en que la Intervención de la Comunidad Autónoma de Baleares fiscalizó en 2021 y 2022 más de medio centenar de expedientes, entre ellos el de la empresa vinculada en el caso Koldo, y concluyó que no hubo ninguna irregularidad.

El 20 de marzo de 2023 el director general del Servicio de Salud informa por escrito a la empresa de la reclamación de ese dinero y el 5 de mayo se lanza el expediente de reclamación formal por incumplimiento del contrato y se reclaman 2,6 millones de euros de los 3,7 pagados. Señalan que el informe se deja firmado y la reclamación iniciada, y así se da cuenta de ello se al gobierno entrante del PP.

"El Govern balear fue el perjudicado por la diferencia de precio y por eso reclamó en tiempo y forma", reiteran las mismas fuentes al tiempo que se preguntan "¿por qué el Govern actual dejó caer la reclamación que puso el Govern de Armengol?".