Tozuda realidad

Cada vez es más evidente el afán de Sánchez y sus corifeos por distorsionar la realidad y tratar de llevarnos a entenderla y valorarla como quieren el propio Presidente y sus asesores, tantas veces justo al revés de cómo se nos muestra con evidencia.

Basta repasar el número de votos, por ejemplo, obtenidos por el PSOE en las elecciones legislativas del 23 de julio de 2023, y el de los logrados por el PP y los demás partidos que han llegado a tener representación parlamentaria, para resultar evidente que quien ganó aquellas elecciones fue el PP, que aventajó al PSOE en más de 339 mil votos, 16 diputados en el Congreso y 48 senadores.

Ese hecho se produjo además poco después de unos procesos electorales locales y autonómicos que habían evidenciado un apoyo democrático generalizado en ascenso a las fuerzas políticas de derecha y centro-derecha, con retroceso manifiesto del PSOE y de la izquierda. El PP, en solitario, o con otros partidos, ha pasado a gobernar así, además de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia (con revalidación en 2024) y Murcia, la Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón, Extremadura, Cantabria, La Rioja e incluso –aun como segunda fuerza- Canarias: 12, de las 17 Comunidades Autónomas, que comprenden la inmensa mayor parte del territorio y de la población nacional. Y, de las 5 restantes, el PSOE solo gobernaría en Asturias, Castilla La-Mancha, y –en coalición con grupos de izquierda y nacionalistas vascos- Navarra.

Cuestión distinta es que Sánchez lograra hacerse con el liderazgo del Gobierno al decidir aliarse para ello, como ya venía haciendo, pero con nuevas y mucho más trascendentales cesiones –porque ahora, al bajar el número de los diputados del PSOE, tenía una situación más precaria-, con todos los grupos a su izquierda y con los nacionalistas e independentistas, aunque sean tan de derechas como Junts o el PNV. Es bien conocido que, para lograr el imprescindible apoyo de Junts, Sánchez tuvo que aceptar en particular una amnistía que expresamente se había negado a admitir en sus promesas electorales.

El PP no pudo evitar, ni junto a VOX y otros pequeños partidos, que, no habiendo ganado las elecciones, el PSOE asumiera el Gobierno por llegar a contar con la mayoría parlamentaria necesaria. Pero nada evidencia que el electorado, la ciudadanía, haya querido tener precisamente el Gobierno que ahora tiene. Eso es algo que ha negociado el Sr. Sánchez, que, con el voto recibido por el PSOE, tenía abiertas también otras posibilidades, más usuales además en las prácticas democráticas del común de los países europeos.

Que el PP y otros partidos de la oposición vengan efectivamente oponiéndose a este Gobierno y muy en especial a algunas de las graves cesiones que ha hecho Sánchez a sus aliados para lograrlo, es algo completamente normal en cualquier democracia, y más si es parlamentaria. Ninguna necesidad hay de atribuirlo a que lo hacen porque no hayan aceptado el resultado electoral. A lo más, será porque no aceptan el manejo que ha hecho Sánchez del resultado electoral. Pero ni eso: lo hacen, simplemente, porque han sido elegidos para ello: para sostener unos programas –los suyos- y oponerse en lo posible –siempre con sujeción a las reglas- a los contrarios o tratar de dificultar su efectividad o de reducirla mediante el logro de transacciones y acuerdos si ello es posible. Exactamente lo mismo que ha hecho el propio Sánchez y el PSOE cuando han estado en la oposición. No aceptar un resultado electoral es algo contrario a las más elementales exigencias del sistema democrático. Pero ejercer una oposición firme al Gobierno y a la mayoría que lo sustente por parte de los demás representantes del pueblo, es algo consustancial a la democracia y que la salvaguarda.

