El pasado 9 de junio publiqué en esta misma sección de El Imparcial un artículo...
El pasado 9 de junio publiqué en esta misma sección de El Imparcial un artículo titulado García Ortiz, ni un minuto más, en el que hacía una consideración irreprochable: antes de sentarse en el banquillo, el fiscal general debía dimitir. En lugar de hacerlo, García Ortiz interpuso un recurso al que tenía derecho. Quedé a la expectativa, dispuesto, como he hecho a lo largo de toda mi larga vida profesional, a rectificar, pues ahí reside una de las grandezas del periodismo.
El Tribunal Supremo, sin embargo, ha respaldado la posición del magistrado Ángel Hurtado y el fiscal general deberá sentarse en el banquillo de los acusados. No ya las exigencias democráticas, sino el más elemental decoro exige que el señor García Ortiz dimita de inmediato. Ningún ciudadano está por encima de la ley. Escribía yo hace un mes que “es de esperar que no se busquen añagazas y despropósitos para continuar una situación a todas luces insostenible”.
Resulta que el presidente del Gobierno ha anunciado que respalda al fiscal general del Estado y que éste no ha dimitido, abriendo la posibilidad insólita de que veamos sentado en el banquillo nada menos que a la máxima autoridad de la Fiscalía.
El decoro del Estado de Derecho exige la reflexión tanto del presidente del Gobierno como del fiscal general. El respeto a las instituciones democráticas quedaría seriamente vulnerado si se mantienen unas posiciones que ni la opinión pública española ni tampoco la internacional entenderían. La respetabilidad de la Fiscalía General del Estado no se puede arruinar desde el despropósito y el cinismo.
