La democracia “americana”

Dentro de tres años, la Constitución de los Estados Unidos de América cumplirá sus 240 años. No hay en el mundo ningún sistema político constitucional y democrático con tanta veteranía y permanencia. Él ha sido, además, en realidad la referencia en la implantación del constitucionalismo y de la democracia, progresivamente, en el mundo, empezando por Europa. La Revolución Francesa no es inteligible sin el precedente americano, aunque buena parte de las ideas que lo inspiraron hubieran salido de la Europa continental y del Reino Unido.

Los Estados Unidos comenzaron su andadura como tales ya en 1776, cuando las trece colonias británicas asentadas en el este de Norteamérica, entre el Atlántico y los Apalaches, se declararon independientes, fueron estableciendo enseguida sus propias Constituciones escritas como Estados, y constituyeron entre ellos una Confederación, finalmente ratificada por todos ellos en 1781.

Reunida una Convención de sus representantes en Filadelfia en 1787 para revisar los Artículos de la Confederación, decidieron dar un salto trascendental, fundando el primer Estado federal, propiamente dicho, de la Historia. Sería constituido en nombre del conjunto del Pueblo de los Estados federados y de estos mismos, dotándose de la memorable Constitución que ha permanecido hasta nuestros días, aun complementada, y a veces modificada, con sus 27 enmiendas, varias de ellas de pocas líneas.

Esta federación americana ha dado pruebas de su gran solidez, encajando el enorme incremento en extensión, población y diversidad que ha comportado pasar progresivamente –sin entrar ahora en valoraciones sobre ese proceso- de los 13 Estados originales a los actuales 50, que comprenden todo un inmenso territorio del Atlántico al Pacífico, más las islas Hawai y Alaska.

Su capacidad de resistencia y de preservación de sus principios y reglas democráticas y garantes de la libertad se ha puesto a muy difícil prueba en distintos momentos de su historia: baste recordar los tiempos del General Jackson, los muy duros años de la guerra civil (a cuyo término una bala acabaría con la vida de Abraham Lincoln, quien había logrado hacer prevalecer la continuidad constitucional), la gran crisis de los años treinta del pasado siglo (en la que un Franklin Delano Roosevelt llegó a dejarse llevar por afanes intervencionistas y veleidades corporativistas, con algún intento incluso de “someter” al Tribunal Supremo), los problemas del liderazgo mundial desde la II Guerra mundial, con sus sucesivas diversas fases, de confrontación con el comunismo promovido por la Unión Soviética en muchas partes del mundo y, en particular, la guerra de Vietnam, y luego, a partir del paso a los noventa del pasado siglo, en los nuevos escenarios que se han producido desde entonces.

La democracia federal americana encauza la representación del pueblo en el Estado federal de la Unión, por la vía directa de la elección del Presidente, jefe del Ejecutivo cada 4 años, y, a la vez, por la elección popular directa cada dos años de quienes forman la Cámara de Representantes del Congreso, y cada seis, de dos senadores por Estado para la cámara alta o Senado del Congreso.

Sabida es la importancia dominante que tienen los que, desde hace ya muchos años, son los dos grandes partidos políticos en toda la Unión: el republicano –de tendencia conservadora- y el demócrata –desde hace años de tendencia progresista y “liberal” (en el sentido libertario que allí tiene este adjetivo). Pero es muy importante tener en cuenta que esos partidos americanos carecen de la estructura fuertemente jerárquica que caracteriza a los partidos europeos, particularmente en el ámbito continental y en concreto en España. En los partidos americanos es impensable el omnímodo “ordeno y mando” interno a que nos tienen acostumbrados los partidos por estos lares.

La democracia americana está por ello mucho mejor asegurada contra todo posible monopolio autocrático del Poder. Que uno de los partidos logre a la vez la Presidencia de la Unión y la mayoría, incluso holgada, de las dos Cámaras del Congreso, implica en realidad menos riesgos de autocracia que los inherentes a los gobiernos parlamentarios europeos continentales de mayoría absoluta de un partido o de una coalición de partidos (sobre todo cuando incluye pequeños partidos que no pueden albergar mejor modo de participar en el Poder).

Ningún Presidente americano tendrá el poder sobre los senadores y representantes o diputados de su partido, que tiene un Presidente europeo continental sobre los del suyo y, en su caso, sus coaligados. Los representantes y senadores americanos se deben mucho más directamente a sus electores y suelen tener su propia personalidad e independencia, por lo que no es infrecuente que, durante sus mandatos, no sigan necesariamente lo que preferiría el Presidente o la mayoría de su partido.

