La Audiencia ratifica la imputación por malversación a Begoña Gómez

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado los recursos de apelación presentados por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, y ha confirmado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de investigarlas por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

El juez Peinado acordó el pasado 18 de agosto imputar a Gómez y Álvarez por malversación, apoyándose en un extracto previo de la Audiencia Provincial que advertía de que "otro dato más a considerar es el de la amistad personal previa siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Gómez". Para el tribunal, esta circunstancia "podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados" dentro de "una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno".

Con esta decisión, la imputación por malversación se convierte en el quinto delito por el que se investiga a Begoña Gómez, junto a tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida e intrusismo. Cristina Álvarez figura investigada por tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación, mientras que el empresario Juan Carlos Barrabés lo está por tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

Actualmente, el instructor mantiene abiertas cuatro líneas de investigación: la presunta intermediación de Gómez en favor de Barrabés; la gestión de la cátedra y los másteres en la Complutense; la supuesta apropiación indebida del software de la cátedra; y el nombramiento y las funciones desempeñadas por Cristina Álvarez como asesora en Moncloa.

Ratifican la malversación

En el auto de este viernes, los magistrados de la Sección 23 sostienen que las conductas objeto de investigación "parecen encajar en la figura delictiva de la malversación" y señalan que en la causa "constan indicios del posible exceso en sus funciones de la asistente de la recurrente", sin que por el momento pueda alcanzarse una conclusión sobre el archivo o la continuación del procedimiento, dado que "la instrucción sigue viva".

El tribunal pone el foco en el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de la esposa del presidente del Gobierno, al considerar que "resulta dudoso" que dicho puesto recayera en "una amiga íntima" de Gómez, lo que constituiría un indicio relevante. Según los magistrados, sería la primera vez que este tipo de cargo no se atribuye a "un funcionario experto en protocolo", sino a una persona de "su máxima confianza", lo que, a su juicio, podría haberse hecho para "asegurarse del fiel cumplimiento del fin supuestamente propuesto, atendiendo a sus intereses particulares, con el consiguiente perjuicio para el patrimonio público".

En ese contexto, la Audiencia apunta que "probablemente la actividad de Álvarez podría desarrollarse durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, lo que desde luego parece excesivo, más propio de una amiga interesada en los asuntos lucrativos de la ahora recurrente, que en la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos protocolarios".

Los magistrados aclaran que no cuestionan ni el procedimiento de contratación ni la existencia de una asistente para la esposa del presidente, sino "la posible extralimitación en sus funciones, tendente a favorecer el presunto plan delictivo de la principal investigada". Precisan además que el objeto de la investigación no es valorar si la asesora cumplía o no con su trabajo, sino "determinar la desviación de sus funciones en el interés particular de ambas investigadas", entendida como una actuación destinada a "montar un entramado de beneficios personales".

Cristina Álvarez, que percibía un salario anual de 49.000 euros, fue nombrada por Presidencia del Gobierno a petición de Begoña Gómez, según declaró ante el juez. La investigación apunta a que pudo haber participado en actividades privadas vinculadas a la cátedra universitaria que codirigía Gómez en la Universidad Complutense y en contactos con empresas colaboradoras como Reale Seguros, Deloitte o Google.

En esta misma línea de investigación figuraba inicialmente como imputado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, aunque la Audiencia instó al juez a retirarle dicha condición al considerar que su imputación se apoyaba en "meras suposiciones". El magistrado había atribuido a Martín un posible delito de malversación por su presunta participación en el nombramiento de Álvarez, al ser en 2021 su superior jerárquico, extremo que finalmente ha quedado descartado.