La pareja de Ayuso pide al Supremo procesar ya al fiscal general

Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al juez procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por un delito de revelación de secretos.

En un escrito de 68 páginas, al que ha tenido acceso EFE, el letrado de González Amador pide al magistrado del Supremo Ángel Hurtado que dicte el auto de procedimiento abreviado (equivalente a procesamiento) para enviar al banquillo a los fiscales una vez se han practicado todas las diligencias de instrucción.

Para ello se apoya en el informe de la UCO del móvil de Rodríguez, que subrayó la "participación preeminente" del fiscal general en la filtración de los correos sobre González Amador; así como en la declaración de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra.

Lastra dijo al juez que la mañana del 14 de marzo de 2024 tuvo una conversación telefónica con García Ortiz en la que trataban de la publicación de la nota informativa cuando, tras leer las informaciones en prensa, le preguntó en tono de reproche: "¿Álvaro, esto lo has filtrado tú?". "Eso ahora no importa", le contestó.

Asimismo, destaca el borrado de los móviles del fiscal general y de su cuenta de correo electrónico, lo que evidencia, en su opinión, que "lo único que ha pretendido García Ortiz es que no se conozca la verdad de los hechos que él y las personas que le auxiliaron protagonizaron entre los días 7 y 14 de marzo de 2024".

Porque "pese a los escollos procesales a superar derivados de la continua actividad de destrucción de pruebas y soportes (en paralelo a generación de noticias falsas), se conocen con un detalle apabullante los hechos protagonizados por el recurrente de revelación de cuantos datos personales, información y documentación relacionada con González Amador han pasado, sin tener que hacerlo, por sus manos por ser fiscal general del Estado".

"Resulta imposible concebir una actuación de las autoridades constitucionales y legales de fiscal general del Estado y fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid de mayor apartamiento de sus deberes constitucionales y legales de secreto, reserva y sigilo mediante su sustitución por una continuidad de revelaciones".

Considera que ambos "habrían revelado, transmitido y difundido a terceros (medios de comunicación y público general)" la denuncia de la fiscalía, el expediente tributario de la pareja de Ayuso y los correos intercambiados entre el abogado Carlos Neira y el fiscal Julián Salto.

Y que "sacralizaron institucionalmente las anteriores revelaciones e incluyeron una nueva revelación (e-mail de 12 de febrero de 2024) para ganar el relato político", lo que se produjo "por tratarse de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid".

"Nadie duda de que de haber mantenido una relación sentimental con cualquier otra persona o no haber mantenido ninguna, jamás se habrían producido las conductas de los investigados, ni los hechos delictivos que nos ocupan, ni habría padecido las consecuencias de esas delictivas conductas de los investigados por ser "la pareja sentimental de la Presidenta de la Comunidad de Madrid" (así se referían a él en la primera versión de la nota de prensa).

Por tanto, subraya que se han vulnerado sus derechos fundamentales a la intimidad, a la presunción de inocencia y al derecho de defensa, "antes incluso de que el procedimiento penal se iniciara".

La fiscal madrileña pide el sobreseimiento de la causa

Por su parte, la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, ha pedido el sobreseimiento de la causa del Tribunal Supremo en su contra, al entender que no hay "indicios sólidos de responsabilidad penal" y que solo siguió las órdenes del fiscal general del Estado "con absoluto apego a la legalidad".

En un escrito, su defensa pide al juez Ángel Hurtado el sobreseimiento libre o provisional de la causa en su contra y señala que el secreto de esas comunicaciones entre el fiscal y el abogado de González Amador se rompió cuando el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, las divulgó.

La fiscal jefe, argumenta su representante, únicamente atendió las órdenes del fiscal general "dentro de sus competencias y obligaciones, con absoluto apego a la legalidad aplicable". Y destacan que es lo habitual en las relaciones jerárquicas de la carrera fiscal, como recoge además el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

El escrito repasa las actuaciones de la fiscal jefe, que pidió los correos intercambiados con el abogado de González Amador tras publicar El Mundo una información sobre esta comunicación, se los remitió a su superior y tuvo "nula participación", según su representante, en la difusión de una nota de prensa que aclaraba el caso, sin que se le informase de que se iba a publicar.

Su defensa considera "un hecho plenamente acreditado" que la fiscal jefe "no filtró, no difundió ni comunicó información alguna a la prensa o persona o institución ajena al Ministerio Fiscal" y apunta que ni Rodríguez ni el fiscal Salto -que interpuso la denuncia por fraude fiscal- sabían ni sospechaban que los correos pudieran ser objeto de filtración alguna, una filtración que no considera acreditada.

Respecto al visto bueno del texto de la Fiscalía, su defensa lo enmarca en un proceder habitual y destaca que Rodríguez "se limitó a dar su conformidad sobre un texto ya redactado, que no se identificaba como nota de prensa, y que difería de lo posteriormente publicado".

El escrito destaca un mensaje en el que Rodríguez sostiene que no deben comentar "nada del asunto" del novio de Ayuso y señala además que "no existe ningún indicio" de que se concertara "con nadie para divulgar correo electrónico alguno".

También considera su defensa que no se puede producir un delito de revelación de secretos, debido a que esas conversaciones "que nunca debieron trascender de la relación fiscal-letrado", "dejaron de ser secretas" cuando el abogado de González Amador se las hizo llegar a su cliente y este se las remitió al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, "que, a su vez, lo divulgó."

"No puede considerarse secreto lo que ya ha sido divulgado, y una vez que se ha hecho público, la protección penal contra revelaciones indebidas debe decaer", sostiene además este escrito, que tampoco considera probado que la filtración de un correo fechado a 2 de febrero de 2024 procediera de la Fiscalía General del Estado.