Por otro lado, aunque el nombramiento de los jueces federales, y en particular de los 9 del Tribunal Supremo (que lo es también en lo constitucional), corresponde al Presidente con el voto favorable del Senado, el carácter vitalicio en concreto de estos 9 les dota de un grado de independencia personal que no está garantizado a quienes, como en el caso de los 12 del Tribunal Constitucional español, han de reincorporarse a su vida profesional y social –o incluso eventualmente política- tras los nueve años que dura su mandato, sobre todo si fueron nombrados relativamente jóvenes, con menos de 61 años.

Todos los jueces de cualquier tribunal tendrán siempre su escala de valores y un determinado modo de entender el mundo, la sociedad, la Constitución y las leyes. Pero, en la medida en que su personalidad y su criterio sean más fuertes y propios, y cuenten con un estatus previo de reconocimiento más asentado y general, darán, sin duda, más garantía de verdadera independencia, aunque todo el mundo pueda saber cuáles sean sus criterios y preferencias generales.

El actual Tribunal Supremo americano cuenta con una mayoría de jueces, incluido su Presidente John Roberts, nombrados por Presidentes republicanos, pues solo 3 lo fueron por Presidentes demócratas: tres de las cuatro mujeres del Tribunal, una de ellas hispana, Sonia Sotomayor, otra afroamericana, la Sra. Jackson, nombrada por Biden en 2022, y Elena Kagan, de ascendencia eslava, que, como la Sra. Sotomayor en 2009, fue nombrada por Obama en 2010. De los 6 nombrados por Presidentes republicanos, los más antiguos son el afroamericano Clarence Thomas, designado en 1991 por Bush padre, y el Presidente Roberts y Samuel Alito, nombrados por Bush hijo en 2005 y 2006 respectivamente. Los otros 3 –Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Barret los nombró el Presidente Trump en 2016, 2017 y 2020, respectivamente. Si se conocen sus currículos profesionales y lo que vienen siendo sus opiniones en el Tribunal, ninguna duda seria puede caber de que siempre harán lo posible por salvaguardar el orden constitucional democrático americano, sin servilismo de ningún tipo hacia el Presidente, aunque sea el que les nombrase o del mismo partido del que les nombró. Muchas menos dudas, desde luego, de las que suscita una composición como la actual del Tribunal Constitucional español, nunca hasta ahora con tantos magistrados que no proceden de la cúspide judicial o académica o que acababan de estar trabajando políticamente, cuando fueron nombrados, al servicio de quien sigue al frente del Gobierno. Esto último también se dio en el caso de la jueza americana Elena Kagan, que, con todo, había sido antes Decana de la Escuela de Derecho de Harvard, pero nada hay de ello en los jueces del Tribunal americano designados por Presidentes republicanos.

La vuelta de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos podrá gustar o disgustar, infundir temores y recelos o satisfacción y esperanzas. El manifiesto apoyo ampliamente mayoritario que ha obtenido revela en cualquier caso una gran movilización ciudadana. Probablemente una buena parte de quienes han apoyado al ex-Presidente republicano no compartan la integridad de sus propuestas y menos aún algunos de sus gestos y palabras, pero están hartos del poder e imposiciones de un amplio conglomerado económico, “intelectual”, cultural, mediático y político que representa ahora el partido demócrata y encarnaba su final candidata. El voto triunfador, como tantas veces en la historia de las democracias, es seguramente más “contra” que “a favor”, con lo que ello tiene de condicionado. Aunque, sin duda, hay también confianza en lo que hay detrás de Trump, en la gente que le rodea y en las ideas principales de su programa, aunque puedan no compartirse por entero. El perfil de Vance, el vicepresidente, no habrá dejado de jugar un papel bien relevante en ese sentido.

Lo que, en modo alguno, hay que suponer en riesgo es la democracia y la solidez estable de todo el sistema institucional americano. Nadie ignora que no es perfecto, y que, como en tantos otros países –y con la gravedad y dimensión de un país tan enorme y poderoso-, no faltan ni probablemente faltarán incidencias de corrupción, y menos aún errores y desaciertos. Pero la articulada estructura de ese sistema constitucional seguirá evidenciando su ya bien acreditada capacidad de reacción y respuesta para salvaguardar, cuanto menos, su íntegra subsistencia. Puede que incluso con más éxito y fecundidad que en otras etapas.