En el 47 aniversario de la Constitución

Nuestra Constitución cumple 47 años y, pese a los embates a que la tienen sometida, resiste por ahora en bastante buen estado. Otra cosa es que algunos pretendan despreciarla, tergiversarla, prácticamente destruirla, con espurias finalidades, fácilmente advertibles y teóricamente, fácilmente descartables, aunque exista una confluencia interesada entre golpistas y populistas que, por desidia, dejadez o, también, una cierta complacencia que, los gobernantes actuales, parecen subrepticiamente espolear y, sibilinamente, aplaudir.

Eppur si muove…. Resistiendo, resistiendo, podemos preguntarnos qué es lo que nos ha permitido tenerla, y mantenerla. Si volvemos la vista hacia los años en los que se pergeñó, porque para que en unos meses se tuviera el texto, fueron necesarios años de contexto, podemos señalar varios factores. Jurídicamente, aprendimos de los textos constitucionales de otros países que también transitaron de dictadura a democracia, además de las constituciones de aquellos que, tras vencer por las armas al fascismo, elaboraron constituciones de consenso. Socialmente, buscamos un abrazo, como el del cuadro de Genovés que se exhibe en el Congreso, en el que nos fundimos españoles de dentro y de fuera, de izquierda y de derecha, del centro y, creíamos, de la periferia…. Económicamente, conseguimos unos Pactos de la Moncloa en los que sentamos las bases del diálogo social y del tránsito de la economía hacia la modernidad. Y tuvimos un entonces Príncipe de Asturias que, en esos años, pasó de la clandestinidad al trono. Queríamos vivir en democracia y queríamos homologarnos con los demás países de Europa.

Sin embargo, hoy en día, aquello que constituyó un hito, incluso entre las democracias europeas, porque no resultó ser fruto ni de una victoria militar, como sucedió con la derrota de los fascismos en la Segunda Guerra Mundial, ni de una respuesta a los problemas externos creados por los autoritarismos en Grecia y Portugal, está siendo contestada desde nacionalismos y populismos de distinto signo, dedicados a liquidar “el régimen del 78”. Nos encantó la “revolución de los claveles” portuguesa (recordemos a nuestra UMD, tan injustamente tratada) y celebramos el fin de la dictadura de los coroneles griega; en ambos casos un conflicto con gran protagonismo militar encauzó la llegada de la democracia. También fue fruto de una victoria militar la restauración de la democracia en diversos países europeos, cuando se restablecieron o instauraron las democracias derrotando militarmente al fascismo.

Ello no sucedió así en nuestro caso. La política de “reconciliación nacional”, proclamada por el Partido Comunista de España en su Declaración de junio de 1956, en la que declaró solemnemente estar dispuesto a contribuir sin reservas a la reconciliación nacional de los españoles, a terminar con la división abierta por la guerra civil y mantenida por el general Franco, esa política convergió con los acuerdos derivados del Contubernio de Munich, en 1962, protagonizado, entre otros, por liberales, democristianos y socialistas. También estuvieron presentes los monárquicos, primero los del entorno de Don Juan, a la espera de que pudiera fundirse la legitimidad dinástica con la legitimidad democrática.

El franquismo, contrariamente a lo que algunos parecen pretender hoy en día, faltando a la verdad, consciente o inconscientemente, murió con Franco. Con Franco en su cama, pero murió con Franco. Lo sabemos bien, tanto los que defendíamos la ruptura como los que pregonaban la reforma. Converger en la Platajunta, preparar los Pactos de la Moncloa, la Ley para la Reforma Política y las elecciones del 15 de junio de 1977, no fue tarea fácil para nadie, pero los resultados están ahí, haciendo honor a una ciudadanía y a unos políticos que respaldaron sabiamente el proceso de cambio en un contexto extremadamente difícil.

