La presidencia desquiciada y su control

Cuando consideramos el estropicio de la presidencia de Trump nuestro estupor no tiene límite. Pensábamos, por ejemplo con Weiler, que el liderazgo de los Estados Unidos no solo se manifestaba en el ámbito económico o militar, sino también en lo moral. Los Estados Unidos además de la primera potencia económica y disponer de una superioridad incontestable en su armamento, creíamos que eran capaces de dar ejemplo entre las democracias occidentales. Podía hablarse, como hizo el profesor aludido en una intervención excelente en la Universidad Autónoma, de Los Estados Unidos como un modelo moral, la realización más efectiva del Estado de derecho. Mi generación tardó mucho en reconocerlo aferrándose a la dimensión exclusivamente imperialista de este país. América era, admitíamos con desgana, la libertad, o sea, el rechazo de la dictadura y el totalitarismo; pero también la negación del estado intervencionista y nivelador que muchos queríamos. Nuestra reconciliación con América tiene que ver con las lecturas de Arendt o Tocqueville, sobre la revolución y el Federalista, pero también con la admiración del liderazgo de los presidentes Roosevelt, Kennedy, u Obama. ¿Qué queda de estas referencias cuando se contempla el horizonte mental de Trump y sus maneras vulgares de conducirse? .¡Cómo no añorar, si se echa la vista atrás, por ejemplo, la sofisticación y preocupación por la suerte de la República de los presidentes John Adams y Thomas Jefferson en los comienzos del siglo XIX!

Nos gustaría saber la idea de justicia del actual Presidente y si hay espacio en su visión de la política fuera del egoísmo nacionalista y la arbitrariedad.

Sorprende, en segundo lugar, el alcance del repliegue nacionalista de Trump, su creencia de que es posible renunciar a la implicación internacional de los Estados Unidos y su dedicación exclusiva a los asuntos internos, como si se ignorase que la seguridad interna de los Estados Unidos depende de un clima exterior justo, en cuya causación y mantenimiento es capital la contribución americana. Así que es falaz la contraposición entre los intereses nacionales y los internacionales. La tranquilidad americana frente al terrorismo o su liderazgo en la economía mundial requieren de una correcta política internacional. Promover la democracia, establecer las condiciones de un orden económico mundial progresivo y justo, e impedir actuaciones contrarias al derecho internacional, son objetivos justificados desde una escala de valores occidentalista pero también responden a un sistema de relaciones internacionales que es el más conveniente a los intereses verdaderos de los Estados Unidos. Como advierte The Economist, El Sr. Trump cree que Estados Unidos puede abandonar parcial o totalmente a Europa y tal vez también a sus aliados asiáticos. Dice que tiene un "hermoso océano como separación". Sin embargo, las guerras ahora involucran el espacio y el ciberespacio. Lo que es más, cuando Estados Unidos quiere proyectar poder duro o defender su patria, depende de la ayuda aliada, desde la base aérea de Ramstein en Alemania y la estación de señales de Pine Gap en Australia hasta el rastreo de misiles en el Ártico de Canadá.

La cuestión es, una vez superado el susto de las maneras disruptivas de Trump y la amplitud desconcertante de sus medidas, si existirá un dique de control a la actividad presidencial desmadrada: expulsión de emigrantes en situación irregular, desmantelamiento de oficinas y juntas administrativas, negación del derecho de ciudadanía constitucional según el ius soli, congelación de partidas presupuestarias, etc. La verdad es que hasta este momento la actuación judicial y las resistencias de las autoridades de los estados han paralizado la ofensiva. Los tribunales le han impedido detener la financiación federal, cerrar USAID, eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, dar al Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk acceso a información sensible sobre millones de personas en poder del Departamento del Tesoro, e imponer un plazo del 6 de febrero para que los empleados federales acepten su compra o indemnización ilegal. “Los tribunales, concluye Cole, hayan sido nombrados por los republicanos o los demócratas, en su mayoría están haciendo su trabajo, poniendo freno a los excesos sin precedente del poder presidencial”. Esto no debería sorprender, después de todo la estructura del Estado de derecho americano está pensada para limitar el poder. Los fundadores establecieron, apunta el profesor David Cole en su “Unhinged Presidency” de The New York Review of Books,11 de Febrero, citado, es un gobierno nacional dividido, así como jueces independientes y un sistema federal que contendría al poder de la Federación y al poder presidencial en particular. Como la Corte Suprema lo estableció de manera premonitoria en 1866 en una decisión que invalidaba el intento de Abraham Lincoln de procesar a un civil en un tribunal militar, las restricciones son necesarias ya que “hombres malvados ambiciosos de poder que odian la libertad y expresan el derecho pueden ocupar el sitio que una vez tuvieron Washington y Lincoln”.

Claro que la cuestión es averiguar cómo se comportará finalmente el Tribunal Supremo cuando tenga que pronunciarse sobre los impedimentos judiciales a las decisiones del Presidente, máxime cuando se ha hecho explícita la voluntad del Gobierno, advirtiendo a los jueces por boca del Vicepresidente Vance, de que no se opongan al legítimo poder del ejecutivo.

Tal vez en el actual Tribunal presidido por el conservador Roberts predomine la interpretación prudente (originalista si se quiere ver así) de la Constitución, donde no hay espacio para la aplicación de poderes implícitos del Presidente; o tal vez se confirme la reciente orientación del Tribunal reconociendo un poder de remoción del Presidente para prescindir de sus subordinados. Cierto que el Tribunal Supremo últimamente se ha inclinado de modo harto deferente por acordar a la presidencia un poder centralizado y consolidado sobre la rama del ejecutivo, por no hablar de su última doctrina confiriéndole la inmunidad incluso en caso de conducta criminal para no dificultar el desempeño de las atribuciones del cargo.