La vivienda y la gran dejadez (compartida) de los políticos

Estamos en el siglo XXI, con espectaculares avances tecnológicos, informáticos y en inteligencia artificial, y no tenemos todavía en España un Mapa integral de la edificabilidad, base necesaria para una toma de decisiones urgentes con las que afrontar el problema de la vivienda. De nada sirve que la vivienda sea el principal problema y preocupación de los ciudadanos según el Barómetro del CIS y otras encuestas sociales, y que la situación actual genere todo tipo de limitaciones, injusticias, restricciones a la estabilidad familiar y personal, así como una insostenible imposibilidad de una buena parte de la población a disponer de un hogar. La realidad es que existe una evidente falta de voluntad y una clara dejadez (compartida) respecto a este problema por parte de nuestros representantes políticos en las distintas instituciones y administraciones públicas competentes.

En estos momentos existe un desproporcionado desajuste entre la oferta y la demanda de vivienda, siendo ésta significativamente mayor que aquella, lo que hace imposible en muchas zonas el acceso a la vivienda, sea comprada o alquilada, para una parte importante de la población, y en especial los jóvenes. Recordemos que el Banco de España señala que en los últimos cinco años se han creado en España una media de 200.000 hogares al año, mientras que solo se han construido 100.000 viviendas al año, datos que reflejan claramente la magnitud del problema, y que contribuye a que los precios se hayan venido disparando en estos últimos años; ello origina con frecuencia además, y entre otras cosas, un importante hacinamiento de personas (individuales o incluso familias) en una misma vivienda, hecho realmente frustrante e inadmisible en una sociedad como la nuestra.

Para poder aumentar de forma considerable la oferta y construcción de viviendas, habría que incrementar en numerosas zonas de forma tan rápida como importante el suelo urbanizable, así como agilizar significativamente los trámites de edificación en el suelo que ya es urbanizable.

En nuestro país no existen ni se publican incomprensiblemente datos individualizados por municipios de dicho suelo urbanizable, ni tampoco agregados y estructurados a nivel nacional. Es por ello que estimamos urgente la existencia del citado Mapa integral (y además público y accesible para todos) con los datos de los suelos urbanizables y no urbanizables en cada uno de los más de 8100 municipios, información realmente estratégica y necesaria para que la clase política pueda tomar las decisiones urgentes sobre el aumento de sueldo edificable y el impulso político de la construcción de nuevas viviendas en cada ayuntamiento, de cara a disminuir el citado desajuste existente entre la oferta y la demanda de viviendas.

En este contexto los políticos han de ponerse las pilas tanto en el ámbito estatal como autonómico y en lo posible municipal, y actuar de forma compartida y colaborativa entre los distintos partidos y administraciones para poder tomar así las medidas que puedan mitigar al menos este importante problema. Y para eso sería necesario y urgente que llegasen a un acuerdo sobre los aspectos fundamentales y suscribiesen un Pacto de Estado por la Vivienda, acorde con los deseos y las necesidades de los ciudadanos de este país.

Es importante destacar, además, que recientemente la Comisión Europea ha sacado los colores a nuestro país en lo relativo a la vivienda, y ello de una forma compartida y atribuible a nuestros representantes políticos en sus distintos niveles competenciales y partidistas, manifestando la necesidad de que España aborde de forma urgente los numerosos problemas y desafíos existentes en este sector y proceda entre otras cosas a la simplificación de los trámites urbanísticos y de construcción.

Haciendo un breve resumen de las preocupaciones y recomendaciones de la Unión Europea en este ámbito, podemos mencionar las siguientes: a) Aumento urgente de la oferta de vivienda, por lo que insta a España a facilitar y ampliar la disponibilidad de suelo y la construcción de viviendas. b) Reforma urgente de la Ley del suelo, clave para liberar más suelo urbanizable y operativo, lo cual reduciría tiempos, incertidumbre, normativa y facilitaría promociones residenciales. c) Incremento de la oferta de vivienda social y asequible, ya que actualmente solo el 1,5 % de las viviendas construidas en España son de esta naturaleza, frente al 9 % en la Unión Europea, así como un apoyo paralelo con medidas fiscales o de inversión que faciliten proyectos de este tipo de viviendas sociales. d) Reducción de los plazos de tramitación de permisos, ya que en nuestro país la lentitud en la obtención de licencias y permisos de construcción es un obstáculo significativo, siendo necesarios procesos más ágiles que permitan iniciar proyectos de edificación en tiempos razonables. e) Eliminación de obstáculos y simplificación de procesos administrativos y burocráticos, con una reducción de la discrecionalidad en las decisiones administrativas así como una armonización de las normativas entre distintas administraciones: estatal, autonómica y local para evitar duplicidades y retrasos. f) Abordar la escasez de mano de obra en el sector de la construcción, ya que la UE ha identificado la falta de trabajadores cualificados en este sector como un factor que limita la capacidad de aumentar la oferta de vivienda. g) Digitalización y ventanilla única, urgiéndose la implantación de licencias digitales, trámites automatizados y ventanilla única, para aumentar la eficiencia, la transparencia y la reducción de tiempos de gestión. h) Facilitar el crédito para promotores, para lo cual la propia UE ha suavizado los requisitos bancarios para dichos promotores.

Haciendo una breve referencia, por otra parte, a algunos datos concretos en el ámbito nacional, cabe señalar que el 95,3 % del suelo español está clasificado como no urbanizable, siendo suelo urbanizable por el momento solo el 4,7 % del territorio nacional, aproximadamente 5.250 kilómetros cuadrados. Según algunas estimaciones en este suelo urbanizable actual se podrían construir hasta 9,5 millones de viviendas, aunque para llegar a ello de una forma ágil y eficiente habría que poner en marcha entre otras las mencionadas medidas propuestas por la UE. Los anteriores datos, proporcionados por el Sistema de información urbana del Ministerio de vivienda señalan, además, que seis grandes provincias: Madrid, Barcelona, Málaga, Zaragoza, Bilbao y Valencia, concentran el 80 % de la demanda de vivienda, lo que genera en estas provincias una todavía mayor presión sobre el suelo disponible, que como hemos reiterado impulsa notablemente el aumento de los precios.

En resumen, es evidente que queda mucho por hacer y de forma urgente en materia de vivienda, y los responsables de ello son los políticos que tienen las competencias normativas e institucionales, y hasta ahora sus actuaciones dejan mucho que desear. Tenemos claro que no se puede generalizar la crítica a todos y cada uno de los políticos, aunque también es clara nuestra intención de criticar la inadmisible ineficacia colectiva, la permanente falta de consensos, y una evidente dejadez respecto a las verdaderas necesidades ciudadanas de nuestra clase política en su conjunto, que es la que tiene la verdadera capacidad para incrementar la información y la transparencia, y para cambiar muchas de las anticuadas e ineficaces normas legales y administrativas que tanto contribuyen a agravar este importante y prioritario problema social de la vivienda.