Tuvimos muy en cuenta, para fraguar la política de consenso, lo que había sucedido en Francia y en Italia tras la Segunda Guerra Mundial. En Francia se aprobó un primer texto constitucional, de esos que enfrentaban, prácticamente al cincuenta por ciento, a la sociedad francesa, pretendiendo dividirla entre derecha e izquierda, que la rechazó en referéndum y se tuvo que elaborar otro texto constitucional que pudiera ser aceptado por una amplia mayoría política y social, sin el muro divisorio que hubiera representado el proyecto fallido. En Italia, que observaban lo que sucedía en Francia, no quisieron basar la Constitución en la confrontación desde el primer momento y fueron buscando mayorías de consenso que permitieran el respaldo social. Finalmente, fueron constituciones de consenso las que se adoptaron para dejar atrás fascismos, totalitarismos y nacionalismos excluyentes. Exceptuando el caso de una Alemania dividida, ocupada por los vencedores, con un sector controlado desde la URSS, y los otros tres por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, cuya Ley Fundamental de Bonn, elaborada por los Aliados sin intervención de asamblea constituyente alguna, no ha querido ser Constitución hasta la reunificación, pero contando con un contenido homologable en democracia.

Olvidan, los pretendidos liquidadores de nuestro sistema constitucional, que España tiene una Constitución que ha sido también un modelo en la transición a la democracia de numerosos países de Europa del Este, hoy muchos de ellos también miembros de la Unión Europea y que también ha tenido su influencia en diversas transiciones en América Latina, cuando en estos países el “constitucionalismo bolivariano” o los populismos extremistas no hacían su agosto. Incluso en diversos lugares de Asia y África nos han tomado como modelo.

Olvidan, también, que, pese a todo, España ha ido avanzado en los índices de democracia analizados por rigurosos equipos e instituciones. The Economist la llegó a situar dentro de las 20 democracias plenas, aunque ha ido descendiendo puestos en el grupo de cabecera, dejándonos en la franja baja del mismo, a medida que los avances conseguidos se han ido poniendo en riesgo por las políticas adoptadas por gobiernos condicionados por pactos con golpistas y populistas. A pesar de ello, desde el secesionismo y desde cierto populismo izquierdista, se insiste en que continúan en ella los “tics franquistas” cuando la mayor parte de quienes ello afirman ni vivían durante el franquismo y, en los más de los casos, cuando por edad sí pudieron conocerlo, no se les recuerda en la oposición a tal régimen.

Esos desconocedores de la realidad no reconocen, por supuesto, los avances económicos y sociales que, desde los Pactos de la Moncloa, nos han situado, a lo largo de los años, precisamente por el acuerdo o consenso que generaron entre los agentes sociales, dentro de los países “apetecibles” para invertir y, sobre todo, para vivir. No respetan, por desconocimiento o pretendiendo regresar a un guerracivilismo trasnochado que puede despertar si no ponemos remedio, los acuerdos básicos que conseguimos durante la Transición. Quieren sustituir la historia por la memoria, cuando ello es imposible. Nos dicen que a la monarquía no la hemos votado, sin tener en cuenta que sí se votó en la Constitución que la introduce democráticamente, con un respaldo popular altísimo; ponen como ejemplo a Italia, donde sí hubo un referéndum sobre la monarquía, pero no dicen que en Italia no se votó la Constitución en referéndum, como si lo único importante fuera la Jefatura del Estado, pero no así el resto de las instituciones, los derechos ciudadanos o la configuración territorial. ¿Conocen, o recuerdan que, durante la Transición, el Partido Comunista declaró oficialmente en su Comité Central que “la cuestión no es si monarquía o república, sino si dictadura o democracia”? Quien los ha visto y quien los ve, a sus hipotéticos sucesores…..

También nos pretenden confundir con el hecho de que muchos de los actuales habitantes de España no votaron la Constitución y que, en consecuencia, no tienen por qué sentirse vinculados a la misma. Como si las constituciones tuvieran que ir siendo votadas, dicen, por cada generación… esa boutade, expresada por Jefferson a Madison en el contexto de la Revolución americana, ni tan siquiera fue puesta en práctica por sus autores cuando, al acceder a la presidencia, uno detrás del otro, hubieran podido hacerlo. De hecho, no se ha aplicado en ningún lugar.

