Nueva maniobra del Gobierno contra la independencia judicial y la separación de poderes

El Gobierno ha aprobado este martes un anteproyecto que modifica la ley del Poder Judicial, del año 1985, que contempla un sistema público de becas de cuatro años de duración por el valor del salario mínimo interprofesional (SMI) para todos los opositores que quieran acceder a la carrera judicial y que prohibirá también la financiación privada de las asociaciones judiciales.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha detallado el contenido de este anteproyecto con el que el Ejecutivo pretende modificar de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal para adaptarlo a las necesidades del siglo XXI.

La reforma tiene cinco prioridades: promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera judicial y fiscal; buscar la excelencia y adecuar los sistemas de acceso en la carrera judicial al siglo XXI; ampliar el número de personas que forman parte tanto de la carrera judicial como de la carrera fiscal; garantizar el desarrollo de una promoción profesional plena; y reforzar la transparencia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado ya a la iniciativa del Ejecutivo. Lo ha hecho en la red social X en estos términos: "Imponen otra reforma de profundo calado para seguir maniobrando contra la independencia judicial y la separación de poderes. Pasito a pasito de manera inexorable hasta que nada quede libre".

Órganos judiciales

Según informa El País, el Gobierno busca garantizar la “pluralidad” de la comisión de ética judicial y de las salas de gobierno de los tribunales para evitar que dichos órganos sean copados por determinadas asociaciones judiciales como es el caso de la APM, mayoritaria y conservadora.

Con la reforma de la ley, el Ejecutivo plantea cambios en la composición de dichos órganos para que pasen a estar formadas por nueve miembros: cinco elegidos por la carrera judicial y cuatro no judiciales elegidos por el Congreso.