La Justicia ha sentado en el banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. No voy...
La Justicia ha sentado en el banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. No voy a entrar en consideraciones jurídicas ni cuestionar la presunción de inocencia. Está claro que el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, después de un riguroso procedimiento, ha encontrado indicios de delito y ha decidido procesar al fiscal general del Estado.
Ya era comprometido que, fuertemente cuestionado, el señor García Ortiz se mantuviera en el poder, pero está claro que tras la decisión del juez no puede continuar ni un minuto más. Me he negado a hacer leña a lo largo de los últimos meses de la situación del fiscal general, a la espera de la decisión del juez. Tal vez por eso me siento con autoridad robustecida para solicitar desde este diario digital El Imparcial la dimisión inmediata de un hombre que por razones de ética elemental no puede continuar en el ejercicio de las funciones que corresponden a la Fiscalía General del Estado.
Y sin anticipaciones ni manipulaciones. La presunción de inocencia acompaña al fiscal general en el complejo procedimiento que ahora se pone en marcha. Es necesario esperar a lo que el juez sentencie y después a los recursos que puedan producirse. Lo que no debe demorarse es que el señor García Ortiz se aparte del puesto que ahora desempeña.
Su dimisión robustecerá al Estado de Derecho y dejará claro ante la opinión pública que ningún ciudadano está por encima de la ley. La democracia pluralista plena de la que disfruta España quedará consolidada y robustecida con el apartamiento del fiscal general, y la opinión pública se sentirá satisfecha. Es de esperar que no se busquen añagazas y despropósitos para continuar una situación a todas luces insostenible desde el punto de vista ético, desde la exigencia democrática.
