El Consejo de Ministros aprobará este martes la destitución de la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, por los presuntos contratos amañados relacionados con este organismo público. Será sustituida por la socióloga feminista Cristina Hernández.
Su cese llega días después de que El Español publicara que García y su pareja habrían obtenido 64 contratos de municipios gobernados por el PSOE para gestionar los puntos violeta.
Desde que se conoció la noticia, tanto Podemos como Sumar exigieron al Ejecutivo su destitución mientras el PP registró una batería de preguntas en las Cortes para pedir explicaciones.
Preguntado en directo en RNE sobre la destitución de García, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha valorado positivamente la decisión, pero ha considerado que el Gobierno "ha tardado demasiado" en tomarla al tiempo que ha destacado que el caso de García "tiene similitudes" con el caso Begoña Gómez.
La propia García ha ha denunciado una "cacería" contra su persona, ha negado haber utilizado su cargo para enriquecerse y ha vinculado la destitución a sus críticas a la ley trans. En un comunicado publicado en X, García ha anunciado que hará valer todos sus derechos "para dejar claro" que su conducta y la de su mujer, Elisabeth García, se ha "ajustado siempre a derecho" y que por eso no ha dimitido.
"Tengo la conciencia muy tranquila de no haber utilizado nunca mi cargo para enriquecerme, ni poco ni mucho, ni para favorecer a mi esposa. (...) Siento el injustísimo daño que debe asumir en su actividad profesional quien no ha hecho nada ilícito, por la sola circunstancia de que su cónyuge sea alto cargo", ha asegurado.
García ha lamentado que su cese haya venido motivado por "pseudoinformaciones periodísticas que presentan torticeramente hechos lícitos" y ha señalado que en su caso se ha confundido la libertad de información con un "instrumento hábil para destruir al adversario político".