La aerolínea, vinculada a Venezuela, fue rescatada durante la pandemia con Ábalos como ministro de Transportes por 53 millones de euros.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido este jueves al fundador y presidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y al director ejecutivo de la misma, Roberto Roselli, en el marco de una investigación por blanqueo de capitales dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, el mismo que investigó su polémico rescate por el Gobierno de Pedro Sánchez en plena pandemia por 53 millones de euros.
La intervención policial se produjo apenas horas después de que agentes de la UDEF acudieran a la sede de la aerolínea, vinculada al régimen de Venezuela, en Madrid para registrarla. Los investigadores accedieron a documentación interna, servidores y dispositivos móviles, de los que se realizaron volcados y copias forenses con el fin de analizar comunicaciones y movimientos económicos sospechosos. Los agentes también clonaron equipos informáticos y recabaron material fiscal relacionado con la actividad de la compañía.
Pese a contar con menos del 0,1% del mercado nacional, Plus Ultra fue rescatada durante la pandemia, en 2021, por el Gobierno de Pedro Sánchez, cuando su entonces mano derecha José Luis Ábalos -hoy en prisión, acusado entre otros delitos de organización criminal-, era ministro de Transportes, por un monto de 53 millones de euros. Esta ayuda pública fue concedida por el Ejecutivo tras ser solicitada por la compañía a la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), cuyo expresidente Vicente Fernández (desde 22 de junio de 2018 a 4 de octubre de 2019), fue detenido este miércoles.
El rescate, en el que medió José Luis Rodríguez Zapatero, ya fue objeto de una investigación judicial impulsada por el mismo Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que ahora dirige nuevamente la causa. Esa primera investigación fue archivada en enero de 2023 por un mero error procesal en la prórroga de las diligencias que nada tenía que ver con el fondo del asunto. La Audiencia Provincial determinó que la instructora no podía citar a la compañía ni a sus representantes porque el plazo máximo legal de investigación de 12 meses había expirado.
No obstante, la jueza Esperanza Collazos ya concluyó en su auto que, con las pruebas disponibles, existía "una duda razonable" sobre la comisión de algún delito, y subrayó que la aprobación del rescate correspondió exclusivamente al Consejo de Ministros. La causa se ha reactivado tras la recepción de nueva documentación que la misma jueza instructora considera relevante para volver a abrir líneas de investigación
El rescate también motivó críticas políticas y la petición de una auditoría ante organismos europeos, así como un examen preliminar anunciado por la Comisión Europea para determinar si la operación se ajustó a los tratados comunitarios.
Por ahora, el procedimiento continúa bajo secreto y no han trascendido detalles sobre las imputaciones concretas. Las próximas semanas serán clave para determinar si la nueva documentación recopilada permite a la investigación avanzar hacia posibles responsabilidades penales.
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