El juez del 'caso Begoña Gómez' imputa por presunta malversación al delegado del Gobierno en Madrid

El juez que investiga a Begoña Gómez ha citado a declarar como investigado al actual delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín Aguirre, por su posible participación en la contratación de la asistente de la mujer del presidente del Gobierno.

En la diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso EFE, el magistrado admite parcialmente una querella interpuesta por Vox y cita para el 14 de mayo a Francisco Martín Aguirre como investigado por presunta malversación de caudales públicos en relación con la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez.

Sin embargo, el juez no ve indicios de delito en la actuación de Begoña Gómez ni de Cristina Álvarez, ambas investigadas en la causa central, como sí argumentaba Vox en su querella.

En esta pieza separada declaró el pasado mes de abril, como testigo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que era secretario general de Presidencia del Gobierno cuando se nombró a Cristina Álvarez en 2018, y al que mencionaron en sus declaraciones tanto esta investigada como quien propuso su nombramiento, el exvicesecretario de Presidencia Alfredo González.

Ahora el juez Peinado se pronuncia sobre una querella presentada por Vox el pasado mes de enero -y que recayó inicialmente en otro juzgado-, contra Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Francisco Martín por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

En ella se especifica que el actual delegado del Gobierno era en julio de 2021 secretario general de la Presidencia del Gobierno, "siendo el responsable y superior jerárquico de Cristina Álvarez", que ejercía como asesora de Begoña Gómez.

El juez Peinado concluye, tras exponer jurisprudencia al respecto, que "sí que procede admitir a trámite la querella respecto del querellado Francisco Martín Aguirre, por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez Rodríguez, para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez Fernández, con cargo a los presupuestos generales del Estado, y por tanto con fondos de naturaleza pública".

Explica que, en cambio, "no se alcanza a percibir en qué medida la destinataria del nombramiento (...), por desarrollar el trabajo que se le viene encomendando y percibir la cantidad que tiene asignada, pueda tener responsabilidad penal alguna en la presunta malversación".

Y añade que "lo mismo ha de decirse de la querellada Begoña Gómez Fernández, que sin indicios de participar en el nombramiento, ni en el pago de los emolumentos de Cristina Álvarez Rodríguez, limitándose a hacer uso de sus servicios profesionales, aunque para fines personales, no se alcanza a percibir responsabilidad penal alguna en dichos hechos".

Sobre el presunto delito de tráfico de influencias, el magistrado no ve posible atribuirlo a ninguno de los tres querellados "al no conocerse quien ha podido llegar a influir, y ejercer su prevalencia moral, o intimidatoria, en la persona que ha decidido realizar el nombramiento de Cristina Álvarez Rodríguez".

En cuanto al delito de prevaricación administrativa, el juez también lo rechaza al concluir que "no puede entenderse que (los hechos denunciados) vayan más allá de una irregularidad en el nombramiento, por omitir trámites que obvian o prescinden de los procedimientos reglamentariamente establecidos, pero no que excedan de la infracción administrativa".

Esta decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que es recurrible, ha trascendido después de que este mismo martes se conociera que el magistrado ha ordenado a la Universidad Complutense que informe sobre la contratación de la que fue coordinadora del máster que dirigió Begoña Gómez, Blanca de Juan de Castro, detallando cuál fue el proceso de selección, sus funciones y su retribución.

En una providencia, el magistrado solicita información a la institución académica sobre Blanca de Juan de Castro, quien ya declaró como testigo ante el juez el pasado 26 de febrero en relación con el máster que dirigió Begoña Gómez.

Las preguntas del magistrado Juan Carlos Peinado se refieren a "dónde tenía físicamente su puesto de trabajo", "cuál fue el proceso de selección para su contratación", "cuáles eran las funciones que tenía encomendadas y "qué retribución tenía y con cargo a qué partida presupuestaria".

Blanca de Juan coordinaba los dos másteres que dirigía Begoña Gómez, el de Fundraising y el que investiga el juez, el de Transformación Social Competitiva.

El juez Juan Carlos Peinado investiga a Begoña Gómez por cuatro supuestos delitos -tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional- en una causa en la que también están imputados el empresario Juan Carlos Barrabés, el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, el exconsejero madrileño y actual directivo del Instituto Empresa Juan José Güemes, y la asesora de Gómez, Cristina Álvarez.

La próxima semana, el día 14 de mayo, Peinado tiene previsto tomar declaración al responsable de personal de Moncloa cuando se nombró a Cristina Álvarez, así como a responsables de diferentes empresas que financiaron el software que se creó en el seno del máster que codirigió la mujer del presidente del Gobierno.