En el fondo, con estas “argumentaciones”, pretenden un desmantelamiento del sistema constitucional, deslegitimándolo mediante distintas iniciativas, que convergen en la pretensión de declarar periclitado el sistema que se diseñó en la Constitución de 1978, para sustituirlo vaya Vd. a saber por qué tipo de régimen. Las iniciativas son variadas, pues van desde la reinterpretación de las normas constitucionales haciéndoles decir lo que no dicen, hasta la instauración de mecanismos informales en sustitución de las previsiones legalmente establecidas para tomar acuerdos sobre asuntos constitucionalmente relevantes, burlando a los órganos representativos para tomar decisiones en “mesas de negociación” en el extranjero con participación de pretendidos “mediadores internacionales” (alguno de ellos ha transitado de la “mesa” a la cárcel y otros parecen estar en “lista de espera”) pasando por la apelación directa a un hipotético “pueblo” que tiene que ser “consultado” sin debate racional previo. Van a querer sustituir la voluntad popular constitucionalmente requerida por la voluntad de unos pocos, en aras de sus espurias y mezquinas pretensiones.

Incluso pretenden que amnistiemos con total impunidad a los golpistas (y a su entorno) que pusieron en jaque al sistema en Cataluña quebrando todos los principios básicos de un Estado de Derecho, valor fundamental en la Unión Europea, como nos recuerda año tras año la Comisión Europea en sus Informes. Tengamos también en cuenta que, pese a las trabas internas de todo tipo que se están interponiendo, se está investigando seriamente en el Parlamento Europeo cómo se está poniendo en riesgo a la propia Unión Europea mediante los lazos que el secesionismo ha establecido con la Rusia de Putin, generando sendas alianzas con lo más nefasto para las democracias, que sobrevuelan nuestra política como espadas de Damocles sobre nuestras cabezas.

La situación internacional no ayuda, ciertamente, a estabilizar nuestra política interna y, por ende, nuestro sistema. La guerra de Ucrania, las nuevas y desconocidas alianzas con China, los conflictos en Oriente próximo o en África, la ruptura del bloque anglosajón tras el Brexit y el populismo trumpista… no nos ofrecen optimismo en estos tiempos. Los equilibrios constitucionales entre el ejecutivo y el resto de los poderes del Estado corren peligro de diluirse como azucarillo en agua si no se consigue que la teoría sobre el Estado de Derecho y su efectividad mediante la división de poderes y la independencia judicial regresen a una práctica que nunca debió de ser abandonada, fundamentada en el acuerdo transversal y el consenso político-social y económico. Tenemos que volver a reivindicar a Montesquieu y a los check and balances, a pesar de una regresión que no imaginábamos y que, quizás por ser antaño demasiado confiados, nos está ahora carcomiendo institucionalmente.

Está claro que esta Constitución debe ponerse al día, que no es lo mismo que ser liquidada o sustituida por otra. Las constituciones son normas con voluntad de permanencia, que no deben, al mismo tiempo, petrificar lo que convendría ser cambiado, tal como la mejor doctrina alemana, representada, entre otros, por Smend o Häberle, tiene establecido. Ella misma prevé que pueda ser reformada, con distintos procedimientos según la parte que se desee reformar. Pero siempre mediante amplias mayorías, buscando, con ello, la “centralidad” que presidió su adopción. Esa “centralidad” que le permitió también incorporarse a las organizaciones internacionales y europeas. Esa “centralidad” que es negada por la deslealtad constitucional de quienes quieren imponer, sin tener de su lado ni la legalidad ni la legitimidad, la ruptura del sistema democrático del que nos dotamos y al que la gran mayoría no quiere renunciar. Necesitamos retomar los consensos, la transversalidad, recuperar esa gran mayoría político-social que fue fundante del sistema. Lo necesitamos para hacer frente a los dislates, pero también porque es lo único que nos permitiría regresar a esa senda de democracia en la que la ciudadanía pueda transitar con normalidad para conseguir lo que desde siempre hemos pretendido, que no es otra cosa que la libertad y la igualdad a través del Estado de Derecho.

Aunque el Tribunal Constitucional haya declarado que nuestra democracia no es militante, nuestra Constitución sí que lo es. Nació como constitución normativa, es decir, directamente aplicable y, aunque se la pretenda transformar en nominal o semántica (en la clasificación de Loewenstein) mediante todo ese constructo de “interpretación progresista”, la mayor parte de la ciudadanía seguimos confiando, como el molinero frente a Federico II de Prusia, en que “todavía quedan jueces en Berlín”. Y a ello nos atenemos.