Pocas cosas más negativas para una democracia que erigirse una mayoría –aun tan exigua y endeble como la que ahora sustenta al Gobierno- en supuesta única representación auténtica de la voluntad popular, negando legitimidad democrática a los demás, para hacer lo que justamente les corresponde hacer como legítimos representantes de la ciudadanía, que es vigilar y supervisar lo que haga esa mayoría y el Gobierno que apoya, pedirle cuentas, dificultarle en lo que pueda que saque adelante su programa en contra de cuanto ellos sostienen o sin transacción ni acuerdo alguno que reconozca también algo de lo querido por la parte de la ciudadanía que esa “oposición” representa.

No se apoya ni se defiende la democracia, buscando acallar y ningunear a la oposición, sino todo lo contrario: reconociendo a todos los elegidos democráticamente su condición y sus derechos. El Gobierno democrático tiene que dar cuenta y explicaciones de lo que haga o no haga. Atenta contra la democracia cuando, en lugar de darlas, se revuelve contra los representantes del pueblo que se las pide, tratando de desacreditarles, haciendo juicios de intenciones, acusándole de actuaciones que no vienen al caso o cuyo control corresponde a otros órganos, etc. Eso sí que degrada la democracia y la embarra.

Es, además, hipócrita aceptar el apoyo y hacer acuerdos con quienes han delinquido gravemente contra la democracia o apoyado esa delincuencia, y tratar de levantar muros de contención contra quienes carecen de esos antecedentes, tildándolos de amenaza a la democracia, simplemente porque tienen opiniones y objetivos políticos adversos, aunque sean constitucionales y democráticos.

La renovación del Consejo General del Poder Judicial, por otro lado, y por poner otro ejemplo, es cosa principalmente de dos, pero el PSOE y el Gobierno viene inculpando exclusivamente al PP del bloqueo. ¿No tienen ellos también parte importante de culpa? La culpa habría que repartirla, cuanto menos, por partes iguales, pero, dada la mayor capacidad operativa y la mayor responsabilidad que hay que presumir en el Gobierno, cabría decir que en realidad es él y el partido o partidos que le sustentan quienes tienen una culpa mayor. Porque, aun bajo la cuestionada regulación actual, no es creíble que no se pueda llegar a un acuerdo, a poca voluntad de buscarlo que se tenga con disposición leal de hacer las cesiones necesarias, en el bien entendido de que ningún acuerdo entre posiciones contrarias es posible sin cesión razonable por ambas partes. Pero es que, además, hace tiempo que podría haberse promovido la aprobación de una regulación que fuera aceptable para todos, que garantizara que la designación de los vocales del Consejo no fuera a quedar dominada, sin freno, por una mayoría parlamentaria simple y por el Ejecutivo o por una determinada corriente judicial predominante. Y es, de nuevo, el Gobierno y quienes le sustentan el principal culpable de que no se haya dado paso alguno en esa dirección. Hay ciertamente, a lo que parece, una negativa del PP e incluso de importantes sectores de los jueces a dejarse avasallar por la pretensión de la izquierda de señorear cuanto se refiere al Poder Judicial. Con solo demostrar el Gobierno, o el principal partido que le sostiene, una efectiva voluntad democrática y constitucional de renunciar a tal dominación –sin necesidad de admitir con ello otra dominaciones también rechazables- seguramente concluiría ese llamado “bloqueo”.

La realidad no cambia por la insistencia en disfrazarla. El lenguaje puede desorientar al observador, pero antes o después, la realidad se impone, porque está ahí y cualquiera puede acceder a ella sin mediaciones distorsionantes.

Las próximas elecciones europeas, en las que difícilmente van a ser más determinantes las cuestiones o alternativas europeas que las nacionales, van a expresar de manera relevante el grado de percepción efectiva, por parte de la ciudadanía, de la realidad política que representa lo que es y lo está haciendo el actual Gobierno de Sánchez y sus aliados. Por más que veamos aún no pocos y poderosos esfuerzos por dar una imagen de sí mismos y de sus adversarios calculadamente irreal, que confunda a los votantes.